«¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?», dice la pregunta, que tiene como respuestas posibles «Sí» o «No» y que figura en el decreto firmado este miércoles.
El escrito añade que, de ganar el «Sí», en el plazo de un año, a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, «a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano».
Apunta que en este plazo, «los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución».
El gobernante prevé que la consulta se realice el 19 de febrero próximo, día en que también se realizarán los comicios presidenciales y legislativos en el país.
Con la consulta, el mandatario busca impedir que funcionarios públicos puedan ejercer sus funciones si tienen bienes o capitales en los denominados paraísos fiscales.
La lucha contra los paraísos fiscales, conocida como «Pacto ético ya», es una cruzada que ha emprendido Correa en su país y en el exterior, pues ha llamado a la comunidad internacional a prohibir ese tipo de regímenes financieros en el mundo.
Ecuador pidió en la última Asamblea General de Naciones Unidas que se prohíban los paraísos fiscales, a los que considera fuentes de corrupción y de desigualdad.
Correa ha denunciado que grupos poderosos de su país han enviado a paraísos fiscales unos 30.000 millones de dólares, recursos que, al no pagar impuestos, han impedido que se genere empleo o se construyan escuelas y hospitales.
La Fiscalía ecuatoriana incluso ha abierto investigaciones contra ex altos cargos de la estatal Petroecuador, acusados de corrupción y de tener cuentas millonarias en paraísos fiscales.
En este caso están bajo investigación varias personas, entre ellas los exgerentes de Petroecuador Alex Bravo y Carlos Pareja, este último también exministro de Hidrocarburos y con orden de búsqueda internacional por Interpol.
La investigación gira en torno al supuesto pago de comisiones o coimas a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales y relacionadas con contratos suscritos entre la petrolera estatal y empresas privadas.
La Fiscalía ha sustentado sus investigaciones también en la información revelada a través de los denominados papeles de Panamá, que ha salpicado a importantes personajes en todo el mundo.
En el decreto, Correa pide comunicar al Consejo Nacional Electoral y a la Corte Constitucional para los fines pertinentes, y que se notifique al Ministerio de Finanzas para que «sitúe los recursos financieros necesarios» para la realización de la consulta.
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"Estos países o territorios no han cumplido, en el plazo convenido, las reformas fiscales a las que se habían comprometido ante la UE", indicó en un comunicado el Consejo de la UE, que también agregó a Palaos y Seychelles
