El petróleo venezolano de Gómez a Pérez Jiménez

En el período entre julio y agosto de 1975, cuando el Congreso venezolano debatía el proyecto de ley que reservaría al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, el jesuita Fernando Martínez Galdeano publicó en la revista SIC, del Centro Gumilla, un artículo que iba más allá de la técnica o de las cifras de producción. Parece conveniente volver sobre esta historia cuando el 50,2% de los consultados por Atlas Intel considera que Estados Unidos obtendrá mayores ventajas que Venezuela con el reciente acuerdo. Solo el 9,6% cree que Venezuela saldrá más favorecida y el 27,7% espera beneficios equivalentes.

El artículo de 1975 se titulaba El por qué y el cómo de la nacionalización petrolera importada y sostenía que el problema de fondo no era solo económico. Era político y mental: la disposición histórica de ciertos gobiernos a entregar el recurso en condiciones que privilegian al capital extranjero. Martínez Galdeano, director de SIC entre 1970 y 1976, leía esa disposición con especial claridad en los períodos dictatoriales. Según su análisis, ni Juan Vicente Gómez ni Marcos Pérez Jiménez administraron el petróleo como un bien colectivo. Lo administraron como una ofrenda.

La expansión moderna y a gran escala de la explotación petrolera en territorio venezolano comienza durante la dictadura de Gómez, quien asumió el poder el 19 de diciembre de 1908. El modelo, en teoría, favorecía a capitales venezolanos, pero en la práctica le dio a allegados del dictador amplias facultades para beneficiarse de las decisiones oficiales y luego rápidamente vender a firmas extranjeras.

La primera concesión Valladares, de julio de 1910, se transfirió en cuatro días a la New York and Bermúdez Company, filial de la General Asphalt. La segunda, de enero de 1912, fue aún más escandalosa: 27 millones de hectáreas que cubrían buena parte del territorio, entregadas al mismo apoderado y traspasadas dos días después a la Caribbean Petroleum, creada expresamente para manejar los activos venezolanos. Un año más tarde la anglo-británica Shell adquirió el 51 por ciento.

Gómez no se limitó a firmar papeles. Cuando la primera ley específica de 1920 recibió cuestionamientos de las empresas, el Congreso aprobó otra en 1921. Aun así, las compañías alegaron que no ofrecía suficientes alicientes.

Entonces, según el relato que Clarence Horn publicó en Fortune y que el artículo reproduce, Gómez llamó a los representantes de las firmas y les dijo:«Ustedes saben de petróleo. Hagan ustedes las leyes. Nosotros somos novatos en eso«.

Un abogado de las compañías, Rafael Hidalgo Hernández, redactó la tercera ley, aprobada el 3 de junio de 1922. Edwin Lieuwen la describe como una disposición «liberal, clara, sencilla y eficaz»: cánones y arrendamientos bajos, ninguna regla sobre perforación, derechos de expropiación, amplias exenciones aduaneras y ningún impuesto adicional engorroso. Los empresarios la elogiaron como la mejor de América Latina. Esa ley rigió, en lo esencial, hasta 1943, según recordaba el jesuita en 1975.

El resultado fue una explotación febril. El 14 de diciembre de 1922 reventó el pozo Los Barrosos 2, cerca del Lago de Maracaibo, y durante nueve días brotó a razón de 100.000 barriles diarios. Sin embargo, aquello no significó ingentes recursos para el país, no en una escala equitativa al menos.

Los números que Martínez Galdeano toma de la Memoria del Ministerio de Agricultura y Cría de 1936 ilustran el desequilibrio. Entre julio de 1919 y junio de 1936 el Fisco percibió 612 millones de bolívares por 1.262 millones de barriles, es decir, 48 céntimos por unidad. En el mismo lapso el precio promedio del crudo fue de 1,37 dólares. Convertido a la tasa de entonces, los ingresos brutos de las petroleras alcanzaron 8.644 millones de bolívares. Lo pagado al Estado representó apenas el 7 por ciento.

Tres décadas después, el patrón se repitió bajo otra dictadura. El golpe del 24 de noviembre de 1948 derrocó al gobierno del trienio de Acción Democrática que había establecido el reparto 50-50. Con Pérez Jiménez las empresas recuperaron la tranquilidad. Querían más concesiones y las obtuvieron en 1956-57.

El arreglo fue característico. El gobierno entregó áreas probadas y ricas, provenientes de las reservas nacionales, a cambio de que las compañías aceptaran concesiones de exploración en las fronteras. Por esa operación ingresaron 2.188 millones de bolívares adicionales y se adjudicaron 823.163 hectáreas.

Creole, Shell y Mene Grande fueron las más beneficiadas. En 1957 la producción alcanzó 2,77 millones de barriles diarios. Los campos “verdes” no se desarrollaron ya que las firmas petroleras se cebaron en las áreas ya probadas de fácil extracción.

La lectura del jesuita no es que los dictadores ignoraran el valor del recurso. Es que lo administraron con una mentalidad que privilegiaba la rapidez de la extracción, la seguridad jurídica de las compañías y la entrada inmediata de ingresos, aunque eso significara prorrogar ilegalidades, ceder reservas nacionales o aceptar leyes redactadas por los propios interesados.

En ambos casos, según la reseña realizada en este artículo, el Estado aparecía como un socio menor que cobraba poco y vigilaba menos.