#5Ene: liberan a 12 de los 14 periodistas detenidos y uno fue deportado

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que hoy, 5 de enero, al menos 14 periodistas fueron detenidos por funcionarios militares del gobierno de Delcy Rodríguez. A las 7:13 pm, 12 habían sido liberados y uno de ellos deportado. Dos permanecen en condición de desaparición y detención forzada.

#AHORA | Hasta este momento han sido liberados 12 de los 14 trabajadores de la prensa detenidos durante la jornada de este #5Ene, uno de ellos fue deportado.

Aún esperamos la liberación de dos compañeros que fueron detenidos por la Dgcim.

— SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

Según el SNTP, 13 son corresponsales y uno de medios nacionales.

#AHORA | 6:30 pm de hoy #5Ene confirmamos la liberación de cinco de los periodistas detenidos durante la cobertura de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. Fueron detenidos por el Sebin. Otros cinco siguen presos o desaparecidos, sin que sus familiares ni las…

— SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

Para los representantes sindicales, la situación de algunos de ellos es de «desaparición forzosa» pues no se sabe dónde están recluidos y no pueden ser contactados por familiares ni abogados. Otros sí están siendo asistidos, incluso por los consulados de sus países.

«En la instalación del período de sesiones en la Asamblea Nacional, se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos. Allí, al menos tres fueron detenidos por la Dgcim, trasladados al comando de la Guardia Nacional dentro del Palacio Legislativo y, como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos en la nube», dice el comunicado.

Uno de los que fue detenido y posteriormente liberado fue Daniel Álvarez, reportero de Televen, a quien los funcionarios le quitaron el teléfono y se lo llevaron para revisarlo.

«Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico», apuntó el Sindicato de la Prensa.