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¿Por qué fracasó la Ley Orgánica de Precios Justos?

FEDERICO PARRA | AFP
18/03/2017
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FOTO: ARCHIVO | AFP

Las políticas públicas se justifican si corrigen las fallas de mercado que impiden lograr el máximo bienestar social. Cualquier política que agrave el problema y degrade el óptimo social debe revisarse e, incluso, anularse antes de que provoque mayores daños a la sociedad.

La política de control de precios reduce la oferta, incrementa la demanda y acelera el agotamiento del stock de bienes con precios controlados, cuestión que genera una creciente escasez que no se resuelve con el racionamiento.

En el diseño y posteriores reformas de la Ley Orgánica de Precios Justos se incurrió en graves fallas de origen, tanto en los postulados teóricos y la doctrina, como en el diseño e instrumentación de los mecanismos institucionales para ejecutar la política de control de precios. Veamos:

- Se confundió inflación con especulación -

Los controles de precios no están diseñados para controlar la inflación. Luego de 14 años de control de precios, la inflación no ha sido contenida. Inflaciones de 56% en 2013, 68% en 2014, 180% en 2015 y extraoficialmente 500% en 2016, demuestran que la política de control de precios no rinde los resultados esperados.

La inflación es un fenómeno económico que se manifiesta en un alza generalizada de los precios, debido a un aumento en los costos de producción o por una expansión de la demanda debido al aumento del consumo privado y/o del gasto del gobierno. Cuando ocurren aumentos de salarios, materias primas, maquinarias, etc. éste incremento en los costos presiona el alza de los precios.

Mientras que la especulación es una práctica ilegal que se manifiesta en la venta de un producto por encima del precio controlado, o en fraudes cometidos a fin de obtener ganancias exorbitantes. Cuando una empresa recibe dólares preferenciales, crea empresas de maletín, simula que son sus proveedoras para importar con sobreprecio, depositar afuera el monto de dólares equivalente a las mercancías que no trajo y fijar el precio de venta con base en el dólar paralelo, allí se está cometiendo un delito de especulación y fraude a la Nación.

- Se dejó de estimular la inversión para penalizar la producción -

En lugar de corregir los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios que desquician la inflación, la política de control de precios atacó el problema como si se tratara de un delito a través de operativos de fiscalización, requisas, remate de mercancías, multas, cierre de empresas y encarcelamiento de sus dueños y gerentes. Pero, en vez de abatir los precios, lo que logró fue alejar la inversión, estimular la fuga de capitales, castigar la producción y generar un creciente desempleo, escasez y empobrecimiento generalizado de la población.

La cobertura de los controles ha sido cada vez mayor. La LOPJ que inicialmente se concentró en fijar los precios de la canasta alimentaria, luego amplió su control y regulación a todos los productos y servicios de la economía, al imponer el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP).

Para hacer cumplir la Ley, además de la Sundde, se nombró un Comando Nacional de Precios Justos y se prohibió a los comerciantes colocar el precio, toda vez que “en adelante será una facultad del Presidente de la República”. Así, la actualización de millares de precios de bienes y servicios tendrá que esperar por la autorización del Comando Nacional de Precios Justos y del primer mandatario.

Con este fin, el Ejecutivo nacional se plantea reforzar los operativos de fiscalización y anunció que “está evaluando un nuevo mecanismo de sistema de precios y una reingeniería de la Sundde”.

- El control de precios como instrumento de dominación política -

La presunción de culpabilidad en contra de la empresa privada degenera en un instrumento de dominación política que sataniza la iniciativa empresarial, inhibe el espíritu emprendedor y desestimula la inversión.

El control se acentúa con la resolución gubernamental que obliga a las empresas públicas y privadas dedicadas a la producción de alimentos, productos de higiene personal y aseo del hogar a vender hasta un 50% de su producción para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Se impone una regulación de los mecanismos y condiciones de las operaciones de compra-venta que antes eran pactados de mutuo acuerdo entre las empresas.

Las empresas convocadas quedan obligadas a participar en la Construcción y Consolidación de un Nuevo Sistema de Distribución y Comercialización de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. La Sundde notifica a las empresas su designación como “Sujeto obligado a la venta priorizada al Pueblo venezolano”, advirtiendo que si se niegan a colocar el porcentaje de rubros a la venta del Estado, serán sancionadas según la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

Adicionalmente, los Clap tienen que identificar las necesidades de las familias e informar a su respectivo Centro Nacional de Mando y Control, quien consolidará la demanda respectiva, en sustitución de las demandas específicas que expresan las verdaderas necesidades de los hogares. Justamente por esta razón, en la bolsa Clap nunca se encuentran todos los productos que la familia necesita, ni todos los productos que contiene son los que suele consumir cada familia.

- Se desmanteló el aparato productivo -

La política de control de precios ha agravado el problema que quiso resolver. La quiebra masiva de empresas en todos los sectores de la actividad económica reduce la densidad empresarial y propicia el surgimiento de monopolios y oligopolios. En mercados poco o nada competitivo se tiende a cartelizar los precios y la política oficial -en lugar de estimular la inversión y la competencia entre millares de empresas que se disputen la preferencia del consumidor ofreciéndole una creciente gama de productos de buena calidad y mejores precios-, insiste en el control de precios y de las ganancias.

El control de precios genera efectos contraproducentes porque no todos los productores tienen el mismo costo, unos son muy competitivos y otros muy ineficientes.

Cuando el precio máximo de venta al público (PMVP) se fija con base en los costos de los productores más competitivos, los ineficientes quedan fuera del mercado, esto reduce el número de competidores y, paradójicamente, se agravan las imperfecciones que propician la cartelización de los precios. Y cuando el PMVP se fija con base en los altos costos de las empresas ineficientes, entonces se facilita la obtención de ganancias extraordinarias a los productores que tienen menores costos y, de todas formas, se castiga al consumidor que no consigue precios solidarios en el mercado.

- No se reconocen los costos de oportunidad ni los costos de reposición -

La LOPJ se basa en la contabilidad de los costos y en la regulación de las ganancias. Por eso no ofrece incentivos para mejorar los procesos productivos, aumentar la productividad y reducir los costos, lo cual daría un margen de maniobra para ofrecer descuentos y mejores los precios al consumidor.

Al imponer un techo sobre la rentabilidad, las empresas optan por la inercia ya que toda innovación que reduzca los costos y aumente las ganancias por encima del máximo establecido será calificado como una violación de la ley. Así se castiga la introducción de nuevas tecnologías para fortalecer la calidad, productividad y competitividad y, al final, esto desemboca en una caída de la producción, desabastecimiento y escasez.

El criterio de contabilidad de costos unitarios no reconoce los costos de reposición ni los costos de oportunidad. Mientras las importaciones públicas se hacen a la tasa Dipro de 10 Bs/$, la mayoría de las importaciones privadas se hacen al tipo de cambio paralelo, pero se obliga a fijar el PVP con base en la tasa Dicom de 700 Bs/$, con lo cual no se toma en cuenta el costo de reposición de los inventarios que se hace con base en el dólar paralelo.

En caso de financiar las importaciones con divisas propias, tampoco se reconoce el costo de oportunidad, y todo esto desemboca en la descapitalización y quiebra de las empresas.

- La LOPJ empobreció a la población -

Con el último decreto, el salario mínimo aumentó de 27.091 a 40.638 bolívares. Con el aumento de Unidad Tributaria de 177 a 300 bolívares también se incrementó el bono de alimentación, equivalente a 12 UT. Al multiplicar 12 UT x 300 Bs/UT x 30 días al mes, el cesta ticket sube de 63.720 a 108.000 bolívares. Y al sumar salario mínimo más cesta ticket, el ingreso integral del trabajador queda en 148.638 bolívares, de los cuales solo 27% corresponde al salario, mientras que 73% es un bono que no vale para el cálculo de las prestaciones sociales, vacaciones, pensiones de jubilación, etc.

Así, en la remuneración de los trabajadores cada vez pesa menos el salario, lo que implica una precarización de la fuerza de trabajo.

El BCV y el INE dejaron de publicar el costo de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) y los únicos datos disponibles son los del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), cuya última medición para enero de 2017 la ubicó en Bs 621.106,98. Esto significa que los trabajadores que reciben el bono de alimentación requieren 4,2 ingresos integrales para comprarla, pero los pensionados que no lo reciben necesitan 15,3 salarios mínimos para adquirirla.

Para pagar el aumento salarial de la nómina pública, el Ejecutivo solicita un crédito adicional que suele ser financiado con emisión de dinero. Al incrementar la liquidez sin el correspondiente aumento en la cantidad de productos que ese dinero sale a comprar, los precios suben nuevamente y pulverizan el aumento decretado. Cuando el costo de la CAF aumenta en mayor proporción que el incremento salarial, esto no solo anula el aumento del año en curso, sino que también devora parte del salario anterior, dejando a las familias en una situación peor, toda vez que nominalmente ganan más bolívares, pero cada vez compran menos.

Como ha quedado demostrado, la política de control de precios lejos de corregir las fallas de mercado las agravó, provocando nuevas y peores distorsiones que se expresan en el recrudecimiento de la escasez, el acaparamiento, la especulación y la inflación.

Por lo tanto, la LOPJ -como expresión del marco legal e institucional de la política de control de precios-, debe ser revisada y derogada para abrirle paso a una actuación más eficiente de los poderes públicos en la corrección de esos flagelos sociales que azotan y atormentan a toda la población.