La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que son 43 las víctimas fatales por la represión oficial durante las manifestaciones convocadas por diferentes partidos políticos y por los sucesos que se han registrado durante las mismas fechas. Sin embargo, los diputados de la Asamblea Nacional (AN), que sesionaron en Parque Miranda, aseguraron que hasta el 27 de abril son 29 venezolanos fallecidos.
Y por otro lado, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registra 55 muertes en total. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han llamado a los ciudadanos para que se manifiesten, en las calles, contra el Ejecutivo. Como respuesta, políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocaron a sus simpatizantes en apoyo al presidente Nicolás Maduro.
Con excepciones como la Marcha del Silencio, en Caracas, los marchantes han sido víctimas de la represión oficial en cada concentración.
El primer asesinado fue Jairo Ortiz, estudiante de 19 años, en la Urbanización Montaña Alta la noche del 6 de abril. Un funcionario del servicio de tránsito terrestre de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le disparó en el pecho.
Según los informes de las ONG, disparos con arma de fuego en la cabeza, tórax, nuca, piernas o abdomen son las causas más comunes entre los asesinados; sin embargo, el uso de bombas lacrimógenas también ha traído consecuencias mortales.
Un caso conocido fue el de Ricarda de Lourdes González de 87 años el 10 de abril. La mujer se asfixió por los gases lacrimógenos que entraron a su apartamento en Colinas de Bello Monte, Caracas.
Asimismo, 11 de las muertes sucedieron durante los saqueos y disturbios ocurridos en la noche del jueves 20 y la madrugada del viernes 21 de abril en la calle Cajigal de El Valle.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, anunció desde su cuenta de Twitter el asesinato de varios manifestantes y ha difundido la posición oficial de la Defensoría ante los hechos violentos sucedidos en las marchas.
Mientras, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) le atribuye responsabilidad a agentes de seguridad del Estado.
En El Estímulo recordamos a todas las víctimas mortales durante las manifestaciones.
