Este martes, en sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de emplazamiento al Ejecutivo Nacional para el cumplimiento de la Constitución en ocasión al voto de censura al ministro Rodolfo Marco Torres.
El Parlamento insistió en la decisión aprobada el pasado 28 de abril, en la que se autorizó con las tres quintas partes de los diputados presentes el voto de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, por considerarlo parte responsable de la crisis alimentaria que atraviesa el país.
Dado que el presidente Nicolás Maduro desconoció la medida, manifestando públicamente que no destituiría al ministro, la AN lo acusó de violar un mandato constitucional. El presidente del órgano legislativo, el diputado Henry Ramos Allup, explicó que el voto de censura es un mecanismo de control político que, incluso, fue ratificado por una sentencia del Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia del año 2002.
En este sentido, Ramos Allup señaló que el Parlamento tiene la potestad de declarar la responsabilidad política del presidente Maduro en relación a la crisis alimentaria.
El acuerdo establece no solo el rechazo a lo que consideró «una infracción a la Constitución y las Leyes» por parte de Rodolfo Marco Torres y el presidente, sino que también requerirá al Poder Ciudadano las acciones que correspondan para establecer la responsabilidad administrativa.
Además, el Legislativo solicitará al Ministerio Público que efectúe las investigaciones pertinentes para verificar los delitos a los que pueda haber incurrido el ministro y el presidente con el desconocimiento del voto de censura. Por último, insta a los miembros del tren Ejecutivo a desconocer a Marco Torres como ministro.
En el mismo proceso se aprobó el informe emanado de la Comisión Especial para analizar la crisis alimentaria, presidida por el diputado Ismael García, que destaca los niveles de escasez e inflación en el sector y sugiere al Ejecutivo que ante «la situación actual el Gobierno Nacional tome medidas correctivas coherentes que permitan reactivar la producción nacional, y mientras esto ocurre debe garantizar a través del mercado internacional de alimentos el abastecimiento de los mismos en el territorio nacional».
El diputado del Psuv, Gilberto Pinto, cuestionó que el informe se introdujera después de que los parlamentarios de la oposición aprobaran el voto de censura contra el ministro y destacó que cualquier decisión emanada de la Asamblea carece de legalidad, debido a la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ.
Al respecto, Ramos Allup aclaró: «No vamos a acatar ninguna de las sentencias inconstitucionales de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. O que interfieran en la facultades constitucionales de este Parlamento».
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Para el consejero delegado de Syngenta, Erik Fyrwald, la solución de la crisis alimentaria actual pasa por “cultivar más alimentos en menos terreno, y tenemos la tecnología que nos puede ayudar a eso”
