¿De dónde sale la ilegitimidad electoral de Nicolás Maduro?

En medio del colapso de su economía, la ex potencia petrolera de América atraviesa un conflicto político en franca escalada. Varias voces advierten hoy riesgos de más derramamiento de sangre en un proceso impredecible. El cuadro se agrava después que Nicolás Maduro asumiera el 10 de enero un nuevo mandato de seis años.
Desde el punto de vista internacional, el propio 10 de enero marcó un hito en la forma como varios de los gobiernos más influyentes del mundo ven a Maduro.
Estas son algunas de las razones históricas y legales que, según varias fuentes, explican la ilegalidad de origen de un gobierno cuestionado.
La ilegitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro se origina desde la convocatoria a elecciones presidenciales fuera del cronograma electoral establecido por la ley de procesos electorales y la Constitución Nacional.
«El 20 de mayo se realizó la elección presidencial. Sin embargo, esa elección fue organizada y controlada por la asamblea constituyente, que es un órgano ilegítimo», recalcó el abogado José Ignacio Hernández, un reconocido profesor de Derecho Administrativo y Constitucional (UCV/UCAB) y visitante en Harvard, Boston.
«Se impidió la libre participación de candidatos. Se impidió el libre ejercicio del voto. Se acortaron arbitrariamente todos los lapsos – la elección se organizó apenas en semanas. Finalmente, no hubo transparencia electoral, al punto que el operador del sistema electrónico de votación indicó que el resultado anunciado no era consistente», dijo en breve conversación con El Estímulo.
«Conclusión: el evento del 20 de mayo de 2018 no puede ser reconocido como elección», agregó.

«El 10 de enero de 2019 inició un nuevo período presidencial, y según los artículos 230 y 231 de la Constitución, el Presidente electo debía asumir la Presidencia. Sin embargo, Maduro no puede ser reconocido como Presidente electo. Pese a ello, se ha mantenido en el cargo».
«Conclusión: a) Maduro está usurpando la Presidencia de la República y b) No hay Presidente electo que pueda asumir válidamente la Presidencia».
«3) El artículo 233 de la Constitución dispone que si el Presidente electo no puede asumir la Presidencia de la República el 10 de enero, el Presidente de la Asamblea Nacional debe encargarse interinamente de la Presidente».
«Por ello, Juan Guaidó es el designado para asumir la Presidencia como encargado, mientras que la Asamblea Nacional debe dictar las medidas que permitan el cese de la usurpación».
«El 23 de enero Guaidó ratificó su voluntad de dar cumplimiento con el art. 233. No hubo por tanto auto-proclamación: es proclamado por el artículo 233».
«Conclusión: Guaidó tiene la autoridad para actuar como Presidente encargado por el artículo 233 de la Constitución Nacional».

EL LADO OFICIAL

«En  Venezuela hay un presidente constitucional elegido por el pueblo y esta en los primeros días de un mandato de seis años», insistió Maduro este jueves en un discurso en el también chavista Tribunal Supremo de Justicia, donde acudió a la inauguración del nuevo año judicial.
Argumentó que «el mismo Consejo Nacional Electoral» llevó  a cabo el proceso electoral de votación del 20 de mayo, donde el obtuvo el 68% de los votos.
El 23 de enero del 2018 la Asamblea Constituyente, un organismo creado por el propio Maduro convocó a unas elecciones presidenciales anticipadas.
La constituyente es una creación del propio Maduro, con «poder originario, soberano y plenipotenciario», cuyo objetivo es sustituir las funciones del Parlamento opositor, el cual no es reconocido por el chavismo.
Maduro intenta zanjar la discusión con un argumento de fuerza:
«El poder militar habló», dijo en el mismo discurso poco después de haber recibido el espaldarazo firme del alto mando militar y delos jefes de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y las ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral), es decir de los generales con mando sobre las tropas.

Esta es la cadena de hechos que ha llevado a Venezuela a este laberinto:
Según la Constitución vigente, las elecciones debieron haberse llevado a cabo en diciembre de 2018, previa convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), no por la constituyente.
Y la propia elección de la constituyente fue írrita y esa dependencia de Maduro es rechazada desde su origen por medio centenar de países.
Tras el triunfo de Maduro el 20 de mayo de 2019, varios países de la comunidad internacional, especialmente los miembros de la Unión Europea y los más influyentes de América, desconocieron los resultados, invocando la naturaleza ilegítima del órgano que hizo la convocatoria.
Los comicios no contaron con observación imparcial internacional, y hasta el último momento Maduro y sus funcionarios presionaron a los electores para que votaran por él. Inclusive en discursos públicos, notorios y comunicaciones, ofrecía dinero en efectivo y cestas de comida a quienes salieran a votar.  «Amor con amor de paga», decía en sus discursos.
Empleados públicos sufrieron amenazas de ser despedidos, a los beneficiarios de programas de venta de alimentos a precios subsidiados los amenazaron con quitarles cajas de comida si no votaban por el heredero de Chávez.
En un 2018 que fue un año miserable para la mayoría de los venezolanos, ese triunfo estaba contra toda lógica política.
La diputada Delsa Solórzano de la Asamblea Nacional  (AN) declaró después del 20 de mayo que Maduro “se robó una elección, no vamos a tener más que un usurpador. No podemos reconocer a Maduro como presidente”.
Los comicios de mayo no únicamente se caracterizaron por un 64% de abstención. Además el Observatorio Electoral Venezolano denunció los actos de soborno por parte del ejecutivo.
Esta ONG dijo que se podía probar que estaba inducido el voto del supuesto 46% de electores que según el Consejo Nacional Electoral atendieron  la convocatoria.

A lo largo del día, aquél 20 de mayo los corresponsales de la OEV denunciaron el “chantaje” con bonos de hasta Bs 10.000.000 (unos 10 dólares de la época) en los estados Zulia y Trujillo, así como una coacción en el voto asistido a cambio de una caja Clap (de alimentos racionados). Sumado a esto, nuevamente a los trabajadores de instituciones públicas pidieron que presentaran sus comprobantes de haber votado por Maduro.

ANC: Parlamento ilegítimo, presidente ilegítimo
La Asamblea Nacional es el poder legislativo consagrado en la Constitución. Las curules del parlamento habían sido ocupados por una mayoría de diputados chavistas, incondicionales al Ejecutivo desde los primeros años del régimen presidencialista personalista de Hugo Chávez.
Desde allí se designaron los funcionarios de los otros tres poderes: judicial, moral y electoral.
El 6 de diciembre del 2015 la oposición obtuvo su victoria más significativa en 16 años de chavismo, cuando la plataforma electoral opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ganó abrumadoramente los comicios de la Asamblea Nacional y alcanzó una inesperada mayoría calificada.
El Parlamento entonces representó la primera gran amenaza del chavismo porque con esa mayoría era posible enjuiciar al presidente, vetar ministros y hasta convocar una asamblea constituyente.
Poco antes de verse obligado a entregar el parlamento, su entonces presidente , Diosdado Cabello (un capitán del Ejército que es el segundo hombre fuerte del chavismo) designó y juramentó 13 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, sin cumplir los procesos constitucionales para estos nombramientos.
Con estos magistrados, algunos de ellos militantes manifiestos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ex diputados, el chavismo se garantizó el control de la Sala Constitucional, que más tarde se convertiría según el gobierno en último garante e intérprete supremo de la Constitución Nacional.
Para neutralizar las funciones del parlamento adversario, el primero de mayo del 2017  Maduro convocó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la excusa de elaborar una nueva constitución capaz de “combatir la guerra económica”. 
A efectos de la Constitución de 1999, el ejecutivo podía hacer esta convocatoria siempre que se aprobara mediante un referéndum popular por los ciudadanos venezolanos.
En lugar de esto, el CNE procedió ilegalmente a realizar las elecciones para los diputados constituyentes, un proceso lleno de vicios.
Según Alí Daniels y Laura Louza, presidentes del observatorio Acceso a la Justicia, se constató como en algunos estados como Falcón los ciudadanos «no tenían un voto por elector», en particular a los sectores chavistas se les asignaba más votos.
Esto está corroborado por la empresa auditora Smartmatic, que entre 2004 y 2015 participó en 14 elecciones en Venezuela. Según la información provista por la empresa dos días después de la elección ilegal de diputados, los resultados auditados distaban de los números del CNE por al menos un millón de votos.
Por todo lo anterior, Estados Unidos consideró ilegítima a la ANC. Sin embargo, el gobierno venezolano siguió pretendiendo consignarle a la Constituyente un poder supraconstitucional para designar sobre otros poderes. Sobre esto, Daniels esclareció:
«Aunque tú puedes decir que la Asamblea Constituyente está por encima de los demás poderes, esta no puede anteponerse a la Constitución… que en este caso dice que el Consejo Nacional Electoral es quien convoca a las elecciones y dice cuándo se tienen que convocar».
Pero a la fecha, esa constituyente no ha redactado ni un solo artículo de una nueva constitución. En la práctica es un organismo subordinado a Maduro que le ha permitido a éste gobernar con poderes absoluto y soberanos, y sin contrapartida del legislativo.
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