Con 23 votos a favor se aprobó la resolución que establece la renovación de los mandatos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mecanismo que seguirá investigando las violaciones a derechos fundamentales en el país. Sólo 6 países estuvieron en contra
Este 11 de octubre en el marco del 57° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, fue aprobada con 23 votos a favor la resolución que establece la renovación de los mandatos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
Esta resolución fue presentada ante el Consejo por Canadá, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay y solicita al Alto Comisionado que presente cuatro actualizaciones orales y dos informes detallados sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en los períodos de sesiones de los próximos dos años.
Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Chequia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, Montenegro, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Ucrania también acompañaron la presentación de la resolución sobre los mandatos.
La resolución decide prorrogar por un período de dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela, para que pueda continuar investigando violaciones graves de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidos los que entrañan violencia sexual y de género, con miras a combatir la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas de los perpetradores y justicia para las víctimas.
También solicita a la misión que presente al Consejo de Derechos Humanos dos actualizaciones orales y dos informes escritos sobre sus conclusiones y recomendaciones en los períodos de sesiones de los próximos dos años.
La aprobación de esta resolución es crucial dada la grave crisis política y económica que enfrenta Venezuela. Desde 2019, la Misión y el Alto Comisionado han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos, que van desde ejecuciones extrajudiciales y torturas hasta detenciones arbitrarias.
La renovación de sus mandatos permite que este trabajo vital continúe, proporcionando un marco para la recopilación de pruebas y testimonios que son esenciales para cualquier futuro proceso de justicia, tanto a nivel nacional como internacional.
De acuerdo al abogado Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, la aprobación se da con la mayor cantidad de votos -23- desde la creación de la Misión de Determinación y con apenas 6 votos en contra.
Algeria, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam fueron los únicos países que votaron «no». Hubo 18 abstenciones, entre ellas las de Brasil y Honduras.
Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y dirigentes políticos han manifestado la importancia de esta renovación para la justicia y para las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado han sido parte de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos; incluso la Misión ha señalado que estas violaciones son parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
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