Los debates del Referendo Revocatorio que el chavismo olvidó

Dicen que por la boca muere el pez. Aristóbulo Istúriz, hoy vicepresidente de la República, lo prueba. “Hay que facilitar el referendo”, exclamaba en la Sesión Ordinaria del lunes 25 de octubre de 1999, cuando formaba parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Para entonces, la redacción del artículo 76 del anteproyecto de constitución indicaba que para activar esta figura se necesitaba la concurrencia de 15% de los electores inscritos —no de 20% como finalmente se asentó en el artículo 72, y mucho menos de un 20% regional, cuando se trataba de una votación nacional. El maestro continuó su exposición diciendo que se podía bajar ese porcentaje incluso hasta 10%, siempre y cuando un funcionario no fuese revocado con menos votos de los que obtuvo cuando fue electo.

Istúriz estaba tan convencido de la importancia del revocatorio, que al terminar la primera discusión del artículo incluso objetó la votación que lo aprobaba y llamó a que se conformara una comisión que volviera a redactar la disposición. “Con un punto como este tan delicado, sustancial, medular, no podemos tomar decisiones por dos o tres votos de diferencia”, alegaba, de acuerdo con los diarios de debate de la ANC. En esa primera discusión, los mismos constituyentes no estaban muy claros sobre el modo en que se llevaría a la práctica lo escrito en la norma. “El punto que se está debatiendo y que se votó realmente es muy delicado, no porque sea grave lo que se aprobó sino porque no se entendió por parte de los asambleístas lo votado”, remataba Isaías Rodríguez, quien antes de representar a Venezuela en Italia y pasearse por los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y Fiscal General fue el primer vicepresidente de la Constituyente.

La discusión era técnica. ¿Cómo hacer que la figura fuese aplicable, sin crear una crisis de gobernabilidad? En eso se centró el debate: ¿cuál era la fórmula para que el referendo fuese posible, pero tampoco tan sencillo de convocar? ¿Se debía exigir un porcentaje mínimo de participación? ¿Cómo garantizar que un funcionario no fuese revocado con menos votos de los que había sido electo? ¿Debía participar el mismo número de electores en la consulta?

De lo que nunca hubo duda fue de la necesidad de incorporar la figura en la constitución que estaba gestándose. “En este artículo tenemos la prueba contundente de que hay un cambio democrático en Venezuela”, reafirmaba  William Lara, quien presidió la Comisión de Régimen Político. Lara, durante el debate, rechazó que se dijera que la ANC no estaba consagrando ningún cambio, que se hablase de una revolución “buchipluma” y de una “sambumbia constituyente”. Para el fallecido, el revocatorio era la patente de su espíritu democrático y revolucionario. Espíritu que, por ahora, descansa en paz.

Con la mirada en el retrovisor

En 180 días la ANC tenía la misión de rediseñar el Estado y su gran conquista sería la de instaurar los mandatos revocables. Necesitó mucho menos. El debate del anteproyecto de constitución en la plenaria apenas se llevó 22 días. Del 19 de octubre al 9 de noviembre en primera discusión, y del 12 al 14 de noviembre para la segunda. Entre la mayoría heterogénea no había mucho que objetar. De los 131 constituyentes electos, 125 tenían afinidad con el proyecto político de Hugo Chávez. Segura era la incorporación de la figura del revocatorio para garantizar el paso de la democracia representativa a la participativa.

Ninguna constitución es completamente nueva. Si bien prevalece en la opinión pública la idea de que fue Hugo Chávez quien introdujo esta figura, el ex senador y doctor en Derecho Político y Ambiental, Alexander Luzardo, mete el freno y recuerda que temprano en 1990 ya se hablaba de la necesidad de introducir reformas en la Constitución de 1961. Indica que en el llamado Proyecto Caldera ya aparecía la figura del referendo inspirada en las nociones de democracia participativa de la constitución colombiana, pero el documento —aprobado en primera discusión— se engavetó por el rechazo de los medios de comunicación a las nociones de información veraz.

“El tema era lograr que esa democracia fuese efectiva y que no existiera mediación entre el colectivo y la toma de decisiones; y el otro punto importante era la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Sin embargo, creo que pudieron haber quedado algunos cabos sueltos al no establecer más condiciones”, hace un mea culpa Liborio Guarulla, ex constituyente y gobernador de Amazonas. Los “cabos sueltos” son procedimentales. Guarulla mete en este saco haberle dejado un cheque en blanco a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no haber establecido que la revocatoria del mandato fuese para quien ocupaba el cargo principal y su suplente. Pese a todo, asegura que el proyecto constituyente no fue un fracaso, pues “no era papel de la Constitución meterse en detalles. Fracasó la clase política. El discurso gubernamental es pobre y al mismo tiempo no permite que la gente se exprese”, subraya.

Aprobar el revocatorio era crucial. Allí estaba “la verdadera revolución”, según Ronald Blanco La Cruz, quien aún se cuenta entre las filas del chavismo, ahora como rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Era la sesión ordinaria del 4 de noviembre de 1999. “Hay que estar pendiente del referendo revocatorio, que es la máxima expresión de la participación popular”, agregó. El apoyo a la revocatoria siempre fue resuelto e irrestricto. La figura del referendo se convertiría en un concepto transversal de la Constitución. Su motivación: la necesidad de recomponer el sistema democrático.

El exconstituyente Antonio Di Giampaolo, de vuelta al presente, sostiene que los afanes les impidieron percatarse de que el artículo 233 equipara todas las causales de la falta absoluta del Presidente de la República y de este modo prever qué ocurriría si la revocatoria tiene lugar en el penúltimo año de la gestión: “No es lo mismo revocar un mandato en medio de una crisis de naturaleza política; al deceso, a la propia insania mental, al abandono del cargo, o la renuncia por una razón de salud. Se equiparan las faltas absolutas como si todas tuvieran el mismo origen. Esto habría que revisarlo”.

Válvula de escape

No se habló más de la redacción del artículo hasta la sesión del 12 de noviembre, cuando se leyó nuevamente en la plenaria. Corría entonces la segunda discusión del anteproyecto constitucional. La versión leída por Blancanieve Portocarrero es la que prevalece hoy día, identificada con el numeral 72. Allan Brewer Carías hizo una salvedad: “Aquí se debatió y no se resolvió ni se aprobó en primera discusión, eso está claro, de manera que tengamos conciencia de que eso no ha sido aprobado hasta este momento. Y ahora se nos está leyendo… Al menos que alguien nos explique los cambios, de qué se trata el tema, si no estamos en el aire porque no tenemos ni siquiera un texto escrito… ya es demasiado atropello, simplemente en el sentido de que estamos aprobando cosas que nadie sabe qué son”.

Tomó entonces la palabra Mario Isea para justificar las dos condiciones del artículo —la necesidad de que 20% del electorado apruebe la convocatoria y luego que en el referendo haya al menos 25% de participación—: “Estas dos condiciones, siendo necesarias entonces, hacen que la revocatoria no sea politiquera sino que sea realmente producto de una crisis política y de una salida a esa crisis política por parte del soberano”.

Los constituyentes querían evitarse lo que Alberto Franceschi en el anterior debate calificó como una “rochela revocatoria” y establecer unas pautas mínimas de gobernabilidad. Las condiciones buscaban que la solicitud del revocatorio fuese realmente un sentimiento popular y no una manipulación de una parte no mayoritaria de la población.

Pero la ley deja de serlo cuando toca aplicarla a sí mismo. “El revocatorio es una válvula de escape. Habría sido muy extenso normar todo el proceso en la Constitución, para eso están los poderes públicos. Lo que no debe hacerse es tergiversar o malinterpretar. Los requisitos para la activación del referendo son fáciles de conseguir, quien ahora dificulta la participación es el Consejo Nacional Electoral (CNE), al imponer limitaciones logísticas en el cumplimiento de un derecho. Se entiende que el CNE debe garantizar los derechos de quien fue electo por el voto de la mayoría, pero debe hacer lo mismo con quienes desean revocarlo. Ahora no quieren que haya elecciones ni de reina de carnaval. Hasta los consejos comunales que son una instancia de participación han sido conculcados”, afirma Di Giampaolo.

Volviendo a 1999, lo explicaba el constituyente Reinaldo Rojas: “Entiendo el problema de la estabilidad política, pero debiéramos buscar una fórmula de equilibrio que no haga imposible al pueblo de Venezuela y al ciudadano, al verdaderamente actor de la democracia, este principio de la revocatoria de mandato”.

Sin embargo, ese espíritu se opacó, en opinión del exconstituyente Froilán Barrios, por la actitud de los poderes Ejecutivo y Electoral, que se han convertido en una alcabala permanente: “Ninguna Constitución es perfecta, y en la práctica depende de la voluntad política para ejecutarla. Así el artículo haya sido muy bien elaborado si no se cumple es letra muerta”.

Hay que equilibrar entonces el juego político y evitar el presidencialismo exagerado; y para otro exconstituyente, Ernesto Alvarenga, también hay que dejar claro que ni el CNE ni el TSJ están por encima de la Constitución.