Venezuela

Chavismo avanza en ofensiva para intervenir al menos 62 ONG que trabajan en Venezuela

Las primeras ONG que serán intervenidas y fiscalizadas con la ley en ciernes están dedicadas a fomentar derechos electorales, humanos y políticos. Diosdado Cabello apuntó a Súmate, Provea, Futuro Presente, Instituto Parlamentario Fermín Toro y Más Ciudadanos, en la lista del paredón.

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ONG

El régimen chavista, a través de la oficialista Asamblea Nacional, avanzó hoy en vieja amenaza contra la sociedad civil y se apresta a proscribir a importantes Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que trabajan por la defensa de los derechos humanos, electorales, políticos y sociales de los venezolanos. Acusa a estas organizaciones de recibir fondos de enemigos extranjeros y atentar contra la llamada revolución bolivariana.

Este lunes la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una ley que regulará el funcionamiento de estas entidades a las que el régimen acusa de servir a intereses extranjeros y de gobiernos adversarios como el de Estados Unidos.

En sus primeras declaraciones y exposiciones en la Asamblea Nacional, los portavoces del chavismo hablaron de una lista que incluye 62 ONG que están de primeras en la mira para someterlas a fiscalización e intervención porque están acusadas de operar con fines políticos y de recibir financiamiento extranjero.

Entre ellas mencionaron a Provea, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos desde hace unos 30 años y cuyo trabajo ha sido ampliamente reconocido por entidades y gobiernos extranjeros.

La iniciativa recuerda a prohibiciones y controles aplicados ya por otros gobiernos autoritarios como los de Nicaragua, Cuba y Rusia.

Lo que NO se podrá

  • Las ONG tendrán prohibido en todo el territorio nacional:
  • Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos
  • Realizar actividades políticas
  • «Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República».
  • Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana.

Si una ONG comete la omisión de no notificar donaciones, será castigada con la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida, «sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar, en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, si fuese el caso».

«La autoridad competente, habida noticia de lo ocurrido, podrá tomar las medidas administrativas proporcionales y adecuadas contra la Organización No Gubernamental, mediante la apertura de un procedimiento administrativo que podrá implicar la suspensión de actividades, así como la disolución de oficio de la organización en cuestión».

«En caso de que uno de estos supuestos se configure y se trate de un delito de conformidad con la legislación de la República, tras la determinación judicial de su ocurrencia mediante sentencia definitivamente firme, podrá ordenar el tribunal competente la disolución de la Organización No Gubernamental. Pudiendo durante el curso del proceso dictar las medidas cautelares que estime convenientes para evitar la continuación del delito», agrega.

Pero el texto no deja claro qué considera «actividades políticas», ni qué es «atentar contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República», lo que deja espacio para interpretaciones discrecionales de funcionarios y autoridades investidas de poder legal.

Desde este punto de vista, ¿una ONG que acuse a la policía o a los militares de cometer ejecuciones extrajudiciales podría teóricamente ser acusada de mancillar el honor de la fuerza pública y atentar contra la institución armada?, es una de las preguntas que quedan en el aire.

El proyecto de ley lleva la impronta del capitán y político Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hasta hace poco tiempo considerado «el número dos» en la compleja jerarquía de la nomenclatura chavista.

«Comenzaron con fines sociales, humanitarios, pero hoy las ONGs que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización en nuestro país», afirmó Cabello, máximo representante del ala radical del régimen que gobierna a Venezuela con mano dura desde hace más de dos décadas.

Las primeras ONG al paredón

Por lo pronto tienen en la mira a 62 ONG, a las que Cabello acusó de operar «con fines absolutamente políticos» y de recibir financiamiento de Estados Unidos.

La «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines» será sometida a consultas y discusiones dentro de la estructura del chavismo antes de que sea aprobada de manera definitiva por la Asamblea Nacional (Congreso).

Este apéndice del gobierno de Nicolás Maduro es dominado por completo por el régimen desde 2020, cuando terminó el período del anterior legislativo, el que fue electo en 2015 y cuyos poderes fueron suprimidos por el ejecutivo gradualmente en una especie de fujimorazo por cuotas.

El trabajo de las más importantes ONG que operan en Venezuela y de sus principales gerentes ha sido reconocido por entidades internacionales de defensa de los derechos humanos y por gobiernos europeos y americanos. La gran parte de ellas incluso trabaja de la mano con entidades internacionales como dependencias de la ONU y se dedican a labores como lucha contra el hambre, protección de derechos sociales, educativos, electorales y económicos y protección del medio ambiente.

«Detrás de una ONG hay caras, partidos políticos, lo demás es una absoluta hipocresía. Estoy seguro que si nosotros revisamos los nombres de quienes están detrás de esas fachadas llamadas (ONG) viven a cuerpo de reyes porque se la pasan viajando por el mundo», dijo Diosdado Cabello.

«Las ONG de Venezuela no dependen del Gobierno Bolivariano, dependen del gobierno de Estados Unidos. Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero», dijo Cabello.

Según una versión del proyecto que circuló entre los diputados este martes 24 de enero en la sede de la Asamblea Nacional, la ley regulará a «las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras», que desarrollen actividades en Venezuela, que adquieran por la vía jurídica o de hecho, la forma de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro.

Se establece para las ONG «un sistema uniforme para su creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo, así como para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento».

Cabello afirmó que en el pasado las corporaciones mediáticas hacían el papel que él atribuye hoy a las ONG, «pero ahora con la proliferación de las redes (ese poder mediático) fue desplazado a un lado, necesitan gente que siga con la conspiración. Los grandes medios quedaron para otras cosas», dijo.

«Si usted es una ONG real que se dedica a la labor social y humanitaria ¿Usted tiene algo que temer?, no, usted puede registrarse, pueden revisar su financiación, su financiamiento el día que quieran, pueden hacerle seguimiento, fiscalización sin ningún tipo de inconveniente porque usted no la debe», remarcó Cabello.

El texto del proyecto afirma que el Estado «promoverá la organización civil como una forma legitima de participación que podrá crearse en cualquier nivel».

«De manera expresa, se favorecerán formas de organización popular comunitaria y comunal que busque participar en la solución de los problemas locales, así como en la garantía de los derechos humanos», dice.

Esto supone una estrategia adicional para ir cooptando espacios que hoy ocupan algunas ONG, utilizando nuevas organizaciones afines al régimen chavista.

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