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Los nombres detrás de la trama corrupta de Pdvsa en Andorra

Andorra portada
20/09/2018
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TEXTO: ALEXANDRA SUCRE, FRANCIS PEÑA, VALENTINA GIL, VALERIA PEDICINI

Aliados de Rafael Ramírez y convertidos en millonarios en tiempos de Hugo Chávez, 14 venezolanos son señalados por la justicia del Principado de Andorra como cómplices de un esquema de sobornos y lavado de capitales que desfalcó a Petróleos de Venezuela. Algunos de los señalados también participan en otros guisos

Un juzgado de Andorra ha señalado la presunta responsabilidad de al menos 14 venezolanos en una trama de corrupción que durante varios años utilizó durante años a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) como un centro para lavar activos a la sombra del gobierno de Hugo Chávez. Según la información divulgada por El País, citando al juzgado de la magistrada andorrana Canòlic Mingorance, los exfuncionarios del chavismo y empresarios cobraron comisiones de más del 10% a compañías –la mayoría chinas– que después recibieron jugosos contratos para proyectos dentro y fuera de la corporación estatal.

El desfalco amasado por esta red está calculado en más de 16.000 millones de dólares según las investigaciones realizadas en su momento por la opositora Asamblea Nacional. Solo dos de los procesados, los exviceministros de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, habrían lavado activos por el orden de 2.000 millones de dólares, según las fuentes judiciales andorranas. La Fiscalía venezolana cifró el pasado diciembre en 4.200 millones de euros la cantidad blanqueada través de la Banca Privada de Andorra.

La trama se habría desarrollado durante los años en que Rafael Ramírez fungía como presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, e involucra a familiares directos de quien dice tener pendiente “desmontar la infamia”.

Estos son los involucrados en el esquema de corrupción andorrano, y sus supuestos métodos de acción.

Nervis Gerardo Villalobos

Ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia desempeñó cargos gerenciales en la compañía estatal Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven), agrupada en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con sede en Maracaibo. Durante la administración de Alí Rodríguex Araque, fue director general de Energía del ministerio de Energía y Minas hasta que ocupó el puesto en el viceministerio de Energía Eléctrica entre los años 2002 y 2006. Durante tres años de ese período también estuvo al mando de Cadafe.

Otto Reich, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, denunció en 2013 que Villalobos participó en sobornos para que el grupo Derwick se atribuyera proyectos energéticos en la nación. Pero el funcionario negó las acusaciones y afirmó que estaba dedicado a labores de consultoría.

En 2015, el diario El Mundo lo incluyó en una lista de “jerarcas del chavismo” que supuestamente tenían cuentas millonarias en dólares en el Banco de Madrid y la Banca Privada de Andorra, por el pago de comisiones de la compañía española Duro Felguera. Villalobos negó los sobornos y manifestó que su relación se limitaba a “aspectos informativos”. En julio de 2017 fue señalado nuevamente por presuntas operaciones de lavado de dinero pero a través del Banco Espirito Santo, que fueron detectadas por la Fiscalía de Portugal.

El 26 de octubre de 2017 fue detenido en Madrid, junto a otras tres personas, por funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, a petición de autoridades estadounidenses. El Paísmenciona que fue acusado por blanqueo de capitales y corrupción, luego de una presunta participación entre 2011 y 2013 con funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para solicitar sobornos a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y desviar grandes cantidades de dinero por medio de “facturas falsas o infladas”.

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El tribunal que investiga el caso en Houston, Texas, explica que Villalobos estaba autorizado como firmante en una cuenta en Suiza en la que se transfirieron más de 27 millones de dólares por parte de otros representantes de organismos públicos venezolanos. El dinero habría sido obtenido por sobornos de concesiones de obras para la construcción de plantas de energía.

Por su parte, el fiscal general designado por la chavista asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, acusó al exfuncionario de Pdvsa de haber utilizado “fondos del Estado” para causarle un “daño enorme a la economía nacional”. Lo relacionó con 13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 la cantidad de 196 millones 918 mil 224 euros. “También se conoció que a través de una empresa fantasma creada en Panamá, llamada Lomond Overeas S.A., Villalobos cobró 10 millones de dólares de comisión por esta venta que se hizo por un monto total de 201 millones 500 mil dólares”.

Saab calificó a Villalobos como el segundo cabecilla de la trama de Andorra –en la que estarían implicadas 40 personas- y aseguró que pediría a España la extradición del exviceministro, a quien se le juzgaría por legitimización de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

El 14 de septiembre de 2018 un juez español lo dejó en libertad al entender que no hay base por ahora que sustenten las acusaciones de blanqueo a raíz de la transferencia de casi siete millones de dólares que hizo entre octubre de 2011 y junio de 2012 a la sucursal en Lisboa del Banco Madrid, un dinero que invirtió en parte para adquirir una casa en La Moraleja, una urbanización de lujo de la capital española.

Ello es independiente de las investigaciones que pesan sobre Villalobos en la Audiencia Nacional española por “cohecho internacional”, por la que se encuentra en libertad provisional, y otra por blanqueo en Estados Unidos, país al que ha accedido ser extraditado pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.

Javier Alvarado Ochoa

Ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Simón Bolívar, fue el presidente encargado en tramitar el proceso de estatización de la Electricidad de Caracas en 2007, además de la unificación a Corpoelec. Fue viceministro en el Desarrollo Eléctrico y miembro de la Junta Directiva del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca).

Entre 2002 y 2003 fue gerente de recursos humanos en Pdvsa, por lo que fue el encargado de realizar las cartas que causarían el despido de alrededor de 20 mil trabajadores a propósito del “paro petrolero”. Tiempo después, pasó a ser gerente general de Pdvsa Occidente hasta que Rafael Ramírez lo nombró director del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep). Alvarado también estuvo a la cabeza de Bariven, empresa filial de Pdvsa que se encarga de las compras nacionales e internacionales para actividades petroleras.

Fue mencionado en las acusaciones del exembajador estadounidense Otto Reich, en 2013, contra el grupo Derwick Associates y sus directivos, Leopoldo Betancourt López y Pedro Trebbau. También es mencionado como partícipe de la red de sobornos que se manejaron a través del Banco de Madrid, según reporta El Mundo.

Es acusado de recibir coimas por la empresa europea Duro Felguera para construir una central termoeléctrica para Caracas. En 2009, se firmó un contrato con la Electricidad de Caracas, a cargo de Alvarado, por $2.000 millones para construir Termocentro, que no está funcionando al 100%.

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Diego Salazar Carreño

Hijo del exguerrillero, exconstituyentista y fundador del Movimiento Quinta República (MVR) del mismo nombre, es conocido por ser el primo de Rafael Ramírez, y por acumular gran capital. “Salazar Carreño pasó de vendedor de pólizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela y todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela”, dice La Nación de Argentina.

En diciembre de 2017, Tarek William Saab informó que Salazar fue detenido y encarcelado en el Sebin por estar involucrado en la trama de corrupción de Andorra. “Iniciaremos con el debido proceso para determinar el monto exacto del blanqueo de capitales”, afirmó el fiscal impuesto por la constituyente. A Salazar se le acusó de “legitimación de capitales y asociación para delinquir”, por blanquear 1.347 millones de euros.

Un trabajo publicado por El Paísseñala que un total de 49,2 millones de dólares sería la suma que el primo de Ramírez pudo haber “cobrado por comisiones” hasta 2010 “por servicios de consultoría e intermediación para que multinacionales asiáticas captaran adjudicaciones de infraestructuras del Ejecutivo de Venezuela”. Agrega que Salazar depositó el dinero que habría cobrado en la Banca Privada de Andorra (BPA), entidad donde manejó 11 cuentas entre 2007 y 2014. “El caso chino es cien por cien Diego Salazar. Él era un lobista de los chinos y la embajadora de Venezuela en el país asiático le ayudaba”, contó un antiguo directivo de Pdvsa a El País.

El primo de Rafael Ramírez es la cabeza de una fundación bautizada como su padre para atender infancia abandonada, pero la iniciativa fue la fachada para malversar dineros, en esquemas de presunta corrupción que involucró a varias reinas de belleza del país.

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José Enrique Luongo Rotundo

Ingeniero y dueño de la empresa registrada en Panamá Antigua Omega, también es primo de Rafael Ramírez y hermano de Jesús Enrique Luongo, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, antiguo gerente del Centro de Refinación Paraguaná en 2012, cuando ocurrió la explosión de Amuay, y detenido en marzo de 2018.

De acuerdo con información del portal Cuentas Claras, José Enrique es uno de los 27 funcionarios que colaboró con el exministro Rafael Ramírez para lavar dos mil millones de dólares provenientes de Pdvsa y sus filiales en la Banca Privada de Andorra (BPA). Operaciones que en total involucraban el manejo de 4.200 millones de dólares provenientes de Venezuela.

Fue detenido el 1 de diciembre de 2017 en el aeropuerto de Maiquetía cuando estaba por abordar un vuelo con destino a Estados Unidos acusado de legitimar capitales en Andorra junto a su primo Diego Salazar Carreño. Según el Ministerio Público venezolano, también realizó transferencias a entidades panameñas por montos superiores a 192 millones de dólares.

Según el fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, tanto Luongo como Salazar utilizaron más de 40 empresas fantasmas –y unas pocas reales– para blanquear fondos derivados de hechos de corrupción y ocultar la identidad de los beneficiarios. Dijo Saab que la red delictiva funcionó desde 2006 y entre 2011 y 2012 lavaron 1.347 millones de euros y 339.972 euros mediante transacciones en las que figura la cuenta de Antigua Omega Inc en la banca andorrana. Para 2012, dicha cuenta tenía un saldo de casi 218 millones de dólares, suma de dos traspasos internos por parte de contratistas de Pdvsa, incluyendo una sociedad propiedad de Omar Farías Luces.

Luongo está vinculado a Luis Mariano Rodríguez Cabello, el apoderado de la cuenta de Antigua Omega Inc. Ambos fueron socios en la empresa Inverdt Asesores de Negocios, donde aparece como trabajador en el registro del Instituto Venezolano de Seguros Sociales.

Francisco Jiménez Villaroel

Francisco Jiménez Villaroelfue gerente de Gas Natural Vehicular (GNV) y director de Deltaven, la filial de la empresa estatal encargada de la comercialización de hidrocarburos, lubricantes, combustibles y otros derivados. Junto a Luis Carlos de León y Endomario Carruyo, canalizó fondos entre 2008 y 2014 a través de un hilo de cuentas. Entre los tres movieron 60 millones de dólares en Andorra. Específicamente, Jiménez Villarroel controló tres cuentas entre 2010 y 2012 y sus depósitos fueron más de nueve millones de dólares. Además de recibir 8,2 millones de dólares por parte de Diego Salazar.

El País detalla que en junio de 2012 vació las cuentas a través de transferencias a Suiza, San Vicente y las Granadinas, Estados Unidos y Curazao. Asimismo, el portal Poderopedia reseña que en www.importgenius.com, Jiménez figura “como un importador registrado en Panamá que hace negocios desde Estados Unidos”. Una empresa panameña de nombre Bullens Corporates lo tiene registrado como directivo y, con el mismo nombre, está registrada una firma en Hong Kong.

Luis Carlos de León Pérez

Fue el director de Finanzas de la Electricidad de Caracas y se le reconocía como uno de los hombres de confianza de Javier Alvarado. En octubre de 2017, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de España lo arrestó a solicitud de Estados Unidos. Se le acusa, a él y otras tres personas más, de blanqueo de capitales y corrupción asociada a la empresa estatal venezolana. En febrero de 2018, el Gobierno español anunció que lo extraditaría a EEUU para ser procesado “por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales”.

Ya en Estados Unidos, y frente a un juez federal, Luis Carlos de León, de 42 años, se declaró culpable de haber participado en una trama destinada al cobro de sobornos y lavado de dinero, entre 2011 y 2013.

De León tuvo que pagar a la corte una fianza de 250 mil dólares, además de comprometerse a cumplir con los requerimientos. Al tener la doble nacionalidad –venezolana y americana-, tiene que asistir a las audiencias en los tribunales. La audiencia que definirá su sentencia está prevista para el 24 de septiembre de 2018.

Omar Farías Luces

Conocido como “el zar de los seguros”, se ha dedicado desde los 22 años a este oficio, cuando en 1984 comenzó como corredor de seguros de la empresa Veneasesores Corretaje de Seguros C. Actualmente es presidente de la Corporación OFL, según reveló la investigación Panama Papers, un conglomerado que agrupa más de veinte compañías que operan en los sectores agropecuario, construcción, salud, transporte, farmacéutico y funerario.

En 2005 se hizo de Seguros Constitución, con la cual le prestó servicios a Pdvsa. En 2007, se denunció en la Asamblea Nacional que las pólizas que le vendía a la estatal petrolera “abarcaban hasta 100 millones de dólares de sobreprecio”, cita El Pitazo. Ahora, la justicia andorrana lo investiga por esas contrataciones fraudulentas.

Dos años más tarde, en 2009, su nombre volvió a la palestra cuando la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos de Ecuador abrió una investigación en su contra por la compra de la aseguradora Memoser por 8,3 millones de dólares, a finales de 2008, usando bancos de paraísos fiscales, sin políticas para prevenir el lavado de activos.

En marzo de 2015, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de España, durante una revisión de cuentas del Banco Madrid, incluyó a Farías en una lista de sospechosos por lavado de dinero. Alegó que “los 13 millones que han salido en prensa corresponden a una transferencia que no fue a Omar Farías, fue a Seguros Constitución [titular de la cuenta] para el pago de unas primas por parte de un cliente de Venezuela (…) Todo lo que entró y todo lo que salió siempre tuvo que ver con el seguro”.

En agosto del mismo año, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ordenó la intervención de Seguros Constitución tras recibir denuncias y reclamos de usuarios que alegaban que la empresa no cumplía el pago de siniestros a sus asegurados. Un año después, Farías fue detenido en Punta Cana, República Dominicana, acusado de estar involucrado en un fraude millonario al Banco Peravia de ese país.

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Luis Mariano Rodríguez Cabello

Luis Mariano Rodríguez Cabello, nacido en 1965, figura como el presunto operador personal de Diego Salazar en los movimientos de la Banca Privada de Andorra, en donde se lavaron más de 2.000 millones de dólares por contrataciones de seguros y reaseguros con sobreprecio a empresas chinas para presentarlas en licitaciones de proyectos de energía, durante la emergencia eléctrica decretada en 2010 y que se extendió hasta 2012.

En 2015, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional ordenó interpelar a Rodríguez Cabello para que explicara cómo pagó 80 mil dólares a autoridades venezolanas para que frenaran investigaciones sobre sus negocios con Salazar. Esta información se dio a conocer por medio de la policía española que logró grabar una conversación que Luis Mariano sostenía con un gestor del Banco de Andorra.

Rodríguez Cabello, quien ha sido vinculado por el diputado Julio Montoya como familiar directo de Diosdado Cabello, también es socio y representante legal de la empresa Inverdt Asesores de Negocios, propiedad de Diego Salazar, con sede en la Torre Edicampo de Campo Alegre, en Caracas, allanada por el Sebin en diciembre de 2017. Ese mismo año, Montoya afirmó que Rodríguez Cabello posee más de 100 apartamentos en Dubái.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, el 18 de agosto de 2018, declaró “procedente” la solicitud de extradición al Reino de España de Rodríguez Cabello, señalado por corrupción. El ministerio Público de Saab le acusa de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Fue detenido por funcionarios de la Interpol en Madrid, España, tras estar solicitado con notificación roja por el Juzgado Sexto de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. El 22 de agosto de 2018, fue solicitada su extradición.

José Luis Zabala

Nacido en 1973, en 2015 fue acusado en Andorra por blanqueo masivo de capitales y valores. Según los señalamientos de las autoridades de ese país, Zabala ayudó a organizar un sistema de comisiones a los contratos públicos de Pdvsa para “facilitar” las adjudicaciones a cambio de “millones de euros por concepto de gastos de asesoramiento, a menudo verbales”.

Zabala también habría hecho movimientos al banco Monte Paschi Banque S.A de París, por lo que la justicia andorrana solicitó la cooperación de Francia para determinar si parte de los capitales corruptos están en ese país. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra solicitó a Francia investigar el patrimonio de los implicados y “verificar las personas físicas y jurídicas afectadas por el bloqueo decretado el 15 de julio de 2015, a los fines de garantizar la respectiva efectividad de la medida”.

José Ramón Arias Lanz

Expresidente de la filial Pdvsa Ingeniería y Construcción, se le señala de haber cobrado sobornos por medio de empresas chinas para contratos con la estatal petrolera. El dinero procesado mediante sociedades radicadas en paraísos fiscales fue transferido Andorra, un país blindado hasta 2014 por el secreto bancario.

Las autoridades del Principado de Andorra han determinado “que todos sacaron de Andorra la mayor parte del dinero antes de que los fondos fueran bloqueados por la investigación judicial, en julio de 2015”, explicó el diario El País.

Comenzó a trabajar en Petróleos de Venezuela –en la antigua Corpoven– en 1984 como Ingeniero químico. Pero fue con Hugo Chávez que ascendió a la esfera gerencial. En 2001 fue nombrado gerente de la Unidad Operacional San Tomé, en 2003 asumió la Superintendencia de Yacimientos del Distrito Norte, en 2007 se convirtió en el gerente técnico de la Corporación Venezolana de Petróleo y luego en gerente de Planificación de Pdvsa en 2008. En 2010 fue nombrado como director de Pdvsa Ecuador y director de la Refinería del Pacífico.

Arias Lanz también es mencionado en una investigación que avanza en Ecuador relacionada con las coimas de Odebrecht. La Contraloría General de la República de ese país señala al expresidente de Pdvsa Nelson Martínez, hoy acusado de corrupción por Nicolás Maduro, como responsable de un contrato con un sobreprecio de 30 millones de dólares en el proyecto de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, que nueve años después de su inicio aún sigue sin concretarse. Un documento fechado en 2014 Arias Lanz es mencionado como corresponsable de la irregularidad. Formaba parte, junto a Martínez, del directorio de la refinería, proyecto conjunto de Pdvsa con PetroEcuador.

Rosycela Díaz

Es la esposa de Diego Salazar, primo directo de Rafael Ramírez –expresidente de Pdvsa– y quién ha sido señalado como principal sospechoso de blanqueo de capitales por parte de contrataciones de seguros y reaseguros con la petrolera venezolana. Según las averiguaciones, Salazar acumuló siete depósitos y seis sociedades, y sus cuentas movieron 21,2 millones de euros. Pero el disfrute fue en pareja.

Según el diario La Nación de Argentina, el matrimonio poseía mansiones en Estados Unidos y Europa, además de ser propietarios de un lujoso edificio en la urbanización Campo Alegre en Caracas.

Díaz es citada en la orden de detención emitida por la justicia de Andorra el 17 de julio de 2015, aún vigente, con la cual también “se acuerda el embargo y bloqueo de todos los bienes de los que dispongan” todos los involucrados en la corrupción. Rosycela Díaz Gil nació en Caracas en 1972.

Estíbaliz Basoa de Rodríguez

De acuerdo con la rogatoria internacional enviada por la jueza Canólic Mingorance Cairat a la Fiscalía General de la República en el año 2012, Estíbaliz Basoa nació el 9 de marzo de 1973, es oriunda de Bilbao, España, y tiene la nacionalidad venezolana.

Junto a Luis Mariano Rodríguez, Basoa era la representante de una cuenta en la BPA, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de la sociedad Central Berfort S.A. (Panamá), y en la cual se registraron movimientos de dineros en montos millonarios de contratistas de Pdvsa.

Reinaldo Luis Ramírez Carreño

Nació el 8 de agosto de 1969, comparte apellidos con el exministro Rafael Ramírez y su hermano Fidel Darío, quien fue director general de Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa en 2012 y luego apareció en los Panama Papers.

Los datos del CNE arrojan que su centro de votación está en el municipio Baruta, por lo que se intuye que vive en dicha zona. No hay información sobre su vida personal, formación académica o experiencia laboral. Tampoco tiene cuentas o actividad en redes sociales.

Pablo Noya

Es mencionado por numerosos medios como el “empleado” de Diego Salazar, el principal acusado por el caso de corrupción de la Banca Privada de Andorra. No tiene cuentas en redes sociales. No hay información sobre sus datos personales, ni registro en el CNE.

Alejandro Saura Alonso

Su nombre figura en la lista de involucrados en el caso de la Banca Privada de Andorra por el blanqueo de capitales provenientes de la estatal petrolera. No hay información disponible acerca de su vida privada o datos personales. Tampoco tiene registro en el CNE, ni cuentas en las redes sociales.