La resolución más concreta que se preparará en los próximos días sí se votará en un Consejo Permanente de la OEA, confirmó De Alba.
El documento acordado se limita a emplazar a la OEA a «seguir examinando opciones, con la participación de todas las partes en Venezuela, para apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho dentro del marco constitucional venezolano».
«Coincidimos en la necesidad de que encontremos propuestas concretas para definir un curso de acción que coadyuve a identificar soluciones diplomáticas, en el menor plazo posible, en el marco institucional de nuestra organización y a través de consultas incluyentes con todos los Estados miembros», agrega el texto.
Entre los firmantes del texto están Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Jamaica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Barbados y Guyana, según confirmaron a Efe fuentes diplomáticas.
El texto solo tiene tres puntos y no incluye las demandas de fijar un calendario electoral, liberar «presos políticos» y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional de Venezuela, que sí recoge la declaración conjunta de 14 países publicada el pasado jueves.
Esos 14 países son Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
De Alba, al que se atribuye el liderazgo del llamado «grupo de los 15» países preocupados por Venezuela en la OEA, planteó analizar periódicamente, con plazos no mayores a un mes, la situación en Venezuela y la evolución de los distintos esfuerzos de mediación que se den entre el Gobierno y la oposición.
Otra de las delegaciones que fue contundente en su exposición fue la de Estados Unidos, que representó el subsecretario adjunto para Latinoamérica Michael Fitzpatrick.
El diplomático resumió las propuestas que están sobre la mesa: establecer un grupo de amigos, enviar una delegación a Venezuela para hablar «con todos los involucrados» y una mesa de trabajo que dé seguimiento al tema en la OEA.
La delegación venezolana «rechazó tajantemente» lo ocurrido en la sesión de este martes.
Al inicio de la jornada
Tras una votación de 20 países a favor y solo Surinam en contra, el Consejo Permanente de la OEA aprobó el primer punto de la agenda de este martes, que preveía iniciar una discusión acerca de la situación de Venezuela y la posible aplicación de la Carta Democrática en nuestro país.
A pesar de esto, el embajador representante de Venezuela en el organismo, Samuel Moncada, pidió no celebrar la sesión prevista al considerar que es un «acto grotesco de presión» y tiene «carácter intervencionista».
Uno de los puntos que Moncada reclamaba era que el carácter de la sesión era que a juicio del Gobierno venezolano significaba «violentar» el artículo 1 de la OEA, que habla acerca de la no injerencia de ese organismo en asuntos internos de cada nación.
Se ha consumado una flagrante violación de los principios de esta organización», protestó el vicecanciller Samuel Moncada, denunciando un intento de «intervención en los asuntos internos de su país».
«Están cometiendo una violación en nuestros asuntos internos», dijo.
Por su parte, el subsecretario de Estado adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, indicó que su país no busca la suspensión inmediata de Venezuela de la OEA, sino más bien «alienta a Venezuela a participar en una discusión productiva sobre formas de resolver la crisis económica y humanitaria».
Para Fitzpatrick, el que haya habido un consenso de la mayoría de los países en la OEA resulta «agradable», ya que considera que los países tomaron a ese organismo como el «foro apropiado» para discutir la situación venezolana. Venezuela fue respalda especialmente por Nicaragua y Bolivia, que durante casi una hora presentaron objeciones legales a la realización de la reunión.
La convocatoria hecha por 18 países de la organización, estaba impulsada por 14 de ellos que urgieron en la pasada reunión una declaración conjunta a Venezuela a liberar los «presos políticos» y a fijar un calendario de elecciones.
El gobierno venezolano consideró el documento un «acoso» contra el presidente Nicolás Maduro.
Con información de EFE y AFP
En desarrollo…
