El control de la industria, objetivo del socialismo chavista

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El socialismo del siglo XXI se alimenta de los medios de producción. Las viejas promesas de respetar la inversión y los capitales privados quedaron atrás cuando la “revolución bolivariana” se propuso convertir al Estado en el actor fundamental de la economía industrial venezolana. Tres lustros después, abunda la corrupción y la ineficiencia

Con motivo de su 13° aniversario, Clímax presenta la serie Deconstruyendo a Hugo Chávez

En 20 años de gobierno chavista la economía venezolana pasó por varias etapas de auge y caída, muchas veces debido a factores externos como el precio del petróleo. Sin embargo, su desarrollo estuvo impactado en gran medida por una política económica cargada de una ideología que planeó el surgimiento de una propia concepción socialista para el país: el Socialismo del siglo XXI.

Durante este período, la industria nacional fue (y aún es) blanco de ataques continuos desde el gobierno. Las acciones verbales que se emanaban desde el Ejecutivo iban inmediatamente a la acción con la puesta en marcha de una serie de medidas económicas como los controles de precio y de cambio, las reformas o creación de leyes relacionadas al área, aumento de las fiscalizaciones y de las multas, de un extenso proceso de expropiaciones, estatizaciones y nacionalizaciones, así como la creación de una especie de milicia laboral con los consejos de trabajadores.

En la visión del modelo productivo socialista se planteó que “el Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social”.

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En el año 2001, aparecieron los primeros indicadores de una clara injerencia de lo estatal en lo económico. Se solicitan las primeras leyes habilitantes aplicadas a diferentes sectores. Chávez aprueba por decreto 49 leyes económicas, entre ellas la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley de Hidrocarburos. Se genera un amplio rechazo en los sectores empresariales, agroindustriales y sindicales. Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) convocan a un paro de 12 horas para el 10 de diciembre de ese mismo año.

“Son las primeras señales de alerta y resistencia frente a un cambio de modelo que la presidencia de Chávez deseaba introducir en el país. Estas leyes dictadas por vía habilitante, sin consulta ni debate público, se convierten en un elemento central de la crisis sociopolítica que desemboca en una alta conflictividad e inestabilidad durante el año 2002, con los sucesos de abril, el golpe de Estado y la restitución de Chávez en el gobierno”, sostuvo Cedice Libertad en un informe especial sobre Costo e impacto de las expropiaciones: causas de un Estado patrimonialista.  

Chávez inició realmente su plan de nacionalizaciones con la industria petrolera y debido a que aún necesitaba de la empresa privada para aumentar la producción, modificó leyes para adueñarse de la mayoría accionaria de los campos y proyectos petroleros.

“La debacle del sector hidrocarburos se inicia en Pdvsa con la expulsión de más de 20.000 empleados de la estatal que participaron en las protestas y paro en 2002. Fue así como el Gobierno logró controlar políticamente la empresa más importante del país. De esta manera se inicia la implantación de un modelo de control y administración de los hidrocarburos que ha traído nefastas consecuencias”, resaltó Transparencia Venezuela en un informe sobre Empresas Propiedad del Estado. Un modelo de control. II Parte.

Aunque la caída de la producción petrolera ha sido significativa en los últimos cinco años, ya desde la gestión de Chávez se observaba una baja en la inversión y en las exportaciones de crudo. Pero la debacle de la industria no se queda aquí. En otras áreas asociadas al sector también ha habido una baja importante como en el gas natural y en la producción de propano lo cual incide en el servicio del gas en bombonas; tampoco se ha desarrollado la producción gasífera no asociado. En el olvido quedó el famoso plan de Chávez del gasoducto suramericano y que tantas veces mencionó en sus cadenas.

En su estudio, Transparencia identificó 37 empresas propiedad del Estado y empresas mixtas en el sector hidrocarburos, de las cuales 83,8% tienen denuncias públicas de irregularidades de funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales o de corrupción.

Complejos siderúrgicos en el abandono

Luego de 10 años en manos del sector privado, la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) fue reestatizada por Chávez en 2008. Marisela Fermín, investigadora de Cedice, señala que la imposición de un modelo corporativo estatal de planificación centralizada de la producción en un marco socialista, se inició mediante la ola de expropiaciones en la cadena productiva del acero y del aluminio.

“El control obrero también se hizo efectivo en el sector metalúrgico. El Plan Guayana Socialista aplicado desde 2009 sirvió para sustituir a trabajadores calificados por operadores políticos del partido de gobierno”.

La extracción de mineral de hierro en Ferrominera del Orinoco cae desde 2006 hasta llegar a solo 23% en 2017. Mientras que la producción de acero líquido en Sidor comenzó a mermar en 2008 luego de haber alcanzado su capacidad máxima instalada en 2007 de 4,9 millones de toneladas métricas, según datos recopilados en el informe de Cedice.

“El sector briquetero, nacionalícese, no hay nada que discutir”, dijo Chávez en 2009 en un acto con sindicalistas de las empresas básicas de Guayana, año en el que se comenzó la estatización del sector. Así era la forma en que en cadena nacional de radio y televisión ejecutaba su nueva política económica, basada en que los sectores considerados estratégicos para el país debían pasar a manos estatales.

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El modelo

Los lineamientos del modelo están esbozados en el Proyecto Nacional Simón Bolívar o Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013. Este plan contiene las orientaciones a seguir en el proceso de construcción del Socialismo del siglo XXI en Venezuela. Es la primera vez que se indica explícitamente la meta de establecer un nuevo modelo productivo socialista.

“En El Plan Nacional de la Patria se señalaba que uno de los objetivos estratégicos del Gobierno era sustituir la propiedad privada por la propiedad social. Esto era un objetivo ideológico”, recuerda la socióloga Ana María Carrasquero, investigadora de Cedice.

En 2005, la empresa Venepal (Venezolana de Pulpa y Papel) fue expropiada luego de la denuncia de sus trabajadores de la intención de sus dueños de liquidarla. En esta oportunidad, Chávez aseguró que esta expropiación era una “medida de excepción” y que no implicaba una política de Estado. Años después, la realidad evidenció que no fue así.

El Gobierno identificó un conjunto de empresas que fueron calificadas de “inoperativas”, así como grupos de trabajadores dispuestos a participar en su “reactivación”; disposición por cierto fomentada por la propuesta gubernamental de participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas.

A partir de 2006, Chávez enfila la ola de expropiaciones hacia el sector eléctrico, telecomunicaciones, bancario, cementero, comercial y en la industria alimentaria.

En el 2009, los casos más emblemáticos son la planta procesadora de arroz de la empresa Cargill, Café Madrid, Fama de América, Café El Peñón y el Banco de Venezuela. Igualmente, la nacionalización de 60 empresas de actividades petroleras complementarias en el Lago de Maracaibo.

En el 2010, destacan las expropiaciones a la cadena de hipermercados Éxito, Molinos Nacionales (Monaca), Owens Illinois, Sidetur. Entre 2005 y 2011 se expropiaron 1.167 empresas, según estadísticas recopiladas por el Observatorio de la Propiedad de Cedice.

De acuerdo a registros de Conindustria, entre 2002 y 2013 el Gobierno intervino 1.284 empresas. El 40,5% de las expropiaciones ocurrieron en el área de la construcción y 32,3% en el sector industrial. El resto fueron empresas ligadas al petróleo, al comercio y los servicios. Igualmente, Fedecámaras calcula que en todo el país el Gobierno en 12 años expropió unas 1.475 industrias y de ellas, de las pocas que están operando están por debajo del 40% de su capacidad productiva instalada.

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“En el sector industrial en un primer momento se atacaron a las empresas transnacionales. Fueron hacia muchas empresas emblemáticas, porque hay que recordar que está el tema de la política como espectáculo. ‘Vamos a quitarle a los que más tienen para darle a los desposeídos. Estoy golpeando a un poderoso que cree que puede hacer lo que quiera en este país’, eran los mensajes”, acota Carrasquero.

Explica que el resultado de ese control estatal en las principales industrias se observa en la constante y generalizada escasez de productos, hiperinflación, desempleo, cierre de empresas, mayor dependencia de las importaciones, caída de la producción y recesión económica que vive el país desde hace varios años. Además de millones de dólares en demandas ante los tribunales internacionales.

“El monopolio estatal en los sectores productivos e industriales no solo afecta a la exportación petrolera y a la oferta de productos alimenticios, sino también a los planes gubernamentales en infraestructura y servicios”, apunta Carrasquero.

Comunicadora Social egresada de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en Periodismo Digital en la Universidad Monteávila, en Caracas. Cuenta con una amplia experiencia en la fuente económica, especialmente en el área de banca y finanzas públicas. Integró el grupo de periodistas que realizó la investigación de Panamá Papers caso Venezuela.

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