Inédito estudio del Observatorio Venezolano de la Violencia revela que pagar coimas es una práctica admitida por personas que intentaban hacer una gestión legal, que debe prestar el Gobierno gratuitamente.
El estudio se basa en una encuesta de hogares llevada a cabo por la organización civil Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) que le pone números a una práctica común en la sociedad: el 23% de la población admite haber pagado dinero para lograr algún trámite “que debe prestar el Gobierno”. La cifra apunta a ser mayor.
Para el director de esa entidad, el sociólogo Roberto Briceño León, se trata de esquemas de extorsión generalizada, tan extendidos que llegarían a conformar lo que describió como un “Estado paralelo”.
“Es un Estado en las sombras. Hay una privatización de hecho de los servicios que debería prestar el Gobierno. Esa extorsión es lo que garantiza que el Estado siga en funcionamiento”.
Roberto Briceño León
Briceño intervino como ponente en el evento Prospectiva, correspondiente al segundo semestre del año, organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) de la Universidad Católica Andrés Bello, ahora rebautizado con el nombre agregado de Padre José Virtuoso, el sacerdote jesuita fallecido en 2022 y que fue rector por 10 años de esta casa de estudios, la más importante del país.
En entrevista con El Estímulo para ampliar detalles sobre su exposición, Briceño León explica que esta información fue levantada durante un trabajo de campo efectuado entre los meses de agosto y septiembre en mil hogares del país.
Recordó que la extorsión a manos de funcionarios públicos se hace más patente en los estados agrícolas y fronterizos, donde los transportistas y trabajadores del campo saben que si desean llevar sus productos a los centros de consumo “deben dejar algo” en cada una de las alcabalas que se consiguen en la carretera.
Es el caso, por ejemplo, de los transportistas de hortalizas de La Grita. Uno de los representantes de estos trabajadores, Robert Maldonado, explicó que los llamados “ferieros” han dispuesto de bolsas de alimentos en la parte trasera de sus respectivos camiones, de manera que los militares y policías las tomen sin necesidad de obligarlos a sacar toda la carga, lo que evita más retardos en los tiempos de entrega de la mercancía.
“Pero esto sucede en todo el país. Por ejemplo, no hay registro público que no cobre bajo la mesa para hacer las protocolizaciones (…) Desde luego, hay cierta complicidad con quienes aceptan esto. Hay gente que siente hasta cierta solidaridad con las personas que les cobran, pues dicen que son unos pobres trabajadores que no ganan nada”.
Roberto Briceño León
La encuesta del OVV midió diversos tópicos relacionados con la victimización y el ejercicio de la ciudadanía. En lo relativo a la extorsión, el sociólogo aclaró que resulta muy difícil hacer una proyección sobre el porcentaje real de personas extorsionadas. Afirmó que en todo caso es mayor que un cuarto de la población.
El problema de fondo, según Briceño, es que las personas no tienen conocimiento cabal de cómo son las estructuras de extorsión.
“La alcabala en la carretera puede ser lo más visible. Pero detrás hay toda una dinámica. La gente no lo asume como extorsión, a pesar de que claramente se trata de un delito”.
En otros casos, los agricultores han intentado combatir a las estructuras de extorsión mediante la organización gremial.
“En algunas entrevistas llegaron a decirnos que las sardinas no se consiguen en Caracas porque las usan para pagar el paso por las alcabalas”, sostiene Briceño León.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana, llevada a cabo en 2009 por mandato del gobierno chavista, reveló que durante el año anterior habían sido extorsionadas 15.614 personas. De ellas, el 79% no formuló denuncia ante las autoridades competentes. Una de las razones es la creencia de que estos cuerpos también formaban parte de las estructuras extorsivas.
Según Briceño, la extorsión generalizada se inscribe dentro de un proceso más amplio de gestión de los servicios públicos. Según el director del OVV, es el reflejo de un Estado en el que sus empleados utilizan sus atribuciones para obtener ganancias personales.
“El Estado se ha privatizado, pero para caer en manos de los propios funcionarios, no para ser manejado por alguna empresa (…) Hay una tercerización informal”.
Esta situación se puede apreciar en ciudades del interior del país, donde “las actuaciones policiales, tanto legales como ilegales, se concentran en la protección a las empresas”.
En La Guaira, por ejemplo, es común ver a policías uniformados que actúan como serenos en farmacias, panaderías y automercados. Se sientan en el interior de los locales, y ocasionalmente revisan las bolsas que sacan los compradores.
Briceño observó que este sistema ha adquirido tal magnitud que algunos empleados públicos han encontrado motivos para permanecer en la estructura del Estado, a pesar de los magros salarios. Del otro lado, indicó, hay sectores de la ciudadanía que “sienten alivio”, debido a que estos mecanismos les permiten acceder a bienes y servicios que anteriormente no estaban a su alcance.
El riesgo, indicó, es que la extorsión se normalice, ante el “aval y la permisividad” de los sectores oficiales.
Durante su conferencia en este foro semestral de prospectivas, Briceño León, quien también es director del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), abundó sobre los escenarios sociales.
A raíz de la crisis generada por las políticas oficiales, surgió el “emprendurismo”, que no es otra cosa que la respuesta de la población a la falta de oportunidades. El empleo público se volvió superfluo y solo sirve para obtener cosas diferentes del sueldo: contactos, protección y conexiones. El impulso del emprendurismo fomenta la autonomía individual y tiene un efecto liberador, explica.
«Se observa, asimismo, una tensa calma en la población que la separa emocionalmente de las políticas y mensajes del gobierno. Existe incertidumbre con respecto a la gasolina y la electricidad, resignación ante las carencias en los servicios públicos, especialmente en los de salud. Pero detrás de esa resignación se esconde una indignación callada, soterrada», señala la reseña de la ponencia de Briceño León, hecha por los servicios de prensa del CEPyG.
La gente quiere cambios específicos y sectoriales. “La población busca actuar con cordura, lo que contrasta con la actitud inquieta y la búsqueda de enfrentamiento del chavismo y del gobierno” y es posible que estemos a las puertas de un nuevo conflicto», agrega el experto.
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