Cuando la protesta se mete en tu casa

“¡Auxilio!”. La desesperación venció a Isaac. No se tragó los gritos. A sus nueve años de edad no le han enseñado a lidiar con el conflicto. Menos con el lagrimeo y el escozor causado por el gas. Tuvo que gritar. Él creía que iba a vomitar. El vapor lacrimógeno inundó su piel y mucosas, lo sorprendió mientras veía la tele. Primero sonaron los perdigonazos contra los vidrios del apartamento en el que vive en Bello Monte, después el estallido que resonó cuando los guardias o la policía dispararon las bombas. El susto del niño ocurrió el lunes 10 de abril de 2017. Ese día la oposición llamó a concentrarse en la Plaza Brión de Chacaíto. De allí los manifestantes se movieron a la autopista Francisco Fajardo. Escaló la violencia. Cruzaron el cauce del río Guaire y el enfrentamiento entre ellos y los cuerpos de seguridad del Estado terminó en su urbanización.
No valió que el niño se tapara la cara con un tapaboca. Ni los 20 paños impregnados de vinagre que utilizó su abuela Ana Prieto ese día. “Nos dispararon directo”, afirma ella sobre los perdigonazos que tronaron en su ventana. “Los vimos hacerlo”, agrega al referirse a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Todavía tiene la voz ronca por las bombas. Adriana Pietro, otra vecina, se señala los ojos hinchados y afirma: “Los niños lloran, gritan, se desesperan, se asfixian”. En Bello Monte, al día siguiente de la refriega, todavía olía turbio, ácido. Las mujeres aseguran que es una zona residencial en la que viven muchas personas mayores. Ellos y los niños son los más vulnerables. En uno de los edificios al comienzo de la avenida Miguel Ángel tuvieron que llevar a todas las personas mayores a la terraza para que pudieran respirar. En otro se corrió el rumor de que una señora de 87 años llamada Ricarda de Lourdes González, había muerto por asfixia, aunque su hija luego lo desmintió.
De esa tarde-noche violenta, Ana Prieto conserva un souvenir: una bomba lacrimógena sin explotar. Los cartuchos que sí habían detonado estaban esparcidos por la calle. Inti Rodríguez, defensor de Derechos Humanos en Provea, asegura sin dar cabida a la duda que no se trata de un hecho aislado y mucho menos de un daño colateral. Tampoco de una actividad individual de un funcionario al que se le fue la mano: “Atacar edificios o zonas residenciales es un patrón de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado desde 2013, cuando comenzaron las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales de ese año. En eso incurre la PNB, la Guardia Nacional y las policías regionales, en coordinación con agrupaciones paramilitares”.


Es una historia repetida, ya vivida en al menos 14 estados, donde se realizaron protestas en rechazo a las políticas del Gobierno entre los meses de febrero y mayo de 2014. De acuerdo con la información recopilada por Provea y otras ocho ONG, ese año hubo más de 600 ataques contra residencias de todo el país. El uso indiscriminado de la fuerza pública en 2017 se ha extendido a Centros Comerciales e instituciones médicas como el Centro Profesional Las Mercedes, del que hubo que sacar a un bebé de un mes de nacido asfixiado por los gases. El Estado está obligado a proteger este tipo de establecimientos, el personal médico y la infraestructura, con el fin de garantizar la atención a los pacientes.
Saña y desproporción de fuerza
La intimidación, el acoso y la agresión son sistemáticos. El hostigamiento hacia un determinado sector también. Los habitantes de las residencias Terrazas del Paraíso jugaron al gato y al ratón con la GNB durante varios días a principios de abril. Hasta el 10, cuando vieron a los militares entrar sin ninguna orden a su residencia. Ricardo Márquez, habitante del conjunto, dice que la incursión ocurrió alrededor de las 10:00 pm, permanecieron unos 20 minutos dentro de las áreas comunes y luego se retiraron, para dar paso a los colectivos armados que también habrían pasado disparando por esa zona de la avenida Páez. “Había gente asfixiada, pero no dejaban entrar ambulancias. Eso es ilegal, para allanar debe haber una orden judicial, un fiscal y estar presente el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), pero aquí no fue así. Denunciarlos para qué”, alega resignado. En la reja que da entrada al conjunto están marcados los perdigonazos; y la puerta de vidrio de una de las torres está agrietada por el impacto de una de las bombas lacrimógenas.
Esa noche los habitantes de El Paraíso habían alzado una barricada atravesada en la avenida Páez, pero no eran solo ellos. Las candelitas estaban prendidas en el Puente 9 de diciembre y en la avenida Las Fuentes. También en  Puente Hierro y Roca Tarpeya; y en el asfalto se conservan las marcas de la basura quemada para impedir el paso de los vehículos.

El 11 de abril 2017, un árbol humeaba a la altura del Multiplaza. Estefanía tenía la nariz y los pómulos enrojecidos. El bombardeo con los gases comenzó antes de la incursión de los guardias dentro de su residencia. Ella se tapó la cara y caminó hacia el pasillo buscando escapar de sus efectos, pero fue infructuoso. La noche en que la protesta se metió en su casa ella tenía planes de ir al cine y no pudo. “Mueránse”, gritaban desde las ventanas a la guardia. La bulla se hizo más fuerte con un cacerolazo.
“De ninguna manera forma parte de la acción de las fuerzas del orden público este tipo de acciones. Incluso, si llegaran a resguardar dentro de una vivienda a un manifestante no pueden ingresar por la fuerza, reventando portones, sin ningún tipo de orden y lanzando gases de forma indiscriminada. No pueden violentar espacios residenciales. Ni ir indiscriminadamente contra todas las personas. No está entre sus facultades. Hay un uso desproporcionado de la fuerza”, explica Feliciano Reyna, director de la ONG Civilis Derechos Humanos. Hace además una acotación sobre el modo en el que repelen las protestas: “Si por alguna razón la marcha se torna violenta, eso no hace a toda la manifestación violenta”.
No prescriben
Rodríguez, de Provea, insiste en dos puntos: el uso de sustancias tóxicas para repeler manifestaciones pacíficas está prohibido en la Constitución; y en el caso de que la protesta derive en agresiones se podrá utilizar alguna sustancia con la intención de disuadir, siempre que se cause el menor daño posible a la población. Aplica entonces el principio del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. “Pero lo que hemos visto es que los gases no buscan disuadir. Todo lo contrario, son para causar daño”.
El 4 de abril fue la primera envestida sobre la avenida Libertador y las calles aledañas. Ese día Luisana, la bebé de tres años de Ismelia Viera, sufrió las consecuencias del uso indiscriminado de lacrimógenas. Esa noche no pudo dormir porque tenía el “pecho trancado”, lo que terminó siendo una crisis asmática. A primera hora del miércoles 5 de abril llegó la ambulancia a aplicar los primeros auxilios, pero en la noche sufrió otra crisis, tan fuerte que la atención médica se prolongó durante cinco horas. Ismelia asegura que su bebé no fue la única, más de ocho viejitos de su edificio también se asfixiaron: “Por toda la cuadra la gente tiene las vías respiratorias congestionadas”. En su torre ayudaban a quienes podían con agua y vinagre. Lo mismo que Ana Pietro en su calle de Bello Monte. Allá, además de agua, les dieron a los jóvenes que enfrentaron a la guardia sánduches, agua y café: “Es difícil, en estos tiempos en que no hay pan, ni arepas, pero se hizo el esfuerzo. Todos los vecinos colaboramos con algo”. Sin miedo. Pese a que en 2014 se registraron detenciones de vecinos por el solo hecho de ayudar.

En Terrazas del Ávila, Chacao y Altamira también se han registrado casos de la GNB o la PNB disparando gases directamente a los edificios. Para algunos vecinos, como Luis Guevara de El Paraíso, esta es la manera de los cuerpos de seguridad de provocar a los manifestantes y aumentar la escalada de violencia. “Hemos visto una andanada de tal desproporción con efectos muy graves. Estos funcionarios incurren en delitos que tienen que ver con violaciones de Derechos Humanos, que tendrán consecuencias en su momento. Ellos pueden negarse a obedecer, porque la responsabilidad en estos casos es individual. No opera la obediencia ciega”, concluye Reyna.
Una anciana de 83 años le da la razón. Ella se gastó todo el vinagre que tenía en su casa después de la manifestación del 8 de abril. Ese día la Guardia la tomó contra los edificios residenciales de La Campiña en su afán de detener a quienes buscaban abrirse paso para llegar hasta la Defensoría del Pueblo. Estaba juntando los ingredientes para cocinarse una sopa; pero todo quedó frío y ella se encogía ante el “pum, pum, pum” de las bombas frente a su ventana.
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