Los audios del exembajador de Colombia en Venezuela desataron una tormenta que incluso, aparentemente, salpica a Maduro. ¿Quiénes son los protagonistas de este escándalo? ¿Cómo se llegó a este punto? Aquí lo contamos paso a paso para poder comprenderlo
“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa monda, tú que no sabes un culo de historia,lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje”. Las palabras son de Armando Benedetti, entonces uno de los funcionarios más allegados a Gustavo Petro, presidente de Colombia. El contexto: una conversación con Laura Camila Sarabia Torres, jefa de gabinete del Gobierno y reconocida mano derecha el mandatario de izquierda. El resultado de ese intercambio de ideas llegó a la revista Semana. Tras hacerse público, los dos han quedado fuera de la Casa de Nariño.
Como si se tratara de una serie de Netflix, la despedida de dos personas de tanta confianza parece ser no la conclusión sino el inicio de un capítulo complejo para Petro, que comenzó el 27 de mayo con un hecho que parecía ajeno a la cúpula del gobierno colombiano. Sarabia Torres informó que había sido víctima de un robo. “Sobre el hurto del que fue víctima mi familia y denuncié oportunamente a las autoridades, informo que fue por una suma en dólares no superior a los USD 7000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera”, dijo en su momento la funcionaria de 28 años, politóloga es especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña.
La investigación se centró inmediatamente enMarelbys Meza, niñera de 51 años que trabajaba en la casa de Sarabia Torres. La empleada doméstica ya había trabajado con Benedetti en Venezuela. Debido a que Sarabia había sido secretaria privada de Benedetti, parece bastante lógico que por vía de la recomendación, Meza terminara cuidando al niño de la mano derecha de Petro. Y aquí es cuando el cuento empieza a ponerse turbio.
Apenas llevaba seis meses como niñera, cuando desapareció un maletín con dinero y otros objetos en la casa de Sarabia Torres. La funcionaria le pidió que se sometiera a una prueba de polígrafo, en el sótano de un edificio llamado Galán, que está adjunto al Palacio de Nariño. Posteriormente, al investigarse este hecho, se comprobó que el celular de Meza había sido intervenido por las autoridades. «Chuzado», como dicen e Colombia. De por sí, este acto ya es suficiente para que la justicia actúe, pues como resalta el diario El País, «se usaron recursos públicos (el polígrafo, la sala de poligrafía del edificio Galán, el sistema de intercepción de comunicaciones, oficiales de la Dijín, activos de investigación, entre otros) para investigar a un civil sin ninguna orden judicial». Más grave aún fue lo que declaró Meza, quien dijo haber sentido “secuestrada” y afirmó que fue presionada por funcionarios en todo el proceso irregular de interrogatorio.
Al hacerse público la intervención y la declaración de Meza, la Fiscalía que dirige Francisco Barbosa (quien ha chocado verbalmente varias veces con Petro) dio una rueda de prensa en la que dijo que habría sido un agente de la Dijín del Chocó quien incluyó el número de Meza, y el de otra mujer que también trabajó para Sarabia Torres, en la lista de las indagaciones sobre operaciones del grupo armado, por lo que un fiscal solicitó la autorización para realizar la interceptación a un juez de garantías, quien finalmente dio el aval.
La Policía también emitió un comunicado afirmando que la noche del 31 de mayo el Director de la La Dirección de Investigación Judicial le informó al Director General que ese mismo día, pero en horas de la mañana, un analista judicial acudió a la Fiscalía General de la Nación para rendir una declaración juramentada. En esta «les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijín».
Pero, ¿qué información podrían manejar dos empleadas domésticas que fueran de relevancia, más allá del tema del dinero perdido? Después de todo, Meza habría superado la prueba del polígrafo. Pues bien, en diálogo con el periodista Daniel Coronell, el agente reveló que solicitó interceptar las dos líneas telefónicas de las exempleadas de Sarabia luego de una conversación con una fuente humana que pertenece al Clan del Golfo (un grupo armado organizado narcoparamilitar), en medio de una investigación contra ese grupo armado en el Chocó. El funcionario negó que las «chuzadas» se las hubiera ordenado un superior y aseguró que esa fuente es conocida por la Fiscalía pero que no tiene contacto con ella desde enero, por lo cual teme que el informante esté muerto o desaparecido.
«Hay que entender que estamos frente a dos procesos, uno con relación al hurto por denuncia de Laura Sarabia en Bogotá y otro en el Chocó contra las estructuras del Clan del Golfo. En el proceso el hurto la fiscal del caso solicita las líneas de la niñera y la empleada, cuando se intercepta una línea se ubica en una celda, si otro despacho en cualquier parte del país solicita la misma interceptación, la información rebota porque la línea ya está siendo escuchada (…) La Fiscalía del hurto tenía que preguntarle a la Fiscalía del Chocó las razones por las que estaban interceptando las líneas, eso nunca ocurrió«, dijo Miguel Ángel Del Río, el abogado del agente que mantiene su nombre en secreto por la investigación.
Del Río, además, asegura que el fiscal Barbosaestaba enterado de que había un caso abierto por el robo y que se involucró directamente en eso.
En la tarde del lunes 5 de junio, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca,aseguró que la directora saliente de la Dijín, coronel Olga Patricia Salazar, no tuvo conocimiento de esas interceptaciones y todo el trámite hecho para realizarlas: “Yo hablé con ella —Salazar— y me manifestó que no había sido informada ni consultada, y que —incluso— había fortalecido los controles en las salas de interceptación; pero dejemos que la investigación avance y el país conozca qué pasó realmente”. E insistió en que este caso no ocurrió a espaldas de nadie.
“No todo se hizo a espaldas de la Policía porque aquí cada uno responde por sus actuaciones, pero insisto: ante estos hechos, es la autoridad de la Fiscalía que debe establecer la investigación”, agregó Salamanca.
Debido a que la vergonzosa historia del polígrafo y las chuzadas se hicieron públicas, a Petro no le tocó más que oficializar la salida de estos dos personajes del Gobierno. “Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada (Laura Sarabia) y el embajador en Venezuela (Armando Benedetti) se retiran del Gobierno”, declaró el presidente.
La clave de esas pocas palabras está en la frase «mi funcionaria querida». Se corre en medios colombianos que Petro tenía en muy alta estima a Sarabia Torres. De hecho llegó a decir que ella «es la que manda en Colombia». Po el contrario, Benedetti, que había sido nombrado embajador de Colombia en Venezuela en agosto de 2022, había caído en desgracia y eso es lo que se escucha en las grabaciones que ha ido publicando Semana desde la noche del 4 de junio.
Benedetti se queja porque le hicieron esperar más de tres horas para ser recibido en el Palacio de Nariño. Y es entonces cuando empieza a hablar de su contribución a la campaña de Petro y usa frases que tocan directamente al presidente, hasta entonces un simple espectador de los sucesos. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (…), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”
Benedetti luego aseguró que los audios de Semana habían sido manipulados y tuvo una conversación con Vicky Dávila, directora de este medio, en la que, entre otras cosas, se dicen cosas como estas:
A. B.: nunca en la vida he recibido plata de una campaña, porque el que la da cree que te vas a quedar con un pedazo, y el que la recibe cree que te vas a quedar con un pedazo… Yo les decía, allá pueden ir, yo no, nada de eso. De hecho una persona me dice: “Te voy a dar, no sé, en esa época como 2.000 millones de pesos”, y yo dije: “No, yo aquí no te recibo un peso”. Me advirtió: “Dame el teléfono del gerente”. Le respondí: “Tampoco”, porque el día de mañana me iban a decir que yo le di el contacto. Yo en plata no me meto nada, nada es nada.
V. D.: pero usted de alguna manera gestionó 15.000 millones, porque usted lo dice en los audios.
A. B.: yo lo que decía era: “Vayan allá”. Pero no hablé con las personas que dieron la plata. Yo sé que daban plata para la campaña y eso, pero nunca en la vida gestioné plata. Yo en esa vaina no me meto ni por el hijueputa, ni por el hijueputa.
V. D.: ¿y de dónde saca el número de 15.000 millones de pesos?
A. B.: bueno, porque el gerente…, alguna persona me ha dicho.
V. D.: Nicolás Petro, ¿qué?
A. B.: no, ya no vamos a hablar más, Vicky, ya se acabó la entrevista.
V. D.: espérese un momentico, dígame una cosa: ¿los narcos dieron plata para Petro?
A. B.: Vicky, ya cállese la boca…
V. D.: dígame.
A. B.: que se calle la boca.
V. D.: usted sabe mucho Armando Benedetti.
A. B.: bueno, vamos a ver…
V. D.: ¿y usted está dispuesto a contarle al país todo lo que sabe?
A. B.: ¿ah?
Después de que Benedetti habló de los 15.000 millones que provenían de «la Costa», se ha especulado en algunos portales sobre quiénes serían los que podrían donar esa cantidad de dinero. Una de las últimas versiones involucra a Nicolás Maduro, líder del chavismo. Esto según elportal El Expedientey elgrupo Anonymous, aunque no se citan fuentes ni se aportan evidencias.
De acuerdo con El Expediente, Maduro donó el dinero a la campaña a través del Clan Torres “para apoyar de manera directa la campaña del Pacto y asegurar el triunfo de su hoy aliado, el presidente Petro”, dice la nota pero sin ofrecer datos concretos ni pruebas ni otros testimonios, más allá de lo que parece ser una «conclusión» a la que llega ese portal que tiene sus baterías enfiladas en contra de Petro.
Este «Clan Torres», según La Silla Vacía, es una casa política tradicional que fue clave en la campaña del presidente izquierdista en el Atlántico. Lo lidera el empresarioEuclides Torres, supuesto socio de Benedetti y padre del ex representante a la Cámara por Bogotá, Efraín Torres. Son cercanos a la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia, y al exembajador en Venezuela. Está compuesta por cinco hermanos.
“Presidente Petro lo sorprenderé cuando lleguemos a 10 000 millones de dólares en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de 8 millones de colombianos que viven en la frontera, ninguna línea imaginaria nos volverá a separar como hermanos”, escribió Benedetti cuando fue nombrado embajador en Venezuela.
Sin embargo, según la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana (Cavecol) al momento de renunciar Benedetti, solo se habían comercializado 187 millones de dólares durante el primer trimestre de 2023.
Por otra parte, Máximo Noriega, quien coordinó la campaña de Petro en la región Caribe, aseguro en Caracol que la financiación se movió desde Bogotá. “Decir eso me parece lo más fuerte con los costeños”.
Respecto a los supuestos dineros provenientes del régimen de Maduro en Venezuela, dijo que debido a las diferencias entre los dos presidentes desde hace muchos años no existía “ni una posibilidad” que entraran dineros desde Caracas.
“Descartado. Desde que (Petro) era alcalde de Bogotá (los presidentes) manifestaron una profunda diferencia de estilo, de forma y de concebir el gobierno y el Estado, por lo tantono había ni una posibilidad que entrara ningún recurso y de Maduro menos”. Sin embargo, Petro ha sido uno de los líderes que más ha trabajado por el reconocimiento del régimen de Maduro en el continente.
“No sería una sorpresa, como no lo es el accionar de (Armando) Benedetti, que Maduro financie proyectos y campañas en Colombia y la región. Hoy es el presidente Petro quien tiene que dar respuestas y es la justicia colombiana la que debe actuar”, expresó este 5 de junio Juan Guaidó, entrevistado por RCN Radio.
Guaidó dio una teoría, que los 15.000 mil millones de pesos de los que habla Benedetti, saldrían de los 21.000 millones de dólares que se desfalcaron en el escándalo de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
“Ese fue un botín que se distribuyó el chavismo con distintos fines: promover la represión y financiar proyectos como los que hoy denuncia Benedetti y financiar grupos como el ELN y las disidencias de las FARC”, concluyó Guadió.
El «Proceso 8.000» hace referencia a un caso en el que Ernesto Samper (presidente entre el 7 de agosto de 1994 y el 7 de agosto de 1998) estuvo a punto de ser destituido porque dinero del llamado Cartel de Cali había entrado a su campaña electoral. «Lee cómo empezó el 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma (…) no es chantaje todavía”, dice Benedetti a Laura Camila Sarabia Torres, recordando ese momento histórico.
El «Proceso 8.000» inicia realmente en la segunda vuelta presidencial de 1994. Andrés Pastrana, rival de Samper, le entrega unos casetes (bautizados luego como los “narcocasetes”) al dirigente y expresidente César Gaviria en los que se habla de dinero ilegal que entraba a la campaña del candidato liberal. Las cintas terminaron en la Fiscalía.
Las investigaciones llevaron a la detención de Fernando Botero, coordinador de la campaña presidencial de Samper, al extesorero, Santiago Medina y al excontralor de la nación, Manuel Francisco Becerra, quien fue acusado de recibir dineros del Cartel de Cali. Estados Unidos, que en ese momento tenía una fuerte campaña de tolerancia cero con el narcotráfico, se involucró y le canceló la visa a Samper.
Al final, después de un gasto importante para defender su nombre, la mayoría del Congreso, en julio de 1996, no encontró culpable a Samper, aunque tampoco avanzó en investigaciones para demostrar su inocencia. Los periodistas Mauricio Vargas, Jorge Lesmes y Édgar Téllez, recogen todo lo sucedido en el libro El Presidente que se iba a caer.
Según todos los analistas, en los dos años siguientes (1997-1998), el gobierno de Samper se caracterizó por obviar los grandes problemas de Colombia, centrándose en defender su inocencia. Sin embargo, el entonces vicepresidente, Humberto de la Calle, se opuso a seguir en un Gobierno que había perdido legitimidad.
¿Perderá legitimidad el gobierno de Petro? Por ahora se ha dedicado, como ya es costumbre, declarar por su red favorita: Twitter. «No se ha aceptado chantaje sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad. Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales», además aseguró en una manifestación pública que no ordenó intervenir ningún teléfono.
Este intrincado de dimes y diretes aparece cuando según la más reciente encuesta de Invamer, la aprobación a la gestión de Petro pasó de 50% en noviembre a 34% en mayo. Además, la coalición -que le permitía gobernar sin una gran oposición- se resquebraja y pone en suspenso las reformas que prometió como candidato: reducir la participación privada en el sistema de salud, redistribuir las tierras improductivas y reformar el sistema laboral, así como el de pensiones. Y el desarme de las organizaciones armadas ilegales a cambio de beneficios jurídicos parece en el limbo.
Legalmente, por ahora no hay pruebas que involucren al presidente colombiano, más allá de lo que ha dicho Benedetti y los reclamos de la oposición que exige una detallada investigación. El excandidato presidencial Federico Gutiérrez fue el más radical y pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar la presunta financiación irregular al ahora mandatario. Lo anunció en Twitter:
A lo que Petro respondió mencionando un tuit del 5 de junio, en el que Benedetti parece arrepentido por haberse dejado llevar «por la rabia y el trago» sobre lo dicho en los audios:
Mientras que la vicepresidenta Francia Márquez aseguró en la misma red social, que todo se trata de un movimiento de «la derecha» contra «el cambio».
La última jugada que se sabe de este complejo caso es que tanto el exembajador en Caracas como su «pupila» deben rendir declaraciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y presentar informes de ingresos y gastos de la campaña. De lo que allí salga, dependerá el nuevo capítulo de esta novela.
Maduro dijo que la pena de cadena perpetua sería para corruptos y traidores de la patria. Para ello, buscará impulsar la reforma de la Constitución, que hasta ahora solo admite una pena máxima de 30 años
Petro, considerado un aliado de Maduro, calificó la semana pasada de "golpe antidemocrático" la sanción contra Machado en un inédito pronunciamiento
El de este martes fue el quinto cara a cara oficial entre Petro y Maduro desde que el presidente colombiano asumió el poder en agosto de 2022 y retomó las relaciones con su vecino
