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El faraón Nicolás y sus aduladores leguleyos

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El Poder Judicial se ha convertido en un bufete al servicio del Ejecutivo. Los magistrados del TSJ saben hacer destacar el rojo de sus togas, pero Nicolás Maduro aún está a tiempo de darse cuenta del camino a donde eso conduce, el mismo que antes transitaron hasta los faraones del Antiguo Egipto

El Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en la oficina de relaciones públicas de Nicolás Maduro. Cada vez que algún venezolano se le ocurre leer la Constitución Nacional, ahí está el máximo órgano de la justicia para decirle que eso no es exactamente así. Según el TSJ, Nicolás Maduro es más venezolano que el araguaney, solo él está calificado para recurrir a instancias internacionales, prorrogar estados de excepción y emergencia económica cuantas veces quiera, e investigar e interpelar a la Fuerza Armada Nacional.

En menos de un año, y gracias a la designación de magistrados express, el Tribunal Supremo de Justicia ha sido para Nicolás Maduro lo que fueron los asesores del faraón en el Antiguo Egipto cuando le aseguraban a éste que su existencia en la tierra se debía a poderes divinos. Esto no es nuevo, Hugo Chávez también hizo lo que le dio la gana. Pero si en el gobierno de Chávez existían focas que le aplaudían cada movimiento, en el de Maduro le aplaude el circo completo.

El poder más afectado por las decisiones lame-bigote del Tribunal Supremo de Justicia (pues Maduro militar no es para que le anden lamiendo botas), ha sido la Asamblea Nacional. El solo acto de haber triunfado la oposición el 6 de diciembre del año pasado les ha valido a los diputados una tormenta de no menos de 30 sentencias que han anulado o prohibido sus actuaciones y funciones.

La Asamblea ha “aceptado” las sentencias bajo un paraguas roto. Aun con una cuota de balance de poder importante, no han podido ofrecerle a los venezolanos en once meses de instalación, leyes que beneficien al colectivo y que combatan los tres males que aquejan al venezolano: la escasez, la salud y la inseguridad.

Para la bancada oficialista que se sienta en sus curules con una foto de Hugo Chávez y no con la del Presidente actual de la República, es más importante ponerle todo el peso del debate a que la diputada Tania Díaz fue calificada de “vampira” por el diputado Rafael Guzmán. No ha de extrañar que sea la propia Sala Constitucional quien publique una sentencia llamada: “Resolución mediante la cual solo se puede llamar vampiresas a nuestras diputadas”.

La última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional, y en consecuencia en contra de todos los venezolanos, es la que prohíbe la convocatoria y realización de actos que alteren el orden público. En criollo, adiós a una marcha o protesta en el país. Esto no solo es ilegal, pues la protesta pacífica es un derecho constitucional. Es un acuartelamiento de treinta millones de ciudadanos a los que el Gobierno busca esconder para que no se les vea protestar por los miles de hombres y mujeres que en este momento hurgan en la basura para conseguir comida y por los niños que mueren sin decir sus primeras palabras porque no hubo medicamento disponible para salvarlo.

Al prohibir la realización de actos que alteren el orden público, el Tribunal Supremo de Justicia trata de mermar el hecho de que el público ya está alterado precisamente porque no hay orden. Nicolás Maduro, recién librado de someterse a un juicio político ante la Asamblea Nacional, producto de otra sentencia del TSJ,  lo llama “poner las cosas en justo lugar”. Desde esta columna se le recomienda, como en su momento se le recomendó al comandante muerto, que lea un gran soneto escrito por Percy Bysshe Shelley llamado Ozymandias sobre un faraón egipcio a quien también le aseguraron ser la razón del cielo y la tierra. Maduro no es ningún faraón, pero bien le vendría leer sobre ellos.

ozymandias