«Hoy Grecia está viviendo una situación casi idéntica a la que nosotros vivimos en 2001″, afirmó la presidenta Cristina Fernández el miércoles en un mensaje a la población por radio y televisión, en el que criticó las políticas neoliberales que «arrastran a los pueblos a la miseria y la desocupación».
Por su parte, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, artífice de la recuperación de Argentina tras el cese de pagos del país en 2001, abogó para que próximamente tenga lugar «una fuerte reestructuración» de la deuda griega para «evitar un conflicto grave» en la Unión Europea.
En una entrevista el martes con The Associated Press, el economista dijo que esa medida es un «punto central» para lograr que Grecia, que se encuentra en mora desde el martes por 1.800 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, salga de la crisis que la golpea desde 2008.
Como ministro de Economía, Lavagna negoció exitosamente durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) la primera reestructuración de la deuda argentina a través de un canje de títulos públicos en 2005. El país sudamericano había entrado en mora de pagos a finales de diciembre de 2001 por unos 100.000 millones de dólares.
Lavagna también ocupó esa cartera durante el gobierno del presidente Eduardo Duhalde (2002) y logró impulsar la recuperación del país, que durante varios años tuvo altas tasas de crecimiento.
El economista de extracción peronista dijo que la renegociación «no es la condición definitiva… pero sí necesaria» para evitar un «conflicto político» en Grecia y el bloque económico europeo.
«La democracia vale más que lo que dicen los mercados», afirmó.
«A veces ayuda tomar decisiones difíciles; ir a decirle al FMI que no queríamos más plata pero que teníamos que reestructurar la deuda no fue algo fácil, pero… darse cuenta de la gravedad que alcanzó la situación ayuda a tomar las decisiones», agregó Lavagna.
El economista puntualizó que las protestas en Atenas «son mucho más pacíficas» que las de Buenos Aires en 2001, en las que murieron personas, y que Argentina no tenía «apoyo internacional», aunque tampoco «las obligaciones de una unión económica y monetaria como la UE».
Desde Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro expresó el miércoles su solidaridad con Atenas ante la compleja situación que está enfrentado, y afirmó que el FMI solo quiere «arrodillar» y «saquear» a ese país europeo.
«Le chupan la sangre por un lado, y cuando necesita oxígeno le quitan la bombona», afirmó Maduro durante un acto en el palacio de gobierno.
Ciudadanos argentinos opinaron que Grecia no debe ceder ante el FMI.
«Aquí pasó lo mismo, las políticas neoliberales hicieron que la gente salga a la calle. Se estaban quitando los derechos», dijo a la AP Mariano Castro, un joven diseñador gráfico.
Por su parte, Jorge Zúñiga, corredor de la Bolsa de Buenos Aires, dijo que «Grecia no tiene que pagar, porque socializar la deuda que se usó para salvar a los bancos es un horror».
El gobierno expresó su solidaridad con Grecia, que restringió el retiro de efectivo de los bancos tal como hizo Argentina en 2001.
El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que Atenas deberá lidiar con fondos especulativos.
«Desde diciembre de 2013 vienen comprando papeles de Grecia, esperando que se arrodille para comerle todo lo que está alrededor», afirmó.
Hace tres años, la justicia de Estados Unidos ordenó a Argentina pagarles a administradoras estadounidenses de capital de riesgo, que el gobierno argentino llama «fondos buitre», unos 1.500 millones de dólares por bonos que Buenos Aires emitió cuando estaba en mora de pagos desde 2001, fallo que el gobierno de Fernández se ha negado a cumplir.
El gobierno argentino alega que esos inversores, que no aceptaron una reestructuración de 2005 y otra realizada en 2010 a las que se adhirió 93% de los acreedores, son especulativos y quieren extorsionar al país.
En junio un fallo de la justicia estadounidense ordenó pagar 5.400 millones de dólares a acreedores que pidieron que se les dé el mismo trato que a los fondos que ganaron su demanda. El gobierno argentino anunció que apelará.
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