¿Qué dice el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre desapariciones forzadas en Venezuela?

A partir del análisis de 15 casos específicos, un reciente informe especial de Amnistía Internacional pone el foco en las desapariciones forzadas en Venezuela. La reconocida entidad global no solo documenta la gravedad de estas violaciones, sino que también destaca el impacto devastador en las víctimas, sus familias y la sociedad venezolana en general, en un contexto de represión estatal intensificada tras los comicios presidenciales del año pasado.

Este informe se titula “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, y tomó casos ocurridos entre 28 de julio de 2024 y el 15 de junio último.

Un patrón sistemático de represión

Amnistía Internacional señala en el documento que las autoridades venezolanas han utilizado las desapariciones forzadas como una herramienta usual dentro de una política de represión dirigida contra disidentes políticos, activistas, periodistas y ciudadanos percibidos como opositores al gobierno.

Esta práctica, según la organización, no es un fenómeno aislado. Forma parte de un ataque «generalizado y sistemático» contra la población civil, lo que cumple con los criterios establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) para clasificar estas acciones como crímenes de lesa humanidad.

La organización detalla que, tras las elecciones presidenciales de 2024, se registró un «aumento drástico» de detenciones arbitrarias, muchas de las cuales derivaron en desapariciones forzadas, especialmente de corta duración. Estas detenciones, ejecutadas sin órdenes judiciales ni base legal, se llevaron a cabo principalmente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

En su mayoría, las víctimas fueron incomunicadas, negándoseles acceso a asistencia legal o información sobre su paradero, lo que generó una incertidumbre angustiante para sus familias.

A partir de 15 casos específicos, este informe especial ilustra el modus operandi de estas desapariciones. Entre las víctimas se encuentran figuras conocidas como Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta y dirigente opositor; Rory Branker, periodista del portal “La Patilla”; y Eduardo Torres, quien es parte de Provea, la más antigua ONG activa del país en el campo de los derechos humanos.

De los 15 casos, 11 personas permanecen desaparecidas, mientras que solo se ha confirmado el paradero de cuatro: Alfredo Díaz (desaparecido por cuatro días), Eduardo Torres (ocho días), y Rosa Chirinos y Raymar Pérez (cuatro meses).

Desaparición forzada: «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley»

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas (CPED)

Amnistía Internacional destaca que estas desapariciones no solo violan el derecho a la libertad, sino también otros derechos fundamentales, como la seguridad, la integridad personal y el acceso a la justicia.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló este 15 de julio al presentar el informe que “la desaparición forzada implica no tener información alguna sobre el destino de una persona, ni siquiera saber si sigue con vida, lo cual genera un daño irreparable tanto para ella como para sus seres queridos, quienes enfrentan una incertidumbre insoportable y un dolor constante”.

Llamado a la acción internacional

A propósito de este documentado informe, Amnistía Internacional hizo un llamado a la comunidad internacional y a la CPI para que actúen frente a esta crisis. La organización insta a la Fiscalía de la CPI, que desde 2018 investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a incluir explícitamente el delito de desaparición forzada en su pesquisa.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, desde Londres enfatizó: “Ante la incesante comisión de crímenes de derecho internacional y una imperante impunidad en el país, llamamos a la Fiscalía de la CPI a avanzar de manera firme sobre la situación en Venezuela”. También exhortó a los Estados a ejercer la jurisdicción universal para investigar y procesar a los responsables, incluyendo a las más altas figuras del gobierno y del sistema judicial que han facilitado estas prácticas. Hasta ahora sólo la justicia argentina ha invocado la jurisdicción universal y abrió investigaciones sobre la represión en Venezuela.

La desaparición forzada, según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, se define como la privación de libertad por agentes del Estado o con su complicidad, seguida de la negativa a reconocer dicha detención o a informar sobre el paradero de la persona, sustrayéndola de la protección de la ley.

Este es un crimen que no requiere un lapso mínimo de tiempo para ser considerado como tal, genera responsabilidad penal individual y no prescribe.