Campos agrícolas: ahora sí son monte y culebra

Con 30 años de experiencia en el campo, Carlos Cordero enumera una aciaga lista de preocupaciones. En sus terrenos de 21 hectáreas, en la parroquia Gibraltar del estado Zulia —justo en la región del Sur del Lago—, la producción de frutas tropicales bajó en 50% durante los últimos años. Su vida cotidiana no es sencilla. Debe lidiar con la escasez de insumos, el sobreprecio absurdo del mercado negro, la inseguridad —ya han robado su finca tres veces—, la incertidumbre sobre la propiedad y, entre otras cosas, la falta de personal: la gente prefiere revender productos que dedicarse al arduo trabajo de la tierra.

Parece que el panorama no es distinto al del resto del país, pero hay un asunto particular: en los campos venezolanos podría estar la salida a la escasez de alimentos, que a finales del año 2015 alcanzó 37,9%, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. Según el CENDAS, la inflación de la canasta alimenticia anualizada para marzo ya sobrepasaba 514%. La escasez de alimentos y medicinas alcanza 75% y 80% respectivamente. Más allá de las ciudades, el país tiene 35 millones de hectáreas que pueden usarse para el desarrollo agropecuario, pero la producción va en picada. Un ejemplo: en 2015, según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras, la superficie cosechada alcanzó poco más de 1,7 millones de hectáreas, 10% menos que el año anterior.

Luis Manuel Rivas, profesor de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, que ha estado vinculado con el sector agropecuario, señala que los elevados precios del petróleo llevaron a desatender la producción nacional. Con los ingresos del crudo, dice, se pudieron importar alimentos y, además, subsidiar a los consumidores a través de las redes públicas de distribución. “Cuando el Gobierno se percata de la magnitud de la crisis agroalimentaria es cuando trata de voltear su mirada hacia el campo, y se encuentra con un paciente en situación gravísima, que requiere de atención inmediata y cuya recuperación tardará más tiempo del que se quisiera. Además, significaría un cambio de timón en la orientación de políticas, para el que no está preparado y para el que existe una enorme resistencia ideológica y política”, explica.

Mientras tanto, productores como Cordero se esfuerzan como pueden para seguir trabajando sus parcelas, pese a las dificultades del clima y de las presiones gubernamentales. En el campo venezolano, esos vastos territorios de los que poca gente habla, la crisis tiene su propio cariz.

Escasez y distorsiones

Para llegar a su finca de papas y zanahorias, en una zona alta del estado Trujillo, Jorge Rumbos debe recorrer 45 minutos desde su casa, que se encuentra muy cerca de Valera. La vía está en buen estado porque los propios vecinos se encargan de mantenerla. “No es que el Gobierno la arregla”, dice. Ahora, más allá de eso, hay otras cosas que angustian a este productor, que tiene 30 años de experiencia en las labores del campo y unos ocho en la siembra de papas, además del cultivo de tomates, perejil, repollo y coles que desarrolla en la finca paterna. Para él, el principal problema es la escasez de los insumos.

En Agropatria, dice Rumbos, solo se consigue 5% de los productos que antes vendía Agroisleña —empresa con participación mayoritaria de españoles que fue expropiada el 4 de octubre de 2010, según Gaceta Oficial 39.523. Esa poca cantidad de insumos, además, se vende con restricciones: “Lo que medio llega son los herbicidas y algún fungicida, pero los venenos específicos para una enfermedad o plaga no se encuentran. Lo poco que hay se puede comprar en el mercado negro. Por ejemplo, un fungicida para la papa, que en Agropatria se vende a 300 o 400 bolívares el kilo, en la calle se consigue a 15.000 bolívares”. En otras empresas antes podían comprarse marcas importadas, pero por las fallas con las divisas ya eso no es posible.

Lo mismo ocurre con las semillas: las del tomate, por ejemplo, que se venden entre 80.000 y 100.000 bolívares, se las ofrecieron a Rumbos por 1,5 millones de bolívares. Es decir, con un aumento de 1.400%. Por esas distorsiones, el productor prefiere viajar a Zulia y comprar una buena cantidad de lo que necesita en una tienda de Agropatria donde conoce a los empleados.

Con las semillas de papa, el productor tiene otros problemas. Generalmente, durante el ciclo se selecciona una porción para la venta y otra para semillas, que se llevan al pico El Águila en Mérida, para que se mantengan frías hasta la siguiente cosecha. Desde hace poco, señala, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) hace inspecciones y evaluaciones a esas semillas, y en su caso determinó que estaban infectadas con el gusano guatemalteco. El productor asegura que el veneno para esa enfermedad fue prohibido hace unos años, y que la única forma de acabar con el problema es llevarlas al frío. Pero, en lugar de eso, el INSAI impide su transporte, por lo que el insumo se pierde en la finca. “Eso es gravísimo porque no están trayendo semillas importadas”, dice.

Esa escasez, como usualmente ocurre, se traduce en un aumento del precio final: en enero de este año, Rumbos vendió un saco de papas a 3.000 bolívares, y hace unos días lo hizo por 25.000 bolívares.

Werner Gutiérrez Ferrer, ex decano y profesor titular activo de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, coordinó dos estudios sobre el suministro de agroinsumos y el uso de agroquímicos entre 2014 y 2015, en dos zonas de los estados Zulia y Mérida. Los resultados generales coinciden con el testimonio de Rumbos: 78,57% de los productores consultados señalaron que no consiguen los insumos que necesitan en el momento oportuno. Por eso, en 85,71% de los casos deben recurrir al mercado negro, que en muchas oportunidades ofrece productos adulterados que no son efectivos para solucionar el problema de sus cosechas. La mayoría de los consultados, asimismo, ha visto seriamente mermada su producción como consecuencia de esa situación.

A eso se suma, dice Gutiérrez —quien también es presidente de la Sociedad Venezolana para el Combate de Malezas—, que a diferencia de lo que anteriormente hacía Agroisleña, Agropatria no guía a los productores en el uso de agroquímicos. De acuerdo con los estudios, 57,14% de los productores seleccionaba las sustancias según su criterio, y 85,71% aseguró que no recibía capacitación para su manejo. “Estos resultados no solo desmienten las afirmaciones del Gobierno nacional sobre el cumplimiento de la responsabilidad de Agropatria en el suministro de agroinsumos, sino que desnudan una perversa situación sobre la minusvalía en la que quedaron los agricultores: no disponen de asesoría técnica ni supervisión especializada al momento de la adquisición y correcto uso de los agroquímicos, por lo que los riesgos de impacto ambiental y de daños a la salud son muy elevados”.

También, señala Gutiérrez, los problemas con el suministro de los fertilizantes pueden traer consecuencias a largo plazo. Señala que esta situación es especialmente crítica en las zonas fronterizas y en la región andina, y sobre todo en los cultivos de frutales y hortalizas. Además del aumento de precios de 541% decretado por Pequiven el año pasado y del incremento del flete de movilización desde Morón, no es posible conseguir todas las presentaciones de estos productos, que se deben aplicar de acuerdo con la composición de la tierra. El corolario es el bajo rendimiento de los cultivos y también podría producirse en el futuro un problema de desequilibrio de nutrientes en el suelo.

Inseguridad personal y jurídica

Hace unos días, a un productor del estado Mérida —que prefiere mantener su nombre en reserva— le robaron unas desmalezadoras, unos motores de fumigación y otros instrumentos de trabajo. Tiene 50 años de labores agropecuarias, y lo que más extraña es la seguridad de los buenos tiempos: “Antes dormía con las puertas abiertas, y ahora tengo que poner candados”.

Su preocupación no solo se debe a esa amenaza personal, sino también a la inseguridad jurídica. Hace un año y medio, recuerda, recibió un oficio del Gobierno en el que decía que le quitarían sus tierras. Luego llegó un grupo de funcionarios, pero la gente de la comunidad lo apoyó y decidieron dejarlo tranquilo. “Tienen el interés de quitarle a uno el terreno. Para nada, porque después no producen. Uno vive en zozobra, porque está la incertidumbre de que se reúnan las cooperativas y quieran arrebatarnos la finca. Es terrible”, se lamenta.

A Carlos Figuera, mejor conocido como “Catire”, sí lo despojaron de una buena porción de sus tierras en Pariaguán, al sur del estado Anzoátegui. Del total de 1.800 hectáreas de terreno, donde cría ganado de doble propósito —carne y leche— y un poco de ganado porcino, tuvo que vender 600 de forma rápida por las amenazas del Instituto Nacional de Tierras (INTI). “Hace 4 años me quitaron 200 hectáreas”, recuerda.

La incertidumbre, por lo tanto, está justificada. De acuerdo con datos oficiales de 2013, durante 10 años el Gobierno pasó a ocupar 3,6 millones de hectáreas, a través de la figura del rescate de tierras. De acuerdo con el Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, entre 2005 y 2010 hubo 838 procedimientos de este tipo; en 2014, la organización contabilizó 66. Y, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras, en 2015 fueron afectadas por esta medida 38.287 hectáreas, del total de 250.000 hectáreas que se habían proyectado para ese año. Ese mismo periodo se pagaron 77,2 millones de bolívares por tierras y bienhechurías a 9 predios, para un total de 6.493 hectáreas localizadas en Portuguesa, Barinas, Guárico, Falcón y Zulia.

Luis Alfonso Herrera Orellana, investigador del Observatorio de Derechos de Propiedad, señala que, a diferencia de la expropiación, el rescate de tierras no reconoce la propiedad ni ofrece una justa indemnización. Explica que se trata de un procedimiento administrativo que lleva adelante el Instituto Nacional de Tierras. “La expropiación es constitucional cuando se ejecuta de forma correcta —de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución. El rescate, en cambio, es inconstitucional per se, así se aplique conforme a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, explica. Y agrega que, de acuerdo con sus seguimientos, hasta el momento no ha habido procesos de expropiación de tierras, sino solo de rescates.

Hace un par de años, William Gudiño, entonces presidente del Instituto Nacional de Tierras, concedió una entrevista al diario El Mundo, en la que reconoció que había irregularidades con esas hectáreas que pasaron a manos del Gobierno. Entre otras cosas, dijo, ha habido ventas de parcelas, invasiones y acumulaciones de terrenos. En el caso de la Hacienda Bolívar, localizada en el estado Zulia e intervenida en 2010, fue invadida por 300 personas. En 2014, señaló el funcionario, la producción llegó a 500 litros de leche, cuando antes era de 4.000 litros.

Pese a que Gudiño aseguró que había ejemplos exitosos de tierras en manos del Gobierno —como Agroflora o El Cedral—, Herrera señala que en el Observatorio de Propiedad no han tenido conocimiento sobre eso. “De la situación contraria sí sabemos, como lo muestra el caso, entre muchos otros, de la Hacienda La Carolina, del exembajador Diego Arria, que fue totalmente saqueada por funcionarios e invasores. En las Memorias y Cuentas de los últimos años del ministerio con competencia en esta área, no se destacan cifras comprobables de esos supuestos éxitos. Todos los casos conocidos son un fracaso total”, explica.

Otra figura gubernamental que afecta el derecho a la propiedad es el de la Carta Agraria. El productor Carlos Figuera explica que se debe demostrar ante el INTI que se es dueño de la tierra: “Metí esa solicitud hace cinco años y aún no me ha salido la propiedad. Me dieron la Carta Agraria, que certifica que soy un ocupante. El problema es que eso no me sirve para acceder al financiamiento”.

Herrera señala que la figura de las cartas agrarias y del rescate de tierras, que se suman a los controles de precios, de divisas, de importaciones, de distribución, almacenamiento y comercialización, de guías y permisos, y de monopolios estatales —con Agropatria como principal ejemplo—, no es simplemente una amenaza. “Suprimen por completo el derecho de propiedad y de libertad de empresa de los productores, pues han perdido casi totalmente la posibilidad de usar, gozar y disponer libremente de sus bienes adquiridos de forma legítima. Esos controles, unidos a las expoliaciones —actos delictivos de tomas de tierras, maquinarias, animales o materias primas por el Gobierno o invasores—, son la causa primera del declive de la producción”.

Carlos Machado Allison, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración y especialista en el área agroalimentaria, señala que las constantes intervenciones sirven para alimentar las incertidumbres y desestimular a quienes producen: “Estas medidas han tenido un impacto. Primero, sobre la ganadería y la producción de caña —los directamente afectados—, pero, además, sembraron dudas sobre los derechos de propiedad de todos. De ese modo, los rubros que requieren una visión de largo plazo fueron afectados”.

Ese camino espinoso e inseguro ha llevado a más de uno a claudicar. Un productor del estado Portuguesa –—un por razones de seguridad prefiere mantenerse en el anonimato— decidió vender sus tierras el año pasado, después de más de 40 años de tradición familiar en el campo. ¿Las razones? La falta de estímulos para la producción y, principalmente, las amenazas de invasión de los campesinos de la zona y la apertura de un proceso de rescate de tierras de parte del Inti.

¿Hay esperanza?

Los expertos coinciden en que es posible revertir el daño que han sufrido los trabajadores del campo. Machado Allison hace referencia a un camino complejo y arduo: se deben cambiar los factores macroeconómicos, acabar con la burocracia gubernamental, modificar o eliminar leyes que le dan mucho poder al Gobierno, además de garantizar los derechos de propiedad y, entre otras cosas, eliminar los excesivos controles del Gobierno en la producción y distribución de alimentos.

En la misma línea opina Werner Gutiérrez: “Debemos sustituir un modelo basado en el intervencionismo exacerbado —de un Estado que pretendió ser importador, productor, transformador y distribuidor de alimentos, sin ningún éxito—, por un modelo que dé soportes y garantías al sector privado”. También, a su juicio, el Estado debe asegurarse de que los alimentos lleguen a las poblaciones más vulnerables, pero con una motivación hacia el ascenso social y la generación de riquezas para toda la sociedad.

Es indispensable el diseño de políticas públicas coherentes para este sector y para la economía en su conjunto. “Se deben enfocar en la apertura gradual hacia el mercado internacional, y en crear incentivos y compensaciones para atraer a productores grandes, medianos y pequeños”, afirma el profesor Luis Manuel Rivas. Insiste en que se debe dar prioridad a la asesoría técnica y al financiamiento adecuado y flexible. A eso se suma que hay que revisar muy bien la deuda agropecuaria, y pensar en la competitividad de algunos rubros que puedan exportarse.

Hasta que eso no ocurra, los trabajadores y productores del campo siguen su camino. Carlos Cordero, por ejemplo, tiene fe en que la situación difícil pasará y que podrá seguir su faena verde. Carlos Figuera, por su parte, ha considerado dejarlo: “Todos los días pienso en abandonarlo, pero uno tiene vocación y nació para esto. Es lo que sabemos hacer nosotros: producir en el campo. Cambiar de actividad sería, como dicen por ahí, meterse a brujo sin conocer de hierbas”.