¿Qué puede hacer la nueva Asamblea en materia económica?

Las mesas de trabajo que arrancaron la semana pasada de la mano del gobierno bajo el paraguas del Consejo Nacional de Economía Productiva, servirá para dar los primeros pasos que el gobierno se negaba.
La caída a 20 dólares el barril de la cesta venezolana no le deja margen al Ejecutivo para seguir maniobrando. Esta es la causa que lleva al gobierno a sentarse con los empresarios para ofrecer respuestas, por primera vez, y no quedarse en solo una exposición de trabas del sector privado.
La nueva Asamblea Nacional tiene un escaso poder en la toma de decisiones de política económica. «No podrá decidir directamente en materia de ejecución práctica en el campo económico y financiero, dado que estas acciones son de competencia exclusiva del Ejecutivo», señala el analista financiero Orlando Zamora.
Sin embargo, puede contribuir en gran medida a presionar y estimular cambios importantes mediante nuevas leyes y/o reformas de las existentes.
El parlamento no podrá actuar en materia cambiaria, comercio exterior, tamaño del sector público, precio de la gasolina; ni tomar atribuciones del Banco Central de Venezuela relacionadas con en el control de la expansión monetaria.
No obstante tiene entre sus atribuciones económico-financieras aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público, legislar en materia institucional financiera, indica Zamora.
Puede decidir sobre legislaciones como la del Bandes y el Fonden, lo que pudiera sincerar y controlar la fragmentación presupuestaria existente, cumpliendo los artículos 313 y 314 de la Constitución.
Restablecer tanto la unidad del tesoro como la de las reservas internacionales (no están concentradas en su totalidad en el BCV), limitar la tenencia de divisas de los fondos financieros antes mencionados e incluso evitar el uso dispendioso con terceros países de divisas por parte de Pdvsa y el Poder Ejecutivo con una ley candado estricta, sugiere quien también fuera jefe de división de Riesgo Cambiario del BCV.
Tal como lo han señalado organizaciones no gubernamentales, economistas, empresarios y la misma oposición, hoy minoría en el parlamento, se puede reorientar el gasto público para hacerlo eficiente.
Con una mayoría calificada como la obtenida el domingo 6 de diciembre, la oposición puede hacer cumplir el artículo 312 de la Constitución con tan sólo dos cambios legales que le restituyan a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público la potestad de limitar la deuda del Estado, y permitir las opiniones vinculantes en esta materia tanto del BCV como a la propia AN, facultades que fueron suspendidas durante el gobierno de Hugo Chávez para endeudarse sin límites.
Zamora sostiene que, entre otras funciones, el poder legislativo puede dictar o modificar leyes que determinen el alcance o estimulen las exportaciones, el fomento industrial, la libre competencia, la seguridad jurídica de inversionistas, leyes de repatriación de capitales, de pequeña y mediana industria, y de costos y precios justos.
La Asamblea puede exigir a las instituciones que han dejado de publicar estadísticas, que divulguen data económica como inflación, balanza de pagos, PIB, escasez, así como hacer un seguimiento a la gestión administrativas de ministerios y otros ente públicos.
Un triunfo opositor con una mayoría calificada hace pensar que son muchos los cambios que se podrán concretar. «Pero mientras no se produzca un viraje en el rumbo económico, sólo posible, con cambios en el modelo y en la composición del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo al actual presidente de la República por vía constitucional», el objetivo no luce cercano.
Más aún cuando el gobierno no acepta la derrota y por el contrario promete radicalizar más sus acciones en el combate de lo que llama «guerra económica», y a la que responsabiliza de todos los males económicos del país.
El Ejecutivo nacional se empeña en atacar las consecuencias y no las causas del problema, que se centra en un modelo intervencionista y de controles que ha provocado enormes distorsiones económicas que llevan al país por la ruta de la hiperinflación en medio de la más profunda recesión de los tiempos modernos.

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