Inocencia interrumpida: un caso de pedofilia

El caso que soliviantó las comunidades estudiantiles de dos empingorotados colegios de Caracas —que se elevan, como jaculatorias, dentro de las huestes de los Legionarios de Cristo— fue una gran noticia. Ni Jesús, mucho menos el desprestigiado sacerdote Marcial Maciel, ha podido, desde el cielo, extinguir la chispa que, desde el último trimestre de 2010, caldea el qué dirán. Sí, un corro, alrededor de los afectados, teje un rosario de chismes e imprecaciones en altos decibeles. “No hemos querido alzar nuestras voces en virtud del drama que sufren las niñas. Ha sido una manera no solo de protegerlas, sino también de garantizar sus prontas recuperaciones. Pero han dicho muchas mentiras. Nosotros no imputamos. No demandamos, solo nos plegamos a la delación que, la Fiscalía 98, presentó en tribunales”, rompe el mutismo Jesús Loreto, representante jurídico de la defensa. Mientras Ministerio Público, abogados y especialistas desgarran en jirones el velo que cubre el drama de cinco pequeñas, un sino de desprestigio, estupor y pecado arrebuja a dolientes e imputados. Y pecado hay. Uno al que Dante, en su Divina comedia, condenó de nefando; uno cuyos prosélitos y adictos se calcinan, como Cleopatra y Tristán, en las piras del segundo círculo del Infierno: la lujuria. “Era una familia que, a simple vista, lucía normal, atenta y religiosa. Nunca pensé que terminaría involucrada en un crimen tan espantoso”, farfulla tras las bambalinas del anonimato un amigo de los acusados. Y a pesar de que los dos posibles autores del delito, persuadidos por el tráfago de las investigaciones, juran en sus treces ser blanco de la maledicencia y de la infamia, uno se engarza el sambenito de “prófugo de la justicia” y otro limpia su culpa en el Instituto Nacional Orientación Femenina —INOF. Por haber libado del veneno de la concupiscencia, por no haber reprimido su pecaminoso influjo y por haber sucumbido a la embriaguez de sus supuestas pasiones carnales hacia chiquillos; o sea: por pedofilia, la espada de Damocles amenaza sobre ellos.

“Lo que nos ha ocurrido no tiene explicación. Es absurdo e impensable para todo aquel que nos conoce y, muy probablemente, será algo que nos perseguirá a lo largo de nuestra existencia”, rumia su congoja en una carta Óscar Castillo, esposo de Luisa Ferreira: el matrimonio que, de acuerdo al expediente № C-16.132-11 del Tribunal 33 de Primera Instancia, arrostra, desde junio de 2011, los cargos de abuso sexual a niñas y uso de menores para delinquir. “Escribo esto para tratar de sensibilizarlo a Ud. (…) e informarlo de la gran cantidad de abusos y violaciones a nuestros derechos, que en todo este proceso se ha cometido contra nosotros. Esta pesadilla se inicia cuando mi esposa y yo solicitamos a la directora del colegio de mi hija (…) una reunión porque nos manifestó que estaba siendo agredida y aislada por un grupo de niñas de su salón de clase. Le planteamos que por favor nos ayudara a restablecer una dinámica sana de interacción (…). Días más tarde, específicamente el 13 de junio, somos citados por el colegio y se nos informa que la ‘guía espiritual y líder en formación religiosa’ (…) conversó con el grupo de niñas que estaba agrediendo y maltratando a la nuestra. Ellas le manifestaron que, en el mes de enero de 2011, cuando visitaron nuestro hogar, habían sido objeto de abuso sexual”, extienda Castillo, a manera de exordio, la intrincada tropelia de los acontecimientos.

Era 28 de enero de 2011. Nada en esa mañana hacía presentir la desgracia que se anunciaría. Las niñas irían a recibir sus lecciones de matemáticas y ciencias, tributarían a la Virgen con sus plegarias y oraciones y desatarían, por qué no, sus infantiles correteos —un, dos tres…pollito inglés— en los pasillos y campos de la escuela. Cuando hubo culminada la jornada de lápices, sacapuntas y tareas, una de las seis amiguitas les recordó a sus íntimas el agasajo que al día anterior habíales ofrecido: hamburguesas y una tarde de goce: “me su, me su, me subo a la cama tiro la maleta”. Su madre, Luisa Ferreira, las pasaría buscando junto a su primogénito de 12 y las llevaría a Mc Donald’s. Al terminar el almuerzo, aún con los regalitos de la cajita feliz en los regazos, fueron a la casa de la anfitriona. Hizo sentarlas en la alfombra de su salón para que contemplaran no solo la película preferida de sus dos vástagos, sino también la desfloración de su ingenuidad, de su pureza. Así comenzó el horror: “…cada una de las víctimas expresó ‘era muy fea (…) aparece gente desnuda haciendo cosas feas’, en este momento el niño estaba sentado en el sofá tocándose sus genitales”, consagra la acusación que la fiscal Yamilet Gamarro consignó ante el bureau de la juez 33 Fabiola Vezga.

Las cinco invitadas demudarían el júbilo por lágrimas. Sentadas en primera fila, encarnaron el horror que supone el quiebre de su inocencia. “Finalmente, logran irse a una de las habitaciones y, en ese momento, Luisa Ferreira Armas de Castillo les dice que van a jugar ‘al cuarto oscuro’, (…) apaga la luz y cierra la puerta. Es allí donde las niñas comenzaron a ser tocadas en sus partes íntimas (…). Posteriormente, expresan las testigos, les taparon la boca, amarraron a tres dentro de un baño…”, resume el expediente una a una las largas declaraciones que, barboteadas por las perjudicadas en la prueba anticipada, desnundan el prosaísmo y la perversión infligidas. Como colofón de la tragedia, en las subsiguientes escenas de este abyecto thriller se concatenaron los dislates de la perturbación, humillación y el oprobio y, por supuesto, la permuta de un tormento por otro: violencia y más violencia, bozales y hasta un arma de fuego. “La cargaba el hijo mayor de Luisa, en tanto ella blandía un cuchillo y les gritaba que, de no hacer lo que les ordenara, les cortaría los dedos”, evoca Jesús Loreto el parlamento que profirió la señalada. ¿Dónde estaba Óscar Castillo? Con su aquiescencia o no, lo cierto es que “mientras esto ocurría el imputado (…) se encontraba en el apartamento (…) tenía cocimiento de los hechos”, versa el mamotreto. “Por eso es que los cargos de Castillo Martín son diferentes. El Ministerio Público presentó una invectiva contra Luisa como autor, y a Óscar como cooperador inmediato. El cooperador es aquel que sin cuya ayuda o sin cuyo concierto no hubiera sido posible la realización del delito”, arguye con sus herramientas leguleyas Loreto.

Más de cuatro meses hubieron de pasar para que los sucesos del 28 de enero de 2011 estallaran como una granada. El silencio, como consecuencia de las aprensiones y represalias, actuó en desmedro de la salud de dos de las frágiles criaturas. Sumidas en sus penas y amordazadas por sus propias filípicas —el viacrucis sin duda se lleva por dentro— irrumpirían los nervios, embestirían los dolores de cabeza, brotarían los vómitos y se arremolinarían en el pecho los ahogos. La alegría de otrora se eclipsó tiñendo de sombras sus hogares. Los progenitores, con el alma en vilo, las sometieron a un sinfín de exámenes médicos so pena de acarrear con un mal mayor. Ironía, en ambas consiguieron un fatal diagnóstico: la somatización de una pena oculta, el desuelo de un malestar psicológico emponzoñado, como una espina venenosa, en la garganta. “De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia en todas las niñas evaluadas, signos y síntomas significativos de abuso sexual originando un marcado impacto emocional, conductual y cognitivo, violando la privacidad con respecto al cuerpo y sexualidad, quebrantando la inocencia y generando confusión en su sano desarrollo psicosexual y social”, glosa el informe psicológico-psiquiátrico, fecha 28 de junio de 2011, suscrito por los doctores Wilfredo de Jesús Pérez, Belkys Henríquez y Yelitza Villarroel. El análisis de esta evaluación, sin embargo, es el corolario después, mucho después, de que una de las enfermitas, el día 13 de junio, desabrochara al fin su pueril verbo. Cantó, con una gran prodigalidad de detalles, la desdicha que la oprimía.

Desde entonces se armaría el problemón jurídico. La vorágine de los protocolos y sondeos, contra todo pronóstico, discurrió con gran celeridad. Unos la recibieron con orgullosa complacencia y otros, por el contrario, con perplejidad y pasmos. Así se sucedieron las averiguaciones: el 22 de junio de 2011 el Consejo de Protección de niños, niñas y adolescentes de El Hatillo recibió la denuncia: “que somos cinco familias domiciliadas en nuestro Municipio, las cuales tenemos en nuestro ceno [sic] hijas de ocho años, cursantes de segundo grado (…), las cuales desafortunadamente fueron víctimas de abuso sexual por la madre, su hija e hijo (…). Tres de las afectadas comenzaron a presentar síntomas psicosomáticos (…) desde hace aproximadamente cuatro mes”; luego sobrevino el allanamiento a la casa y aprehensión de los inculpados el 27 de junio previstos en las órdenes número 020-11 y 021-11, respectivamente. Acto seguido, Fiscalía urdió el conjunto de pesquisas antes de incriminar. Entre otros hallazgos destaca la evaluación psiquiátrica de una de las atropelladas practicada por Osiel Jiménez y Juana Azparrén, médico psiquiatra y psicólogo clínico. El informe denota la recurrencia de las agresiones. “Lo que sucede es que yo iba desde más pequeña para esa casa, porque nosotras crecimos juntas (…). (…) me pasó cuatro veces, yo quería decirle a mi mamá (…). En una ocasión —su compañera de clases— me dio besos en el pompis, (…) me obligó a desnudarme y a bañarme con ella (…) ahí fue cuando llegó la mamá y me tomó la foto. Otro día (…) me pegó al piso con un tirro como verde y me taparon los ojos, luego me abrieron las piernas (…) luego, Luisa (…) me dijo que me acostara en la cama y se me montó encima y me empezó a tocar todo el cuerpo, ella me puso una pistola y me dijo que cuidado y yo decía algo…”, atestiguó una de las menores ultrajadas. Un minuto de silencio.

La rapidez, no obstante, de las gestiones para Óscar Castillo deviene manejo irregular de los procedimientos. “… la denuncia interpuesta por la madre de una de las niñas ante el Consejo de Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con jurisdicción El Hatillo, un día después de la que fue consignada por nosotros, esa si fue diligentemente procesada. La recibió la Fiscal el 22 de junio, ordenó la averiguación el 23 y no habiendo sido laborables los días 24 —feriado— y 25 y 26 —sábado y domingo— ya el 27 de junio se nos estaba allanando nuestra residencia y procediendo a nuestra detención de una manera totalmente irregular, contraria a lo establecido en el marco legal y en franca violación de los derechos fundamentales consagrados en nuestras leyes”, borda los supuestos desatinos. A pesar de que sus defensores exigieron la nulidad absoluta por el incumplimiento de las formalidades del acto de imputación —Sin lugar “porque se atestiguó y tuvieron el tiempo y las herramientas necesarios para defenderse”, zanja Loreto—, a pesar que alegaron vicios durante las investigaciones, —Sin lugar, “ellos promovieron sus testigos y pruebas que consideraron oportunos. No arrojó nada positivo a favor. Además, olvidan que han cambiado de abogados más de siete veces. Uno, incluso, después de escuchar las declaraciones de las niñas en la prueba anticipada dimitió públicamente y se disculpó ante nosotros porque se sentía embaucado y asqueado”— y, a pesar de que aseveran que una mano peluda imbrica las contumelias para desprestigiar ante el mundo a sus defendidos, Luisa confina sus sueños y noches blancas en el INOF, en tanto su cónyuge, cuando hubo escuchado el mazo que rompió el candado de sus cadenas, luego que la jueza, el 12 de diciembre de 2011, le dictara, con un sanseacabó, el sobreseimiento de su causa, tomó las de Villadiego y derechito aterrizó en Miami. Huyó. Pajaritos a volar. “Esto es terrible. La Fiscalía ha emitido ya cuatro disposiciones para que se presente ante el despacho, el 28 de febrero fue la última. Brilla por su ausencia. Lo próximo será una inminente orden de captura y acaso el aviso a Interpol”, se presipita Loreto.

La parte demandante impugna el fallo y redobla sus artillerías penales. “Cuando se presenta una acusación lo próximo en agenda es la Audiencia Preliminar. Y se realizó. La juez aceptó y admitió los cargos de abuso sexual a las niñas y uso de menores para delinquir de Luisa Ferreira. Ahora viene el juicio, que de salir culpable puede pagar hasta ocho años de prisión. Sin embargo, rechazó a Óscar como cooperador inmediato. Lo que no debió pasar fue la sentencia del sobreseimiento. En la Audiencia Preliminar se verifica que el proceso se haya llevado sujeto a ley, que cumpla con los requisitos formales, que se hayan respetado los derechos de las partes y que las pruebas, muy importante, hayan sido obtenidas de manera legal. Allí no se valora el mérito de la evidencia. Apelamos porque se sobreseyó en un momento que no se sobresee. Él sigue siendo objeto de un procedimiento penal y volveremos a acusar”, aducen al unísono los cinco papás que, fuera de las cortes, enjugan los llantos de sus niñas. “La gente no tiene idea de cuánto estamos sufriendo. Hemos intentado procurarles tranquilidad insertándolas a sus cotidianidades. Nosotros, más que nadie, queremos que termine esta mal sueño”, deshojan su desventura que cae sobre la Constitución y sobre la conciencia de Fabiola Vezga. “Que se ponga la mano en corazón”, ahora reclaman, contritos, clemencia.

Las piezas en el tablero están trancadas. No por ello, estos padres se pararán. Al contrario, se apertrechan de valor para alcanzar su propósito: justicia. Mientras tanto, el vinagre del litigio lo calman con un único remedio: la fe. Desde sus ventanas, ver crecer a sus retoños —que por ahora, sí, juegan a saltar la cuerda, a la casita y, por supuesto, a desvestir pero, sobre todo, a vestir a sus muñecas. Más no dejan de preguntarse. “¿Dónde queda el espanto que han vivido los hijos de Castillo? Van a sufrir mucho. Y su conducta tiene sobre ellos unas consecuencias nefastas: adaptación, identidad y trastornos sexuales. ¿Sabes qué? No son cinco sino siete los niños violados. Desde hace mucho rezamos por ellos”.