El informe "Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que al menos 10 de las muertes son atribuibles a cuerpos de seguridad del Estado
El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo ocurrido en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio recoge, entre muchas otras denuncias, los casos de asesinatos ocurridos en el marco de la represión a las protestas ocurridas tras el anuncio oficial de los resultados “oficiales”.
“Entre el 28 y el 30 de julio se registraron graves denuncias de abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones. La violencia resultó en la muerte de al menos 25 personas, todos hombres entre 15 y 56 años”, dice el documento divulgado el martes 7 de enero citando a su vez al informe de la Misión de Determinación de Hechos.
La lista de víctimas mortales –“en su mayoría como consecuencia del uso arbitrario de la fuerza por parte del Estado o de grupos paraestatales”- que recoge la Comisión en Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral es la siguiente:
El seguimiento de los hechos y denuncias le permite a la CIDH establecer que “10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales. De estas, ocho a fuerzas militares y dos a la policía. Seis de las muertes serían atribuibles a los ‘colectivos’, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado, e, inclusive, están incorporados legalmente en el ‘Sistema Popular de Protección para la Paz’. Dos de los casos serían atribuibles a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales. En los otros casos no se cuenta con información sobre el perfil de los presuntos responsables”.
“La información documental y testimonial permite concluir que todas las víctimas murieron por arma de fuego”, señala el informe de la CIDH: “Siete con disparos en el cuello, cinco en tórax, cuatro en la cabeza, tres en la espalda, dos en el abdomen, y tres en otras partes del cuerpo. La trayectoria de los proyectiles permite concluir que las armas fueron disparadas con intencionalidad letal”.
El documento llama la atención sobre un cambio en el patrón socioeconómico de los manifestantes con respecto a años anteriores de alta conflictividad como 2014 y 2017: “Las protestas registradas los días 28, 29 y 30 de julio se desarrollaron principalmente en barrios populares y estuvieron protagonizadas por hombres jóvenes en situación de pobreza. Información documentada por la Misión Internacional Independiente indica que varias de las personas que fallecieron durante estos días trabajaban de obreros, mototaxistas, barberos y pequeños comerciantes. De otra parte, los 8 incidentes mortales ocurridos en Caracas ocurrieron en parroquias periféricas como el Valle; Sucre; San Juan; Antímano y Macarao”.
De aquí se desprende una conclusion posible: “Este cambio de perfil de lugar y de manifestantes podría sugerir que el régimen perdió apoyo en bases sociales donde tradicionalmente lo tenía”.
¿Se han establecido las responsabilidades de estos asesinatos?
La CIDH reseña en el documento que el 19 de agosto, el fiscal general señaló en una entrevista que María Corina Machado y Edmundo González podrían ser los “autores intelectuales” de los hechos. El 21 de agosto el mismo Tarek William señaló como responsables de todas las muertes a los “comanditos”, las organizaciones electorales de la oposición a los que calificó de “grupos delincuenciales” y aseguró que en el Ministerio Público no había denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Los datos de la CIDH dicen otra cosa.
“La CIDH ha podido constatar que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal por parte de grupos ‘colectivos’, incorporados legalmente en el ‘Sistema Popular de Protección para la Paz’. Ello pudo ser cotejado con la información recibida a través audiencias públicas, reuniones con organizaciones sociales y testimonios individuales”, se lee en el informe.
Y apunta otro punto revelador: “A la fecha de elaboración de este informe, las autoridades no han publicado información sobre el contexto en el que ocurrieron las muertes, los avances en las investigaciones o los elementos probatorios que permitirían responsabilizar de los hechos a dirigentes opositores. La falta de una investigación diligente por estos hechos corrobora la falta de independencia del Ministerio Público, así como la instrumentalización de los grupos colectivos”.
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