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El “Presidente obrero” que ataca a los obreros

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12/01/2015
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TEXTO: CARLOS PATIÑO

La premisa es clave y reveladora: “no puede haber gobierno obrerista si se vulneran los derechos fundamentales de la clase trabajadora”. Y, sin embargo, en tiempos de Maduro, se ha eliminado el tripartismo, se han burocratizado los procesos y funcionamiento de los sindicatos  y se ha prohibido y reprimido el derecho a la protesta, amén de un largo etcétera de violaciones a las leyes

El actual gobierno venezolano se ha autodenominado obrerista. De hecho, el PSUV ha bautizado a Nicolás Maduro como el Presidente Obrero. Sin embargo, de acuerdo a las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), excepto las manifestaciones políticas de febrero-abril, en los últimos 5 años se han registrado 21.493 protestas. De ese total, 16.297 han sido por derechos sociales y 5.984 fueron laborales, lo que se traduce en un 37% del total; reflejando que la mayoría de las protestas en Venezuela son realizadas por trabajadores. Cabe entonces preguntarse ¿cómo un gobierno que enarbola la bandera social, y que publicita sus leyes laborales progresistas, tiene a los trabajadores protestando en la calle?

El derecho de los trabajadores de discutir “Convenciones Colectivas” ha sido un factor determinante de conflicto y movilización en los últimos años. Según cifras presentadas por el Ministerio del Trabajo —ahora Ministerio de Protección del Proceso Social Trabajo—, en 2013 se homologaron 448 “Convenciones Colectivas”: 409 del sector privado y apenas 39 del sector público, lo que evidencia una desproporción negativa hacia los servidores del Estado. Al cierre de 2014, todo apunta a que la brecha será mayor.

Si bien el derecho fundamental a la negociación colectiva se ha garantizado parcialmente, sobre todo en el sector privado, no se pueden obviar las trabas y obstáculos en los procesos de discusión y homologación en la administración pública y empresas del Estado. Pero además, debe entenderse que esta es solo una fase del proceso, pues una vez aprobados los convenios, se incurre en la violación sistemática de las cláusulas vigentes —lo que ha sido detonante de las manifestaciones y reclamos del sector.

Un ejemplo que muestra esta realidad es la situación en las empresas básicas de Guayana, en el Estado Bolívar, donde aquéllos trabajadores, que protagonizaron conflictos en reclamo del derecho a la convención colectiva, fueron objeto de descalificaciones y amenazas por parte de altos funcionarios del Ejecutivo Nacional, recurriéndose a la militarización de las empresas y detenciones de los obreros, como en el caso emblemático del Secretario General de Sintraferrominera, Rubén González, encarcelado durante más de año y medio por haber liderado una huelga de 21 días por incumplimiento de la “Convención Colectiva”, sometido a un juicio político durante 5 años, para que finalmente se diera por concluido el proceso penal el 23 de abril de este año al no existir elementos que demostraran comisión de delito alguno por parte de González.

Situación similar padecieron los trabajadores de Transporte Camila en el mismo estado. Están sujetos a un proceso judicial por 7 años; Iván Freites, dirigente con fuero sindical despedido del sector petróleo por denunciar responsabilidades del gobierno en la explosión de la refinería de Amuay; así como los 5 trabajadores de la empresa Xacobeo del Estado Táchira sometidos a la justicia militar luego de realizar una protesta a las puertas del fuerte Murachí.

Otro de los casos emblemáticos es el del Contrato Marco de la Administración Pública Nacional que no se discute desde el año 2004 y que luego de 10 años, el gobierno anuncia que será suscrito antes de concluir el 2014 con dos Federaciones en situación de ilegalidad pero abiertamente afectas al oficialismo. El caso Sintrainces en el cual se condicionó la discusión a la incorporación de estructuras paralelas promovidas por el Patrono-Estado; o la del propio Ministerio de Protección del Proceso Social Trabajo, que duró 18 años sin discutirse y que de nuevo se encuentra vencido.

Las acciones por incumplimientos socio-económicos previstos en “Convenciones Colectivas” surgen por la vulneración al trabajador de cláusulas que pretenden mejorar su condición de vida y la de su familia; sobre todo cuando el salario mínimo nacional no cubre sus necesidades básicas y se palpa cierta indolencia desde el Estado para promover un diálogo social incluyente. Esto genera la respuesta histórica de un sector que se moviliza a través de marchas, trancas y huelgas, que a su vez han sido criminalizadas y judicializadas; acarreando formas alternas de protesta extrema y ajenas al movimiento de los trabajadores como la huelga de hambre o de sangre —tal cual sucedió con los enfermeros del sector salud en el año 2011.

El monitoreo del OVCS demuestra que, desde el año 2005, se han iniciado 130 procesos penales contra sindicalistas por ejercer manifestaciones propias del derecho humano a la libertad sindical. Esto sin contar con la militarización de empresas para impedir protestas, la continua descalificación contra quienes ejercen el sindicalismo autónomo e independiente y las prácticas discriminatorias por razones políticas.

El último Informe Anual de la ONG Provea refiere que, no obstante la “inamovilidad laboral” se mantuvo durante 2013 y fue extendida hasta 2014. La medida ha sido aplicada en el sector privado pero se incumple en entes del sector público, reseñando despidos injustificados de contratados, fijos y “tercerizados”; cuyas órdenes de reenganche y pago de salarios caídos son desacatadas.

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) contiene avances en lo individual, pero también retrocesos en lo colectivo. Por ejemplo: la eliminación del tripartismo, la excesiva injerencia del Estado burocratizando los procesos y funcionamiento de los sindicatos, así como la nueva facultad de admisión o no de los pliegos y huelgas. Leyes como el Código Penal, Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley contra el Acaparamiento y el Boicot y llamada Ley Antiterrorista convierten en delito las manifestaciones y protestas de los trabajadores y debilitan al movimiento sindical autónomo. La progresividad de los derechos individuales corre el riesgo de quedar ilusoria si no hay quien los defienda. No puede haber gobierno obrerista si se vulneran los derechos fundamentales de la clase trabajadora, en especial de los más pobres.

En definitiva, lo que las organizaciones sindicales y de Derechos Humanos han solicitado ante organismos nacionales e internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puede resumirse en las siguientes peticiones:

1. El respeto al diálogo social, a las convenciones colectivas y el cese de la criminalización de la actividad sindical.
2. Que el Estado Venezolano se abstenga de aplicar figuras penales que tengan por objeto restringir las manifestaciones pacíficas y el derecho a huelga.
3. Que el Estado Venezolano se abstenga de promover estructuras paralelas cuyo objeto sea el de menoscabar a las organizaciones sindicales autónomas.