La Procuraduría General de México informó que fue abierta una investigación en torno a las empresas y personas mexicanas y extranjeras vinculadas al proceso de comercialización de alimentos para las cajas de comida que entregan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a la población venezolana que recibe ese beneficio.
Así lo indicó el procurador especializado en delincuencia organizada, Alonso Lira, quien reveló que han habido irregularidades cometidas por parte de las compañías en suelo mexicano por haber obtenido dineros «desviándolos de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela».
Dijo que el enriquecimiento ilícito ocurrió de tres formas: comprando productos de baja calidad, exportarlos con sobreprecio y la venta al consumidor final se hace con el 112% de su valor.
Recordó que desde 2016, tras la declaración del Estado de Excepción y Emergencia Económica se crearon los CLAP para poder distribuir los alimentos a precios subsidiados a las comunidades que requieren ese beneficio.
«A lo largo de la investigación de diversos operadores encontramos el nombre de Alex N., aparente relacionado con las autoridades de aquel país, así como los identificados como Álvaro N; Emmanuel N; Santiago N y Andrés N, quienes con el propósito de obtener estos productos acuden a países como México para contactar empresas», relató.
En ese sentido, el Ministerio Público de esa nación resolvió lo siguiente:
-Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) la cantidad de $3.000.000, que equivalen a unos 56.000.000 de pesos, destinados a ese organismo de la ONU en América Latina y el Caribe.
-Deben comprometerse a no efectuar ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros con motivo del programa CLAP de Venezuela.
De igual forma, Lira manifestó que fueron encontrados alrededor de 1.300 contenedores llenos de 1.8 toneladas de alimentos que tienen como destino Venezuela y dijo que permitirán la salida del embarque para evitar agravar la crisis humanitaria que hay en nuestra nación, además de que muchos de los productos están próximos a vencerse.
Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso De Alva, señaló que este procedimiento es congruente con la posición del Gobierno de México, «tanto en sus compromisos individuales, como en el Grupo de Lima», por lo que no solo se trata de una operación que involucra actividades ilícitas como la compra de productos de baja calidad.
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