Impotencia e impunidad: la tragedia de Los Cotorros no termina

Un año ya ha pasado desde que el gas lacrimógeno se apoderó del Club Social El Paraíso y cobró la vida de 19 adolescentes. Los familiares y amigos de las víctimas mortales lo sienten como si hubiese sido ayer; lloran con desconsuelo y claman porque la justicia –del hombre y la divina– caiga en los responsables de aquella tragedia, aunque ninguna de las dos les devuelva el tesoro que perdieron 

La puerta que sirve de entrada al Club Social El Paraíso, comúnmente llamado club de Los Cotorros, permanece cerrada desde hace un año. En la superficie fría del acero, aún subsisten los nombres de algunos de los caídos la noche del 15 de junio de 2018; mientras que los rostros de quienes hoy ya no están revisten la fachada del lugar. Flores, santos y cruces completan la decoración.

Como si no hubiese pasado el tiempo, las lágrimas se congregan. El dolor sigue intacto. Y entre abrazos y sollozos, un rosario es elevado al cielo por los familiares de las víctimas mortales en el aniversario de aquella tragedia.  

LosCotorros-cita3Edilia Rosario, madre de Félix Contreras, tiene los ojos pequeños e hinchados. Su cara, rojiza, evidencia las horas que le ha invertido al llanto. En su memoria, la agonía de aquella madrugada no se borra. “Una vecina fue hasta mi casa y me dijo que en la fiesta donde estaban se había presentado un problema; me dijo que lo fuera a buscar, pero no me dijo que estaba muerto, solo que no podía respirar”.

Camino al club, Rosario recuerda haber visto a muchos jóvenes ahogados, algunos clamando por ayuda, mientras que otros estaban desmayados. Poco antes de llegar a la escena, le informaron que las víctimas estaban siendo llevadas por la GNB y el Cicpc hasta el hospital Pérez Carreño. “Nos permitieron la entrada a la morgue y verificamos que ahí no estaba; luego vimos que entre los que estaban con vida tampoco estaba y nos dijeron que fuésemos al Cicpc de El Paraíso”. 

En la subdelegación le informaron que los jóvenes que no fueron trasladados al Pérez Carreño eran aquellos que habían muerto producto de la asfixia con la bomba; esos estaban siendo recibidos en la Clínica Popular El Paraíso, anteriormente sede del Instituto Venezolano del Seguro Social. Félix Eduardo Contreras Rosario integraba la lista de occisos. “En el expediente aparece que la causa de muerte fue asfixia mecánica, y en la morgue hablaron conmigo y me dijeron que tenía el 99% de las vías respiratorias quemadas”. 

Félix tenía 19 años, estudiaba Comercio Exterior y Música. En la plataforma digital Youtube había montado un disco que había grabado. Quince días antes del accidente se había convertido en papá. 

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“A raíz de lo que sucedió la vida ya no es lo que era la vida”. Un año después de la muerte, la familia Contreras Rosario aún no se acostumbra a la pérdida. Edilia asegura que han buscado ayuda en especialistas para poder sobrellevar la situación, “pero es un golpe que uno nunca va a asumir”. 

Diana Altuve reconoce que para superar la muerte de sus hermanos Cristóbal y Marcos, la familia ha sido el apoyo incondicional. Mantiene siempre presente los buenos momentos y sus sueños truncados de ser grandeligas. 

De la tragedia poco quiere rememorar, pues todavía le reprocha a los amigos de sus hermanos que no le comunicaran al momento lo que había ocurrido. Ella y sus padres se enteraron a las 10 de la mañana del 16 de junio, cuando un vecino tocó la puerta de su casa en Antímano para comunicarle que en las redes sociales rodaba un video donde uno de sus hermanos aparecía inconsciente. “Imagino que lo grabó uno de los (amigos) que andaban con ellos”.

Al igual que Edilia, la familia Altuve se dirigió hasta el hospital Pérez Carreño, pero ahí ni Marcos ni Cristóbal se encontraban. Por la hora, los fallecidos ya habían sido trasladados hasta la morgue de Bello Monte. El papá de Diana los reconoció.

Marcos tenía 18 años, esperaba su título de bachiller y murió de asfixia mecánica y un edema cerebral; Cristóbal tenía 17 y la causa de muerte fue asfixia mecánica. Ambos habían decidido ir a un sound car que se desarrollaría en Caricuao, lugar en el que hacían vida social pues estudiaban en la parroquia. La familia desconoce cómo llegaron hasta El Paraíso. “Me dijeron que nunca vinieron para acá, que fueron a una fiesta en El Guarataro. Yo sé que es difícil, pero más vale que le digan a uno la verdad porque estuvimos un corre, corre”. 

Justicia tardía 

Austria es madre de Elvira Gómez, de 18 años en ese entonces, y Giannina Gómez, de 14 años. Sus hijas salieron junto a unos amigos a la fiesta que se había publicitado. A la media noche, una llamada informó a José Gómez, padre de las niñas, y a Austria que algo no estaba bien. Giannina llegó a la clínica Loira sin signos vitales, mientras que Elvira estuvo 12 días en terapia intensiva; despertó y los médicos lo consideran un milagro. 

Desde entonces, la familia Gómez Suárez siguen de cerca las pesquisas; una telaraña que crece con el pasar del tiempo y no parece tener pronta solución. “Ellos entran con su mejor sonrisa. Entran frescos. Entran riéndose cuando los pasan a juicio”, exclama Austria con impotencia e indignación cuando se refiere a los jóvenes responsables de la tragedia. 

Gilberto Alejandro Petit Quintero (20 años), Wiston Alexis Sánchez (18 años), Arístides Daniel Marrero (17 años), José David Rodríguez Sánchez (17 años), Andrés Ernesto Ulichi Viera (18 años), María de los Ángeles Arcia (19 años) y Wilmer Acosta, según las autoridades, tienen responsabilidad en la desgracia suscitada el 15 de junio de 2018 durante la fiesta que se desarrollaba en el lugar y que había sido publicitada bajo el nombre The Legacy. 

Testigos indican que durante la celebración, una discusión se generó en las cercanías del baño de caballeros. Aunque los encargados de la logística intentaron mitigar la situación, el conflicto pasó de insultos, amenazas y botellas rotas a la explosión de una bomba monofásica en un ambiente que tenía capacidad para no más de 300 personas, pero que albergaba a unos 500 jóvenes, según dijo entonces el ministro Néstor Reverol.

LosCotorros-cita2Hasta ahora, tan solo Winston Sánchez -detenido cuando tenía 17 años- y Arístides Marrero, dos de los cuatro menores de edad acusados, han reconocido su participación en los hechos que suscitaron la muerte de 19 adolescentes. Los jóvenes fueron captados por un circuito cerrado cuando accionaron la bomba lacrimógena y sacaron un arma de fuego con el objetivo de impedir que los asistentes del evento salieran del salón en el que el gas se esparcía. José David Rodríguez y Andrés Ulichi –también apresado cuando tenía 17 años- aún no han reconocido su responsabilidad en la tragedia “porque dicen que no estaban con ellos, que no se conocen”.

No obstante, testigos y sobrevivientes aseguran que los cuatro muchachos llegaron juntos al Hospital Pérez Carreño en busca de dos amigos que habían perdido entre la avalancha. “Ellos van a buscar a los chamos y ahí es cuando la guardia los agarra. La gente que estaba ahí dijo ‘son ellos, ellos eran los que tenían la bomba’”, explica Austria. 

Por su parte, a Gilberto Petit, detenido cuando tenía 19 años, le acarrean “los 19 muertos, uso de menores para delinquir y uso de arma de guerra”. No quiere admitir los hechos “porque dice que no explotó la bomba, solo que la llevó”. La Fiscalía solicitó una condena de 30 años para él.

Según la acusación, María de los Ángeles tiene responsabilidad como organizadora del evento pese a que el mismo no era de ella sino de su hermanastro, Jesús Navas. Sin embargo, su participación en la logística de la fiesta la comprometió pues fue quien firmó los contratos, prestó sus cuentas y cobró entradas en la puerta del club. “El organizador es el hermano, Jesús Navas, pero él no se involucró en nada, no firmó ningún documento. Él no sale reflejado como promotor de la fiesta, sino María”. Luego de los sucesos, “ella sabía de su orden de aprehensión y fue a la sede del Cicpc en la avenida Urdaneta y se entregó”. La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión.

Wilmer Acosta es el último de esta lista de acusados. Su vínculo con la tragedia se resume en su firma en el contrato de seguridad; logística que los sobrevivientes aseguran nunca existió. “A nosotros nunca nos revisaron al entrar”, enfatiza Elvira. Sin embargo, las autoridades no han dado con el paradero de Acosta. “La Fiscalía sospecha que salió del país, pidieron al Saime los registros del control migratorio, pero el Saime no los tiene. Y no pueden dar una orden de Interpol porque no saben quiénes son los que salieron. Hay que esperar a algún operativo o redada para que caiga. La Fiscalía piensa que él ya se fue”, explica Austria. 

Los representantes de los afectados concentran su atención en el caso de los más jóvenes, pues aunque dos de ellos ya cumplieron 18 años la norma con las que se les condenaría es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna). 

Winston Alexis Sánchez, Arístides Daniel Marrero, José David Rodríguez Sánchez y Andrés Ernesto Ulichi Viera, a diferencia de quienes ya eran mayores de edad en aquel entonces y que enfrentan una posible condena de más de veinte años de prisión, podrían ser castigados con tan solo “un año de presentación y ocho meses de trabajo comunitario”.

Luis Izquiel, abogado penalista, señala que esto se debe a que “hay dos conjuntos de normas que aplican si eres mayor o eres menor. Si eres mayor básicamente aplica el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal; las penas establecidas ahí aplican a toda persona mayor de 18 años que cometió alguno de los delitos establecidos ahí. Para los menores de 18 años se rigen por la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente (Lopnna) y el máximo de pena son diez años. No importa que luego cumplan 18 años porque lo que importa es la fecha en la que cometieron el delito; sin embargo, sí va a importar si cumplen la mayoría de edad es el sitio en el que pagan la pena. Por ejemplo: si cometiste un delito teniendo 16 años, pagas en un retén de menores, pero cuando cumplas la mayoría de edad pasas a una cárcel formal”. 

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Asimismo, Austria Suárez indica que la defensa, que lleva el caso de los cuatro menores, solicita constantemente la liberación de los acusados. Suárez, que ha podido entrar a todas las audiencias porque -a diferencia de su esposo- no es testigo referencial, añade que la juez podría concederla porque “ya vence el periodo para que el juicio cerrara”.

Por otro lado, del propietario del club poco se sabe. La abogada Verónica Mendoza, madre del sobreviviente Santiago Omaña, indica que se les ha informado que es una mujer la dueña del lugar, pero que se encuentra fuera del país; mientras tanto un representante de la misma es quien se encarga de los contratos para la realización de eventos. Señala que se ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Fiscalía que se inicie una investigación contra la propietaria y su encargado, por alquilar el establecimiento sin contar con las condiciones apropiadas para el desarrollo de fiestas; recuerda que el club no contaba con salidas de emergencias visibles al momento de la tragedia. “Tenemos conocimiento que se fue del país, pero que dejó un encargado y ese no está imputado”.

Mendoza alega que en varias oportunidades ha pasado los fines de semana por el club y se ha percatado de que hay actividad, pese a que tiene una orden de clausura. Austria Suárez explica que aún no lo ha podido confirmar y que la Fiscalía indicó que “el sitio sí lo pueden abrir porque es como si hicieran una fiesta en tu casa y hay un asesinato, ‘¿usted va presa?’. Yo le dije: ‘no iré presa, pero sí abren investigaciones’”. Aunque esperan que el Club Social El Paraíso se mantenga clausurado, los padres de las víctimas aseguran que por los momentos ese no es su norte. 

El dolor jamás sanará

Benito Paz llora a las afueras del club. Su hija menor, Adrianni Paz, murió por asfixia mecánica. Tan solo tenía 16 años. 

Admite que lo que ha vivido los últimos 12 meses ha sido duro y no se lo desea a nadie. No halla todavía cómo recuperarse de tan grande pérdida. “Hay que vivirlo en carne propia para saber lo que se siente. Era mi única hembra, la menor”.

LosCotorros-cita1Paz no cree en la justicia, no cree que el caso le brinde serenidad. “Yo te voy a ser claro: la justicia tiene uno que tomarla por sus propias manos porque esa ‘justicia’ lo ponen a pagar un tiempito y pa’ la calle. ¿De qué sirve? No aplica la ley como es”.

Mientras tanto, Richard Castro, padre de Angie Castro, a veces deja que la vida siga “y se mete en el día a día; pero, no hay un momento de la vida que uno no recuerde que no le llegue la nostalgia”. Se aferra más a la justicia divina, aunque considera que la del hombre debe ejercerse también. Mas no coincide con la venezolana, pues para él seis años es poco para “un evento que es de esta magnitud. Hay otros países que hasta por maltrato animal dan 10 años”.  

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Austria Suárez insiste en que la lucha continúa así se quede ella sola reclamando la justicia, debido a que varios familiares -tras lo ocurrido- ya han dejado el país. Un ejemplo de ello es Lucy Castellanos, madre de Angie Castro, quien emigró a Argentina luego del suceso. Hace un año declaró para Clímax que la crisis la alejó de su hija mayor, y la falta de cumplimiento en las leyes le arrebató a su hija menor.