La escandalosa quiebra del banco dominicano -regido por venezolanos- es tan solo un ejemplo en la lista de trampas tendidas con la complicidad de una élite para propiciar la huida de fondos, tanto legales como ilegales.
El 29 de diciembre de 2023 la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, actuando como instancia de casación penal, emitió una nueva sentencia sobre la escandalosa quiebra del banco Peravia.
El texto del fallo solo fue conocido a finales de febrero, acaso debido a su extensión (426 páginas). A pesar de que confirma la condenatoria para cinco de los implicados en este caso, todos dominicanos, deja un sabor agridulce.
Los ejecutivos de la referida entidad financiera Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez fueron condenados a siete años de prisión, más el pago de multas que ascienden hasta los dos millones de pesos dominicanos, equivalentes a casi 34 mil dólares. Un quinto imputado, Paucides Donato Morales, fue condenado a dos anos de prisión. Al igual que los demás, permanece en prisión domiciliaria.
El Ministerio Público y los acusadores privados que representaban a unas cincuenta víctimas-querellantes solicitaron penas que llegaban hasta los veinte años tras las rejas. En el caso de Morales se exigió una pena de diez años.
Pero esto no se concretó. Además, las personas señaladas como principales gestoras de este fraude nunca rindieron cuentas ante la justicia dominicana. Se trataba de los venezolanos Gabriel Arturo Jiménez Aray, quien alguna vez fue catalogado como máximo directivo de la entidad; José Luis Santoro (presidente y principal accionista); Daniel Alejandro Morales Santoro; Lorenzo Alejandro Laviosa López; Luis Manuel Peña Melo y Luis Herrera Valerio.
Peravia abrió sus puertas en 1987. Era un banco pequeño, que operaba en la población de Baní, a 50 kilómetros al suroeste de la capital Santo Domingo. El grupo de venezolanos entró en escena a partir de una transformación llevada a cabo en 2008, cuando comenzó a llamarse Banco Peravia de Ahorro y Crédito.
En ese momento, Venezuela estaba regida por un control de cambio, que no lograba detener la hemorragia de petrodólares. Cabe destacar que, para 2012, el país presidido por Hugo Chávez llegó a ser el segundo exportador de capitales ilegales del hemisferio occidental, solo superado por México, de acuerdo con los cálculos de Global Financial Integrity, una entidad no gubernamental que evalúa los flujos de recursos ilícitos.
Las condenas en el expediente Peravia fueron impuestas por los delitos de uso de documentos falsos, fraude bancario, estafa agravada, abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de activos.
Pero la mejor manera de entender lo que sucedía en este banco quizá mediante la explicación de uno de los acusadores privados, el abogado César Amadeo Peralta:
“Entre las maniobras que utilizaban era que los ahorrantes depositaban, y les entregaban certificados falsos. Eran documentos diferentes a los que tenían autorizados, pero los clientes no lo sabían. Ellos depositaban y recibían un certificado. Otra modalidad era que recibían los depósitos, entregaban certificados, buenos o malos, pero no lo reportaban en su contabilidad al órgano regulador».
«Ellos llevaban doble contabilidad. Por eso un fraude de esa magnitud no podía tener condena de siete años de prisión”.
César Amadeo Peralta, abogado
En conversación con el autor de esta columna, el litigante indicó que los principales exponentes del Banco Peravia hasta el último momento contaron con la complicidad de funcionarios dominicanos.
“Aquí las autoridades estaban muy comprometidas en corrupción con Santoro y Jiménez. Aprobaban y permitían todo ingreso de dinero, y ayudaban a que se los robaran. Y cuando el proceso era insostenible, también avisaron para que se fueran. Por eso ambos salieron de emergencia para Panamá, que era el vuelo más rápido. Y de allí a Venezuela”, recordó.
Jiménez Aray eventualmente se entregó a las autoridades norteamericanas, que también investigaban esta quiebra como un capítulo más dentro de una colosal trama para el expolio del erario público venezolano, con complicidad oficialista. Según el Departamento de Justicia, Peravia era usado por Jiménez Aray y otros integrantes de la llamada “boliburguesía” para legitimar fondos procedentes de sobornos en negociaciones con Petróleos de Venezuela, PDVSA, así como también para pagar el resultado de estas operaciones.
Dinero iba y venía a través del banco dominicano, hasta que en 2014 ocurrió el colapso. Un informe de la Superintendencia de Bancos de la isla indica que, para ese momento, Peravia tenía una cartera de 5.813 ahorristas, y pasivos de 1.640 millones de pesos dominicanos, equivalentes a 27,7 millones de dólares.
En 2018, Jiménez fue condenado por un juzgado de Florida a tres años de prisión. Se suponía que al finalizar este lapso (2021), sería entregado a las autoridades dominicanas. Pero esto tampoco sucedió, y actualmente se encontraría en Chicago, con el compromiso de testificar contra los venezolanos de su estirpe que se asomen por territorio norteamericano.
La permanencia de Jiménez Aray en EEUU es atribuida por Peralta a la escasa vigilancia de las autoridades de su país, que se han contentado con imponer sentencias leves por casos que dejaron enormes daños, tanto financieros como reputacionales para la isla caribeña.
Peravia no fue la única trampa para los dineros que pujaban por salir de una Venezuela con una economía ficticia, altamente tutelada por el Estado.
Mientras esta columna es redactada, otros dos casos en pleno desarrollo pueden ejemplificar lo sucedido: el Banco di Orinoco NV de Curazao y el Nodus Bank de Puerto Rico, que entró en insolvencia a finales de 2023. En ambos, hay grupos de empresarios venezolanos involucrados, que captaban fondos de venezolanos desesperados.
También figuran el Stanford Bank y el Boi Bank, ambos de Antigua; el All Bank de Panamá y la Banca Privada de Andorra, donde permanecen más de $10.000 millones de renta petrolera. El primero de la lista, por cierto, erigió un ampuloso edificio en la “zona financiera” de El Rosal, frente a la Superintendencia Nacional Antidrogas. Paradójicamente, luego de la intervención (2009) este inmueble fue entregado al ministerio para Servicio Penitenciario.
@javiermayorca
Un reporte de la Superintendencia Nacional Antidrogas refleja el incremento en el paso de sustancias ilícitas por el país, y el resurgir de las rutas marítimas para el traslado de los alijos
Venezuela avanza en un año electoral en medio de una compleja relación con factores al margen de la ley. Varios expertos se juntaron para reflexionar sobre este tema de crucial interés
