En un país afecto al olvido sin perdón, a la desmemoria y la impunidad, un grupo de familiares de las víctimas de la represión levantó sus voces apremiantes este 27 de abril para denunciar varios casos de asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, ejecutados por funcionarios del Estado venezolano en nombre del régimen chavista militar cívico que hoy encabeza Nicolás Maduro.
En un emotivo acto en el paraninfo de la Universidad Metropolitana (Unimet), en el este de Caracas, varios testimonios en primera persona narraron hechos ocurridos especialmente en 2017, cuando se desató una ola represiva contra las manifestaciones civiles que durante cinco meses continuos mantuvieron en zozobra al régimen de Nicolás Maduro.
El evento Memoria en Voces se define como «una actividad de cierre del Programa Transforma, iniciativa para la formación de agentes de cambio y construcción de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela».
Pero también hay denuncias de casos posteriores, hasta 2022, de presos políticos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, procesos sin fórmula de juicio, atropellos, negación de acceso a la justicia y amenazas a familias enteras.
Los testimonios fueron presentados en persona y a través de videos, en los que las familiares de las víctimas piden a la Corte Penal Internacional justicia, en vista de la imposibilidad de encontrarla en Venezuela.
«Teníamos dos opciones: o sumirnos en el dolor y dejar que la desesperanza, la incertidumbre y la depresión nos ganara o transformar ese dolor en acción y continuar con los sueños y los ideales de nuestros hijos», dijo José Gregorio Pernalete, cuyo hijo, Juan Pablo Pernalete, fue asesinado con una bomba lacrimógena que le disparó a quemarropa un agente de la Guardia Nacional Bolivariana en 2017.
José Gregorio Pernalete y su esposa Elvira participaron en el homenaje a su hijo, en el sexto aniversario de este asesinato, uno de los más bárbaros cometidos por agentes del Estado en ese año de protestas, sobre todo por la manipulación que pretendieron hacer los funcionarios del gobierno, que llegaron a culpar a los propios estudiantes del asesinato de su compañero de protestas y de estudios.
Pernalete se convirtió en un mártir y símbolo de una generación de jóvenes manifestantes.
El homenaje a Juan Pablo Pernalete, estudiante de la Unimet, además se hizo en el marco de la entrega de certificados a los participantes del Programa Transforma, que forma a nuevos defensores de los derechos humanos, la mayoría de ellos familiares y amigos de víctimas del terrorismo de Estado.
«Con el Programa Transforma hemos aprendido a exigir y defender nuestros derechos y defender a otras personas vulnerables por el desconocimiento de estos derechos», dijo José Gregorio Pernalete.
«Aprendimos a levantar nuestras voces y las voces silenciadas en esos momentos de nuestros hijos y familiares….Tuvimos que tomar decisiones muy importantes…la principal es el amor, el combustible que nos levanta cada mañana para exigir justicia, la segunda es el coraje», dijo en su testimonio ante un auditorio conmovido.
Victoria Capriles, directora ejecutiva de la Dirección de Derechos Humanos de la Unimet:
«Hace seis años me arrebataron el sueño de ver en este paraninfo graduarse a mi hijo Juan Pablo Pernalete», dijo su madre Elvira, sobre este carismático líder que había ganado una beca para estudiar en la Unimet gracias a su excelencia como basquetbolista.
«Después de su asesinato, hemos seguido viniendo porque en esta Universidad nunca se han olvidado de él…Parte de nuestro hijo vive en esta comunidad universitaria… Nosotros siempre seremos los padres de Juan Pablo Pernalete, ese maravilloso joven soñador que nos entregó un testigo de una misión que había que seguir adelante…será nuestro orgullo y por él nos seguimos levantando cada día a luchar por esa Venezuela bonita que él soñaba… esta vez no estoy dispuesta a perder», dijo su madre, Elvira.
En este acto participaron representantes de 70 familias venezolanas «que a pesar de no conocerse tienen los mismos ideales de libertad y democracia», dijo Elvira Pernalete.
«Hoy somos una alianza de alianza, una hermandad que continúa construyendo, apostando por el país que Juan Pablo deseaba. Seguimos con la misma dignidad y coraje de los cientos de venezolanos que salieron a las calles a defender sus sueños y sus ideales, jóvenes en su mayoría, que con tan corta edad y a pesar de conocer otro sistema de gobierno, sentían que debían salir a defender a sus hermanos».
Elvira Pernalete
«Tomaron la lucha de la cual ellos no eran responsables y decidieron estar al frente de esa multitud de ciudadanos que solo querian ser escuchados… pero lejos de ser escuchados fueron encarcelados, torturados, asesinados, violados todos sus derechos fundamentales...En 2017 quedó regada la sangre de nuestros hijos en el asfalto, sangre que aún sigue en esas calles clamando justicia, derechos y libertades…como venezolanos jamás volveremos a ser los mismos desde ese año».
«Hoy nos une la memoria y nuestra historia política ha tratado de borrar, de olvidar los sucesos que nos han marcado como sociedad y nunca se han otorgado ni las reparaciones ni las garantías de no repetición a las víctimas ni a sus familias. No queda duda de que el Estado venezolano tiene una enorme deuda histórica con la construcción de la memoria», dijo Victoria Capriles, directora ejecutiva de la Dirección de Derechos Humanos de la Unimet.
«La política del olvido, del borrón y cuenta nueva ha puesto sobre las víctimas, sus familias y la sociedad civil la tarea de mantener la memoria. A través de comités de víctimas, de organizaciones y expresiones artísticas y culturales hemos asumido el rol de ser la memoria», dijo al recordar excesos también cometidos antes de la llegada del chavismo, como en las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, así como durante la era de la democracia, con el uso excesivo de la fuerza en los casos como la masacre de El Amparo (cuando el ejército asesinó a 14 pescadores y los hizo pasar por guerrilleros) y la represión a los sucesos del 27 de febrero de 1989, durante El Caracazo.
«Desde 1999 la impunidad como política de Estado se ha profundizado, la pérdida de instituciones y las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos se han convertido en una cotidianidad».
Victoria Capriles, Unimet
«En la última década nos encontramos frete a una ola represiva sin precedentes. Desde 2014 tuvimos decenas de fallecidos, centenares de heridos y casi 2.500 personas sometidas a juicios penales, la mayoría estudiantes apresados en protestas. Todas estas historias nos unen en la tarea de luchar contra la impunidad, la injusticia y la falta de memoria», agregó Capriles.
«En 2017, el Plan Zamora 2000 y el Plan Guaicaipuro institucionalizaron la represión masiva con 133 personas asesinadas, cuatro mil heridas y más de cinco mil arbitrariamente detenidas, de acuerdo con las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», recordó.
Solamente en la comunidad de la Universidad Metropolita se estiman que hubo más de 100 lesionados en la represión a las protestas, dijo al mencionar casos documentados de varios estudiantes heridos.
«El día de hoy es un homenaje a Juan Pablo y a todas las demás víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Que el día de hoy sirva para mantener viva la lucha de sus familiares, que el día de hoy sea un llamado a que, llegado el momento, el proceso de transición venezolano obligatoriamente respete la memoria histórica del país».
Victoria Capriles, Unimet
«Crear y preservar esa memoria tiene un rol en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición que deberá ser parte de nuestros pilares educativos, sociales y sobre todo de políticas públicas. Sin memoria no podemos lograr que el tejido social se recupere ni que se genere confianza en las instituciones estatales, y no podremos construir la sociedad pluralista pacifica, inclusiva y democrática que nos merecemos. Las víctimas y sus familiares deben tener una voz central en el proceso de reconocimiento de nuestra dolorosa historia, escuchemos hoy y siempre sus voces», dijo Capriles en su intervención.
Durante el acto varias personas presentaron sus testimonios, muchos de ellos llevados a varias instancias incluyendo la Corte Penal Internacional (CPI) y Naciones Unidas.
«Sigo luchando por libertad y justicia y ante nadie me voy a doblegar», dijo Franklin Caldera, de Familia SOS Libertad, quien denuncia el caso de su hijo Franklin Caldera Martínez, primer teniente del Ejército encarcelado por oponerse a la explotación y sustracción de oro en yacimientos del arco minero, junto con el pueblo indígena pemón, según dijo el padre.
Denunció que su hijo fue secuestrado en territorio colombiano por agentes del Digecim (Dirección General de Inteligencia Militar) que actuaron acompañados por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) principal grupo guerrillero de Colombia, con operaciones en Venezuela.
Su hijo sufrió golpes, torturas, descargas eléctricas, un disparo en una rodilla y amenazas de que serían asesinada su madre, su padre y su hermanos si no delataba a compañeros, afirmó.
«Todos los venezolanos somos víctimas», dijo Caldera, cuya voz ha llevado a instancias internacionales y quien se manifiesta amenazado constantemente por agentes del gobierno.
«Han pasado más de cinco años y la agotadora búsqueda de justicia en Venezuela ni siquiera me ha permitido llorar el asesinato de mi hijo», dijo el abogado Yeimber Machado, coordinador de la ONG Programa Transforma al citar a la señora Ivonne Parra, madre de una de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y hoy activista de la iniciativa Madres Poderosas.
En un video con testimonios de familiares de las víctimas, Para cuenta el asesinato extrajudical de su hijo, cuando éste se encontraba dentro de su propia casa y entró un comando policial después de violentar la puerta.
«Lo mandaron a vestir y comenzaron a revisar la casa su cinco funcionarios. Me sacaron de mi casa como a una niña y me asesinaron a mi hijo dentro de mi casa…mi hijo fue ejecutado dentro de su casa», cuenta entre sollozos.
«La coordinación jurídica de Transforma ha tenido un objetivo claro: identificar patrones de conductas en la estructura del Estado Venezolano para cometer graves violaciones a los derechos humanos. Así, en la identificación de casos individuales de los 70 beneficiaros de este programa, así como de 25 atendidos por la coordinación, hemos logrado apreciar que ninguno de esos casos han sido hechos aislados, sino por el contrario encuadran dentro del patrón dentro de la política del Estado venezolano para cometer esas graves violaciones», dijo Machado en su intervención.
En los casos de asesinatos extra judiciales, de 30 casos que lleva esta ONG, solo tres han tenido sentencia condenatoria contra autores materiales, pero no se ha avanzado en la cadena de mando mucho menos en reparación de las víctimas o una garantía de no repetición, señaló Machado.
«Hace falta una justicia verdadera», dijo al explicar que en los otros casos de ejecuciones extrajudiciales los funcionarios siguen en el ejercicio de sus funciones y mas bien algunos han sido premiados y promovidos en sus cargos.
«Esto solo significa una cosa: el camino continúa, la lucha continúa. Hoy día que tenemos mas apoyo de la comunidad internacional, es fundamental que nosotros sigamos denunciando y sigamos documentando».
Yeimber Machado, abogado, Programa Transforma ONG
«Es importante que la sociedad civil siga exigiendo a las autoridades venezolanas que hagan justicia porque ese sigue siendo un requisito importante a la hora de denunciar un caso a un organismo internacional», destacó Machado.
«Aún cuando hemos avanzado en este arduo camino, considero importante que ese avance ha sido gracias a las víctimas que hoy reciben su certificado y se gradúan como defensores de los derechos Humanos», completó.
El padre del joven Juan Pablo Pernalete que murió hace un año por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante las manifestaciones opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro presentó este 26 de abril una demanda contra Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en una entrevista con José Vicente Rangel para Televen, expresó que la consecuencia de las protestas opositoras “son muchachos como los que le quitaron una moto a un guardia nacional y se quemaron ellos mismos”.
Corte Penal Internacional publica estremecedores testimonios de víctimas de la represión durante estos años de terrorismo de Estado en Venezuela, en medio del proceso contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Son más de 1.746 denuncias documentadas.
