La diplomática, en declaraciones recogidas por el diario local El Comercio, tildó la decisión del Ejecutivo como una “medida agresiva”, pues, a su juicio, la exigencia del documento supondría mayores trabas ante el flujo migratorio de venezolanos hacia ese país.
«Pueden entrar incluso en situación irregular y esto los hace más propensos a caer en redes de trata de personas o de tráfico de migrantes», indicó.
Benavides hizo un llamado al gobierno local para que estudie una serie de alternativas a la petición ya presentada.
Asimismo, la funcionaria apuntó directamente hacia el ministerio del Interior, así como a la Cancillería ecuatoriana, para que revisen la medida, pues, acotó, esta no se ajusta a la Ley para la Movilidad Humana ni tampoco a la Constitución de su país.
La representante de la Defensoría del Pueblo agregó que desde su despacho están «haciendo una valoración y vamos a utilizar nuestras competencias constitucionales para otorgar garantías».
Este jueves, el ministro del Interior de Ecuador, Mauro Toscani, anunció que a partir de este 18 de agosto no se permitirá la entrada a ese país a los venezolanos que ingresen sin pasaporte, medida que afecta directamente a los migrantes venezolanos debido a que muchos de ellos llegan a esa nación solamente con la Cédula de Identidad.]]>