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Cómo un video salvó a mujer bajo ataque de militar chavista

En la noche del miércoles 24 de junio la abogada Eva Leal seguía presa en una instalación militar en el estado Lara, tras ser atacada salvajemente por una mujer soldado de la Guardia Nacional Bolivariana. Es otro episodio de violencia a manos de las fuerzas de seguridad chavistas, una de las más letales del mundo

La abogada Eva Leal pasó la noche en el Destacamento 121 de la Guardia Nacional. No le permitieron recibir a sus defensores: su cuñado y sobrino. Avanzada la noche del 24 de junio, solo una hermana pudo verla durante 15 minutos para entregarle comida, ropa y una colchoneta en la que no concilió sueño

La mañana del 25 fue llevada “a escondidas” al Edificio Nacional de Barquisimeto, sede de tribunales civiles, para un reconocimiento médico forense. Su sobrino, Luis Lecuna, el mismo que burló a los guardias nacionales borrando frente a ellos de su teléfono el video que luego recuperó, asegura que lo hicieron sin aviso y la sacaron por la puerta frontal del edificio para evadir a los periodistas y, más aún, a los infociudadanos que tenían sus teléfonos listos para nuevamente dejar registro de cuanto aconteciera.

Aunque es civil, Leal fue llevada a audiencia de presentación ante el tribunal séptimo militar, ubicado en lo que se conoce como “Base Aérea” de Barquisimeto, asiento de la Aviación y de residencias de oficiales activos en servicio. Le imputaron el delito de “ultraje al centinela” y la dejaron ir a casa, pero, no está libre, su libertad está condicionada a presentarse ante el juzgado cada vez que sea requerida.

La abogada acostumbrada a litigios laborales nunca había estado en un proceso como acusada. Camina con dificultad por los golpes de sus rodillas contra el pavimento, recibió puntos de sutura y tiene inflamación en el rostro y la cabeza. Su sobrino Luis asegura que repetiría la acción de haber comenzado a grabar y, más allá: de poner “en cámara lenta” el momento cuando la primera teniente Palmera entrega su pistola a un compañero uniformado, y después – al saberse grabada -gritar que la abogada sometida se la había intentado quitar. Aprendió que un teléfono puede ser un arma poderosa, también.

Historia de un abuso

La imagen de una mujer con el rostro ensangrentado enterrado en el asfalto y sobre ella la rodilla de otra mujer, uniformada de militar, dio la vuelta al mundo en segundos. Otra vez, Lara, el estado del centro-occidente venezolano que es una encrucijada de caminos, sería noticia.

El episodio expuso la barbarie de las fuerzas del Estado que están entre las más letales del mundo. En Venezuela son frecuentes las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ataques físicos contra ciudadanos sospechosos o no de haber cometido o estar dispuestos a cometer delitos. Varias ONG de Derechos Humanos llevan esta rigurosa cuenta, pero no siempre cae la suerte de dejar registros en vivo.

Tampoco todas las víctimas tienen la suerte de ser salvadas por un video providencial que, en este caso, permitió frenar y denunciar los excesos.

Lara está entre las 10 entidades de Venezuela con “cuarentena radical” desde el pasado lunes 22 de junio, debido al repunte de casos de casos de COVID-19, la enfermedad respiratoria provocada por el nuevo coronavirus.

Cuarentena militar

El gobierno regional mantendría vigente el decreto 4039, con un horario de circulación entre 7:00 a.m. y 3:00 p.m., sin tráfico entre municipios.

Las medidas incluyen un confinamiento especial en los municipios Torres (cuya capital es Carora y limita con el estado Zulia), Iribarren (capital, Barquisimeto) y Palavecino; estos dos últimos forman un área metropolitana.

La abogada Eva Leal intentaba pasar el puente Macuto, que sobre el río Turbio conecta la avenida Ribereña de Barquisimeto con las poblaciones montañosas del sur. Iba a su residencia en El Manzano. Eran las 3:20 p.m.

Ella manejaba su camioneta y llevaba seis familiares a bordo. Pasó una primera alcabala, pero en la segunda le dieron la “voz de alto” y una oficial de la Guardia Nacional – componente militar que cumple funciones policiales y de orden público – le informaba que debía pagar una multa por estar fuera del horario de cuarentena.

El dinero de la multa debía ser depositado en una cuenta personal, según reveló un sobrino de la abogada. Nadie imaginaba lo que sucedería a continuación.

Desenvainar el teléfono y desnudar la ira en redes

Profesional de las leyes y conocedora de sus derechos, Leal pidió ver la Gaceta Oficial, el asidero legal del supuesto castigo que le correspondía para poder pasar.

La joven primer teniente María de los Ángeles Palmera le dijo que tenía una sanción pecuniaria adicional por cada pasajero en su vehículo.

Habiéndose bajado de la camioneta, Leal sacó su teléfono celular y comenzó a grabar un video. Acto seguido, la militar se le abalanzó, la inmovilizó con alguna técnica aprendida en la escuela de guardias para neutralizar oponentes y golpeó la cabeza de su víctima contra el pavimento. Así lo relató el abogado Henderson Maldonado, defensor de derechos humanos de la organización Movimiento Vinotinto.

Paralizada sobre el asfalto, la abogada obviamente no pudo seguir grabando, pero su sobrino sí lo hizo. Al notar que estaba quedando registro de la agresión, la militar gritó “¡Me quería quitar la pistola!”,

“Cosa que es mentira, ya que ven (en el video) a la doctora con las manos inmovilizadas en el piso, y otro guardia ya la había agarrado (la pistola)”, aseguró Maldonado.

Casi una versión venezolana del caso Floyd

Un capitán apareció en la escena, ordenando el despeje “para borrar evidencias”, según testigos.

Los militares obligaron al sobrino de Leal a eliminar el video delante de ellos. El joven accedió sin problemas, consciente de que su teléfono lo almacenaría automáticamente en la “nube” y lo recuperaría después. Así lo hizo poco después, y logró viralizar el hecho que muchos comparan con la golpiza a la manifestante opositora Marvinia Jiménez, en Carabobo, 2014.

Una guardia nacional golpeó salvajemente a Jiménez por grabar protestas en la ciudad de Valencia. El caso es denunciado hasta por Amnistía Internacional, pero nunca hubo castigos.

La imagen también recuerda, guardando las distancias, el reciente asesinato en Estados Unidos de George Floyd el 25 de mayo.

Este hecho de violencia y letalidad policial estremeció a Estados Unidos. También trajo de vuelta el debate sobre el racismo y los derechos de minorías étnicas.

Pero en países como Venezuela, la letalidad y los abusos policiales y militares son una constante. No todos los casos terminan con la víctima viva.

«Efectivamente, en números absolutos la policía que más mata en la región -y en el mundo- es la de Brasil: 6.220 víctimas fatales en 2018, por las 998 de EE.UU», señala BBC Mundo.

«Pero, en términos proporcionales, el título es para la de Venezuela, la que con 4.998 víctimas en 2017 tuvo una tasa de mortalidad de 15,9, por cada 100.000 habitantes».

«Las fuerzas del orden bolivarianas también lideran a la región en número de civiles muertos por cada 1.000 agentes, casi triplicando la letalidad de los policías de El Salvador: 28,6 vs. 9,9», agrega esa investigación.

Una de las máximas de los defensores de derechos humanos es dejar pruebas de las violaciones, porque pueden ser valiosas en procesos judiciales futuros. Ayudan a combatir la impunidad.

De víctima a victimaria

Los cuatro oficiales de policía involucrados en el asesinato de George Floyd fueron destituidos al día siguiente del hecho. El FBI conduce una investigación federal de derechos civiles. El Departamento de Policía de Mineápolis pidió a la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota una averiguación de posibles violaciones de los estatutos estatales.

La abogada venezolana Eva Leal permanece detenida en el Destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana, en Barquisimeto.

Maldonado prevé que posiblemente sea presentada ante un tribunal castrense.  “Desde hace años, se hizo costumbre la práctica ilegal de someter civiles a jurisdicción militar, argumentando que los hechos sucedieron en ‘zona de seguridad’”, si se puede considerar así a un punto de control itinerante.

Podrían imputarle los delitos de resistencia a la autoridad y ataque al centinela, pues la funcionaria la acusó de haberla golpeado.

Trascendió en redes sociales la versión de que la mujer uniformada había sido también detenida, pero hasta el 24 de junio en la noche era un rumor infundado. Trataban de “calmar los ánimos por el revuelo que causó el video”, dijo el activista.

Leal tiene varios parientes abogados que se ocupan directamente de su defensa. Maldonado, personalmente, se encarga de elevar el caso a instancias internacionales, a las que Venezuela está suscrita constitucionalmente y en las que las violaciones de derechos humanos no prescriben.

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