El "carrusel" del PSUV: estocada final al voto secreto

Lo metió y lo sacó. Sin mayores pudores. El ministro Luis Motta Domínguez hizo el amago de depositar el comprobante de voto en su respectiva caja cuando participó en las elecciones municipales. Sucedió a las 9:39 de la mañana del 10 de diciembre en el municipio Santiago Mariño de Nueva Esparta. Venezolana de Televisión (VTV) se encargó de registrarlo, y las redes sociales de difundirlo.

Horas después, el mismo Motta Domínguez publicó en su cuenta de Twitter una grabación hecha con celular, en el que supuestamente se desmiente la acción que se trasmitió en vivo por televisión nacional. “Este video original lo tomo una de las personas que estaban en el centro de votación a las 6.30 am”, reza el mensaje, tratando de explicar que su sufragio ocurrió sin cámaras de TV y que el acto que mostró la pantalla del canal 8 fue posterior y “simulado”. Pura pinta, pues no existe ley que regule un simulacro durante una elección y que además viola el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción, donde se le tilda de “hurto de material electoral” y especifica que puede ser sancionado por ser un bien público.

Este video original lo tomo una de las personas que estaban en el centro de votación a las 6.30 am. El video simulado lo montan a las 9.39 am pic.twitter.com/VB5VUDXh5y

— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 11 de diciembre de 2017

La explicación se queda corta ante lo que pudiera ser una evidencia televisada de cómo se implementa un sistema que rompe con lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Nacional aún vigente: el sufragio como un derecho que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y –aquí el detalle– secretas. Durante las elecciones municipales del 10 de diciembre, se perfeccionó la vulneración de ese derecho, y el mecanismo está estrechamente relacionado con el carnet de la patria, un documento cuyo uso en procesos electorales ha exaltado el propio mandatario Nicolás Maduro. Algo a tomar en cuenta de cara a una eventual competencia presidencial de 2018.

El tras cámaras

“El video dio para pensar que se está haciendo carrusel electoral. Motta Dominguez se defendió, pero lo que transmite VTV, sin aclarar si es un simulacro o no, da pie a suponerlo”, dice el periodista Eugenio Martínez, especializado en procesos electorales. Martínez explica que, en un esquema de “carrusel” electoral, Motta Domínguez sería el primero de la cadena. El fenómeno empieza con un primer votante que se registra con su carnet de la patria en un punto rojo, entra al centro electoral, selecciona la opción de su preferencia en la máquina de votación, pero no deposita el comprobante físico en la caja, sino que lo regresa al mismo punto rojo donde dejó su carnet de la patria, develando por quién votó. Primer quiebre.

Ese papelito pasa a manos de un segundo votante, que también deja su carnet de la patria en aquel punto rojo, ingresa al centro, sufraga en la máquina y al llegar a la caja de resguardo deposita el comprobante de la primera persona, guardando el suyo para entregarlo en el punto rojo. Así, confirma que votó por el candidato “correcto” si quiere obtener beneficios gubernamentales.

“Al final, reciclas el voto con el comprobante. Si hay que auditar la caja no habrá discrepancia numérica. Al final el último elector depositará dos comprobantes”, detalla Martínez. Para ello, los testigos, miembros de mesa y presidentes del centro deben tener la misma tendencia política. También debe existir confabulación con efectivos de Plan República, y las fuerzas contrarias no deben tener testigos de mesa que denuncien la arbitrariedad.

“Hay un perfeccionamiento sistematizado”, sentencia Oriana Vielma, coordinadora de Investigación y Comunicación del Observatorio Electoral Venezolano (OEV). El “carrusel” sobrepasa el mito de que las captahuellas estaban de alguna forma relacionadas con el sufragio sistematizado provisto por Smartmatic, empresa que denunció resultados mentirosos del 30 de julio y fue sustituida por el Poder Electoral por la argentina Ex-clé. Vielma asegura que la creencia nunca fue cierta; sin embargo, con la retención del carnet de la patria en un punto rojo “no te queda otra opción que sacar el comprobante o aceptar el acompañamiento, que es terrible”.

Hasta los últimos tres comicios celebrados en el país, la develación del voto a través del carnet de la patria también se había mantenido como un mito, una amenaza, incluso. Pero el 10 de diciembre, el PSUV aseguró la victoria de sus candidatos con el perfeccionamiento de la maquinaria electoral del partido de gobierno, que se potenció con la operación remate, registrada por el OEV como una llegada masiva de electores después de 5 de la tarde.

El coco existe

Denuncias contabilizadas por el OEV y la organización Súmate demuestran que la teoría se aplicó por vez primera estando el chavismo en el poder. Vielma, también periodista especializada en sistemas electorales, explica que el Observatorio registró “acompañamiento obligado” para comprobar que la persona elegía a determinado candidato, a decir, el propuesto por el PSUV en los distintos estados del país. “Tenemos varios casos de personas que manifestaron la necesidad de llevar el comprobante de voto al punto rojo para que les devolvieran el carnet de la patria. No tenemos la trayectoria demostrada, pero también sabemos que hubo quienes manifestaron sentirse intimidados por llevar el comprobante al punto rojo”, apunta Vielma.

El mapa de Venezuela se llenó de alertas con las arbitrariedades que registró el OEV por medio de observadores regionales, cuyas identidades se mantienen en anonimato por seguridad. En la Escuela Básica Nacional Antonio María Pirela, ubicada en la parroquia Santa Rita, del municipio homónimo, en el estado Zulia, militantes del chavismo entregaron varias cajas de alimentos, dinero en efectivo, cestatickets por 500.000 bolívares y rifas de electrodomésticos a electores que mostraron su comprobante de voto a testigos que pertenecían al PSUV dentro del mismo centro de votación. La coacción se hizo de este modo y a través del voto asistido.

Una pizca de aguante se registró en aquel centro de Zulia, donde veedores de oposición pudieron hacer frente al abuso perpetuado por militantes del PSUV desde que desde las 7 de la mañana imponían el voto asistido. El OEV reportó que “testigos opositores comenzaron a romper papeletas de votación emitidas de esta forma. El candidato de la oposición se presentó en el centro a las 8:30 de la mañana, aproximadamente, para conciliar en el conflicto”.

Pero no en todos los centros hubo resistencia. En el Grupo Escolar Antonio Ciliberto Pérez, ubicado en la parroquia Aguasay, municipio del mismo nombre en el estado Monagas, los electores se formaban en fila para recibir un pago que Dalia de Galindo, esposa del alcalde José Galindo (militante del PSUV), otorgaba al comprobar que efectivamente habían votado por el partido de gobierno. Desde el punto rojo se pautó como instrucción el voto acompañado o asistido. Allí también se hostigó a trabajadores del sector público.

En Táchira, cerca del Grupo Escolar Doctor Leonardo Ruiz Pineda ubicado en la parroquia La Concordia, se reportó el ofrecimiento de un bono de 500.000 bolívares con el carnet de la patria, después de haber sufragado. En Nueva Esparta, a las afueras del Centro de Educación Inicial Valeriano Lárez, ubicado en la parroquia Santa Ana del municipio Gomez, también se repartió un ticket de alimentación de Bs 100.000 luego de votar. En este último, la plata fue una inversión que se materializó en adjudicaciones del CNE para Yannelys Patiño, candidata del PSUV, quien obtuvo 75% del resultado.

Francisco Castro, director de Súmate, afirma que es la primera vez que reciben denuncias de esta naturaleza, especialmente desde zonas populares del oeste de la capital como Catia, 23 de Enero y Propatria. “Algunos centros de votación y puntos rojos funcionaban dentro del recinto con coordinación de Plan República y de la milicia», puntualiza el también politólogo y elector del centro electoral Preescolar Raúl Leoni ubicado en Casalta 3, del municipio Libertador de la capital, donde el punto rojo se ubicó dentro del propio edificio, como atestiguó. «Esto se da en un contexto en el cual existe ausencia de institucionalidad. Es consecuencia de que miembros de mesa no fueron notificados oportunamente, y se incorporaron a través de la militancia del PSUV, de que el CNE no permite una auditoria clara de quienes son seleccionados como coordinadores de centros, y de que el Plan República es una caja negra para los ciudadanos”, denuncia Francisco Castro.

De acuerdo con Martínez, periodista especializado en la fuente, sería una explicación a la “extraordinaria participación” en centros de votación ubicados en edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela o consejos comunales. Igual sucede con las zonas dominadas por el chavismo, dentro y fuera de Caracas, donde saltan ejemplos.

En el Complejo Educativo Nacional Indígena Yabinoko, ubicado en el municipio Maturín del estado Monagas, el candidato Miguel Veliz, abanderado por partidos como Copei, Un Nuevo Tiempo (UNT) y Avanzada Progresista (AP), solo obtuvo 1 voto en un centro de 93 personas; el resto se lo llevó el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Wilfredo Ordaz.

No muy lejos, en el estado Sucre, municipio Benítez, parroquia El Pilar, 86 personas apoyaron al candidato del PSUV, William Rodríguez, en la Escuela Aguas Calientes, y solo 2 votaron por Zuleima Rivas, del Movimiento al Socialismo (MAS).

El centro electoral Escuela Estadal La Sabana de Maldonado, ubicado en la parroquia Aracua, municipio Bolívar del estado Falcón, la victoria del candidato psuvista Evaristo Jiménez se logró con 156 sufragios. Mientras, el postulante de Copei y MAS, Williams Ávila, sacó apenas 3 papeletas.

El director de Súmate aclara que el “carrusel”, además de representar en sí la vulneración de la Carta Magna, representa un conjunto de violaciones: “Es un delito electoral el acompañamiento a votar cuando no se tiene discapacidades, acompañar a más de un elector, supervisar el voto, que el Plan República coordine acciones electorales dentro del centro de votación, así como extraer material electoral de la mesa y llevarlo a punto rojo”. La coacción es la cereza del helado.

Hubo quien, de forma individual, se resistió al abuso. De acuerdo con Vielma, quienes rompieron el comprobante para evitar llevarlo al punto rojo del PSUV fueron detenidos, siendo el único de los delitos a los que el Plan República les impuso el peso de la Ley de Procesos Electorales. Los conatos ni siquiera llegaron a la prensa nacional. “Hay un caso en Anzoátegui en que 17 personas fueron detenidas por romper la papeleta, muchas de ellas por ese motivo”, dice la coordinadora de Investigación y Comunicación del OEV.

De igual forma, el OEV registró que en la Escuela Bolivariana Simón Rodriguez, ubicada en el municipio Palavecino, estado Lara, un votante fotografió su comprobante de votación y lo rompió “luego de ser confrontado de manera verbal entre miembros de mesa y Plan República”. Los militares lo apresaron.

Según Oriana Vielma, se trata de comportamientos inéditos, pues históricamente siempre ha existido una diferencia porcentual mínima entre los números del sistema automatizado y la huella que deja en papel. “Siempre habían coincidido los comprobantes con lo publicado por el CNE. Estos dos últimos procesos electorales, no coinciden”, apunta.

Malas mañas de fuera

La teoría de expertos como Félix Seijas hijo, director de la encuestadora Delphos, que afirma que cualquier tipo de fraude se hace antes de apretar el botón “votar”, se desmonta. “Hasta ahora jamás ha habido ninguna prueba de que sea posible hackearlo o corromperlo (el sistema). Para que ocurran fallas de totalización, la sala de totalización debe arrojar unos números y los técnicos decir otro número, como fue el caso de la ANC” (el 30 de julio), explica el estadístico.

Durante las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente se cuestionó la confiabilidad del sistema instalado por Startmatic, cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que más de 8 millones de venezolanos habían aprobado ese proceso electoral, con una supuesta participación de 41,53% del patrón electoral y una abstención de 58,47%. Una exclusiva de la agencia de noticias británica Reuters y las declaraciones de la empresa Smartmatic, que aseveraba la manipulación del dato de participación, reveló que la diferencia entre la cantidad anunciada por Lucena y la que arrojó el sistema era de al menos un millón de electores.

Por primera vez en 20 años se cuestionaba el dato de participación en una elección. Una falencia inédita. Sin embargo, la exactitud del sistema automatizado se da por sentada. Martínez confiesa que no es usual en sistemas de sufragio como el venezolano: “La última década estábamos prácticamente ajenos al ‘carrusel’. Es una práctica común en votaciones manuales”.

En Colombia, las denuncias del “carrusel” llegaron a la prensa hace años. Desde 1998 se hablaba de la compra de seguidores de líderes locales o regionales por votos en elecciones a través de este, y muchos otros sistemas. El dinero se distribuía entre los ciudadanos y el negociador se quedaba con una buena parte del total, según El Tiempo.En México también figuraba el “carrusel” como una estrategia de garantizar el voto, aunque con identificaciones falsas, en lugar de documentos paralelos como el carnet de la patria, como lo reseñó BBC Mundo en 2012.

Pero es más complejo que perder el secreto del voto y violar la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que implica una sanción “simbólica”, explica el periodista Martínez. Se convierte en voto asistido “porque estás verificando por quién estás votando”. Agrega que con la presión del carnet de la patria influyen variantes de manipulación.

El que no vota, no come

Los puntos rojos se convirtieron casi en una institución durante los comicios celebrados en 2017. En zonas populares de la capital, como Petare y el 23 de Enero, son común denominador, sin objeciones del Plan República ni de testigos de mesa opositores. Sin embargo, su presencia no bastó. Súmate registró un notable ausentismo de miembros de mesa, incluso accidentales, hecho que militantes del PSUV aprovecharon para permitir arbitrariedades como votar con el carnet de la patria.

Las quejas de su existencia a menos de 200 metros de centros electorales –el perímetro de seguridad que establece la norma– brotaron durante las elecciones de gobernadores de este año. Clímax registró que en zonas como Lecherías, estado Anzoátegui, y Barquisimeto, estado Lara, quienes votaban por el candidato del PSUV recibían como premio hasta 200.000 bolívares con el registro del carnet de la patria. La poca, pero existente, cantidad de testigos de mesa de oposición contaron que la irregularidad sucedió con frecuencia el 15 de octubre. Incluso, muchos votantes pretendían ejercer su derecho al voto con el documento, a pesar de que la cédula de identidad es el único válido y permitido para ello.

Para entonces, Maduro había exaltado su uso en dichos comicios. “Vamos a votar con consciencia para consolidar la paz. Vayan a votar con su carnet de la patria y con su cédula”, dijo el 15 de octubre con el toque de diana de fondo. A días de las elecciones municipales, el gobernante entregó un bono navideño de 500.000 bolívares a través del plástico, que ahora cuenta con código QR. Según declaró el 3 de diciembre, fue un “invento decembrino para proteger a nuestro pueblo” y se le entregó a cuatro millones de venezolanos.

Sería la última jornada para la expedirlo, y preparó a los venezolanos, pues ahora “de ahora en adelante todo se hará a partir de este carnet”. En mayo de 2017, el mandatario anunció que se podría comprar las cajas de alimentación que distribuye los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con el instrumento. Fue una opción que se hizo obligatoria en el segundo semestre del año.

Para 4.468.695 venezolanos (14.4% de la población) las cajas CLAP son la principal vía para conseguir alimentos, de acuerdo con una encuesta realizada por Ratio Ucab, la empresa de análisis y estrategia de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Dos tercios de ellos participaron en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre, de los cuales 85% votó por el oficialismo, a pesar de que solo 58,3% se autodefine como chavista. De quienes se consideran opositores, un tercio decidió votar rojo, así fuese por necesidad.