Perdigones en la cédula, testimonios de las torturas chavistas

“Por tu culpa me ensucié las botas”, la frase se la escupió un militar a Keyla Brito. La mujer, ama de casa y pastora evangélica, estaba en posición fetal sobre el piso del Destacamento 47 de la Guardia Nacional en Barquisimeto. Ella no hablaba, se le habían escapado las palabras. La melena de Keyla era larga, le llegaba hasta la cintura, así que el guardia no tuvo una mejor idea que pulirse los zapatos en ella. Eso fue lo último que hicieron antes de cortársela con tijeras escolares. Las hebras quedaron por encima de los hombros. Han transcurrido casi tres años desde el episodio y Keyla sigue sin dejarse crecer el pelo.
Su historia aparece en el libro Perdigones en la cédula, que recoge los testimonios de 24 víctimas de represión estatal del estado Lara, desde 2013 hasta 2016, y con el cual la asociación civil Funpaz se propone luchar contra el olvido y, con más suerte, que haya justicia.
Keyla se convirtió en víctima del estado el 12 de marzo de 2014. La ama de casa y su hija Carkelys Álvarez Brito —menor de edad en esa fecha— estaban en el lugar y momento equivocado. Su intención era ir hasta el Farmatodo del Centro Comercial Sambil. Escucharon que a la tienda había llegado polvo compacto. El plan era comprar el maquillaje y luego a la carnicería. Esa semana la capital larense era zona de guerra. Los disturbios entre estudiantes y efectivos militares habían dejado a un joven herido de bala el día anterior. Una barricada a la altura de la avenida Morán trancó el paso del autobús en el que se trasladaban madre e hija. No había otra forma de llegar que no fuese caminar, pero su andar se cruzó con el de un grupo de manifestantes que corría en sentido contrario. Ellas también corrieron. Huían de una tanqueta de la GNB. Se refugiaron en un edificio, mientras escuchaban disparos, gritos y sentían el olor de los gases lacrimógenos, ahí estuvieron hasta que hubo calma. Sin embargo, al salir igual las detuvieron y las llevaron al destacamento.

Comenzó el calvario. Les llamaron carne fresca, sifrinitas y “diversión”. La fiesta era la tortura. Keyla debió ver como a su hija la halaban por el cabello —mucho antes de cortárselo a ella también— la lanzaban contra el suelo y una “femenina” le abría la cabeza a punta de cascazos. “La arrastraron por un pasillo”, recuerda. Todas las detenidas sufrieron lo mismo, incluso las rociaron en vinagre, hasta que un oficial de más alto rango les ordenó parar. La tortura física y psicológica se prolongó durante tres horas. Para salir tuvieron que firmar un papel en el que aseguraban que no habían sufrido daños durante la detención.
Transcurrido el tiempo, Keyla confiesa que después de recuperar la libertad sintió miedo, pero le duró poco y por eso accedió a que su historia estuviera contada en el texto: “Al día siguiente ya estaba dispuesta a todo para vencer la injusticia. Mi hija quedó con mucho miedo a los guardias. Si los ve en la calle se desvía, siente rabia y, a veces, hasta llora”.  Cuando eso sucede en Keyla reverbera la impotencia. La denuncia está en la Fiscalía desde el día siguiente a la agresión. Ahí se quedó.
No son un número
El texto logra visibilizar a la víctima y señalar a victimarios. William Croes Ayala, uno de los periodistas que participó en la redacción de los testimonios, explica que querían dejar un registro físico de las historias de violaciones de los derechos humanos realizados en Lara entre 2013 —con las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales en las que se midieron Henrique Capriles y Nicolás Maduro— y 2016 —cuando hubo detenciones arbitrarias por hacer colas a medianoche a las puertas de los supermercados.
“El libro lo editó Funpaz con el respaldo de una ONG checa llamada People In Need. Los fundadores de Funpaz también han sido víctimas y tienen registro de 60 casos de violaciones a los DDHH. Cada testimonio fue tratado con seriedad y respeto a la víctima. Es importante que se haga público porque a la fecha no hay ningún detenido, pese a que la Fiscalía tiene las pruebas”, subraya Croes. Lorena Quintanilla y Edy Pérez fueron las otras periodistas que participaron en la redacción del texto.
Tres años y medio ha estado Daniel Graterol en régimen de presentación. Es uno de los fundadores de la asociación civil, y vivió en carne propia el maltrato; por eso asegura que su interés es lograr que las historias no sean un recuerdo o un número: “Los agredidos somos seres humanos, ciudadanos que por defender un derecho fundamental fuimos atacados de manera brutal”.

La detención de Daniel ocurrió un año antes que la de Keyla. A diferencia de ella, él sí formaba parte de la protesta estudiantil por los resultados de las elecciones presidenciales de 2013. Era 16 de abril cuando el estudiante de primer año de Derecho marchó hasta la avenida Venezuela con avenida Morán y empezó la lluvia de lacrimógenas. Alrededor de las 3:30 pm cuatro guardias lo llevaron a golpes hasta una tanqueta. Cual sardinas en lata, los iban apretando en el interior del vehículo a medida que los militares aumentaban el número de detenidos. Hacinados y asfixiados por la falta de aire debieron permanecer unas dos horas hasta que los llevaron al Destacamento 47, donde vivió tres días más de agonía. Al principio los dejaron llevando sol dentro de la tanqueta. Después los movieron a un pasillo y los volvieron a golpear. El segundo día de detención fue cuando pudo comer. Les pasaron una arepa y un jugo para que los compartieran entre 20 detenidos. Su temor, lo que le decían los guardias, era que pasarían el resto de sus días en la cárcel de Uribana.
El 16 de abril finalmente los presentaron en tribunales. Le imputaron cinco delitos. Sobre Daniel todavía pesan dos: resistencia a la autoridad y daños a un bien público. “Al principio fue duro. Hacer la cola con delincuentes y ser tratado de la misma manera. Me sentía afectado moralmente y también físicamente porque no podía salir del estado Lara”. Hace tres semanas le informaron que ya tenía fecha para su audiencia. Será en enero: “Voy con confianza. La sentencia tiene que ser la correcta, protestar no es un delito, sino nuestro derecho”.
Perdigones a quemarropa
Funpaz nació de quienes están convencidos de eso. Sus fundadores no se conocían en el momento en que fueron agredidos o detenidos. Una vez en la calle comenzaron a reunirse y a recibir apoyo psicológico y jurídico de organizaciones como Cofavic, Provea y el Foro Penal. “No podíamos quedarnos en la denuncia. Teníamos que hacer algo por el país”, dice Daniel. En 2014 se activaron como observadores y en 2015 se registraron como asociación civil. A finales de ese año surgió la idea del libro, cuyo título es homónimo a una crónica del escritor Leonardo Padrón publicada en 2013 y que aparece en las páginas centrales del compendio.
En esas reuniones iniciales también participó Ehisler Vásquez. La imagen de su mejilla izquierda destrozada a punta de perdigonazos se hizo viral. Tenía 19 años y apenas comenzaba a estudiar Mercadeo cuando los granos de plomo perforaron su rostro. Cinco en total quedaron incrustados en su cara. Era 16 de abril de 2013, a las 5:30 pm. Primero recibió tres perdigonazos en la espalda y cuando estaba en el piso desde una tanqueta a menos de 2 metros de distancia apuntaron a su perfil.
Ehisler nunca había protestado. Desde un megáfono en la tanqueta les decían que todos eran delincuentes, y sus compañeros de protesta le gritaban que corriera. “Nos están matando”, decían. Después de los disparos pudo levantarse y refugiarse en el Sambil, allí recibió cuidado ambulatorio, y una señora —de la que nunca supo el nombre— se ofreció a llevarlo al Hospital Antonio María Pineda. “Tenía a 17 personas por delante y yo no era prioridad”. Su mamá en lo que supo lo que había pasado decidió llevárselo a otro centro asistencial. Lo trasladó hasta el Seguro Social Pastor Oropeza, “pero allí había orden estricta de la Dirección de no recibir a ningún herido por protesta”. Sin embargo, los médicos no le negaron la atención. Le extrajeron un perdigón que tenía alojado cerca del ojo izquierdo y pararon el fluido de sangre. A Ehisler todavía le esperaban tres cirugías más. “Fue un golpe muy fuerte. Uno siempre se protege mucho la cara, a mí me dispararon también en mi moral. Sentí que se me caía todo. No me quería ver al espejo y no dejaba que nadie me viera”. Fueron tres meses de operaciones y en recuperación en los que debía comer con pitillo y sin caminar mucho porque podía abrirse la herida.

Después de recibir asistencia psicológica empezó el activismo y también las amenazas. “Tú eres el cachetón. Te van a dar un tiro en la rodilla”, llegaron a amedrentarlo. Tuvo protección de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sin que eso significase un cambio, “hasta que ellos mismos se fueron”. Ehisler asegura que “callar es ser parte de la violación” e invita a las víctimas a documentar, denunciar y difundir. Su historia es la primera del libro.
Hace poco su abogado pudo revisar el expediente de su caso. Entonces supo que quien le disparó es un sargento activo llamado José Rafael Bermúdez. “Alegó que tenía un dedo fracturado y por eso me accionó el gatillo tantas veces. Yo voy para cuatro años de impunidad y ese militar todavía está libre, pese a que en el expediente hay 1.580 fotos que muestran el momento en que la tanqueta se para a mi lado y me disparan”.
Barre Barre
“Por mí que el testimonio aparezca en todos los periódicos. Miedo no tengo, ni tuve”, asegura Nayibe Torrealba. Su historia es la de la inverosimilitud venezolana, la de la escasez y el abuso. Su esposo es una persona con discapacidad. Su hija trabaja y tiene a un niño pequeño al que cuidar y ella es docente jubilada y, en consecuencia, la única en su casa con “tiempo para hacer una cola”. Era la tercera vez que salía de madrugada a cazar cualquier cosa que llegara al supermercado Híper Líder de Cabudare. Varias mujeres de su urbanización se ponían de acuerdo para ir a comprar. El 25 de mayo de 2016 a la 1:30 am estaba en esa cola cuando escuchó los disparos y sintió el ardor de las bombas lacrimógenas.
No hubo advertencia previa. Corrió por una calle de tierra hecha barro por las lluvias de ese día y se escondió bajo el banco de una plaza. Creían que no los seguían, pero se equivocaron. Escuchó la palabra “ojitos” seguida de una retahíla de insultos y la luz de una linterna. La sacaron de debajo del banquito apuntada con un arma. “Nos decían que nos iban a matar, que por nuestra culpa no habían podido dormir”. Les acusaban, además, de bachaqueros.
Al instante llegó Drácula, un autobús largo al que metían a todos los detenidos y en el que los pasearon antes de llevarlos al Destacamento 121 de Barquisimeto: “Nos exhibían como trofeos. Éramos como 60 personas y cada vez que pasábamos por una cola amenazaban a la gente con que al día siguiente les tocaría a ellos”. En el vehículo solo iban mujeres. A los hombres les habían permitido bajarse. Las bachaqueras, según los militares, eran las mujeres.
Nayibe estuvo ocho horas detenida: “Me sentí tan mal. Nunca había vivido algo similar”. Dice que ahora tiene comida en su casa porque la semana pasada pudo comprar una bolsa del CLAP, pero el sentimiento de humillación persiste. Asevera que no volverá a salir de madrugada a comprar, no por miedo, sino por la tristeza que sintieron su esposo y su hija. Con sus compañeras de detención sigue coincidiendo cada miércoles, por el terminal de su número de cédula, pero nunca antes de que despunte el alba.]]>