Tendrán que cumplir cuarentena de 14 días pero luego podrán vivir en libertad bajo custodia de sus padres. Después de sufrir un infierno en el mar y en la isla, le ganaron una al gobierno de Trinidad
Al poner los pies en playa Los Iros al mediodía del martes 24 de noviembre, los 16 niños venezolanos deportados desde Trinidad y Tobago fueron encarcelados nuevamente. Pasaron unas 48 horas en el mar, navegando en una embarcación precaria, con fallas en los motores, tras ser sacados forzadamente de la isla justo antes del inicio de un juicio que determinaría su permanencia en el país, según informó la abogada de las victimas, Nafeesa Mohamed.
Pero, después de ese purgatorio, al fin fueron reconocidos humanamente. Por decisión judicial, los 16 niños podrán permanecer en Trinidad, bajo custodia de sus padres, aunque primero deben cumplir una cuarentena de 14 días por covid-19.
Sin embargo, hasta el mediodía de hoy jueves 26 de noviembre, el gobierno de Trinidad no había cumplido con lo ordenado por la Corte, según denunció la abogada Karla Henríquez.
Hoy a las 7 de la mañana debían liberar a los 16 menores, con edades entre 4 meses y 17 años, que permanecían todos juntos dentro de una jaula. Ante la Corte, los niños, sus padres y sus abogados se enfrentaron al gobierno de Trinidad y Tobago, que insistía en la deportación.
Según informó el periodista Francisco Marín en su cuenta de Twitter @FranciscoAMarin, el abogado encargado de la defensa fue Gerald Ramdeen, asistido por Acnur (entidad de las Naciones Unidas para los refugiados).
Al regresar a aguas territoriales en Trinidad, los 16 niños, junto con nueve adultos, fueron llevados a una comisaría en Siparia, al sur de Trinidad, contó la abogada y activista por la defensa de los derechos humanos, Karla Henríquez.
Los cinco días de encarcelamiento, hambre y violaciones de derechos humanos que vivieron antes de la expulsión permanecerán para siempre en su recuerdo.
Yesenia González, también activista y defensora de los DDHH de venezolanos migrantes en Trinidad, difundió un video en el que da cuenta de la cruda situación que vivieron los 16 niños y nueve adultos: encerrados en calabozos, acostados en el suelo, padeciendo dolencias de salud y llorando por alimentos.
Ese video se puede ver aquí:
Pero, a pesar de haber estado encerrados en esas condiciones y sin certeza de cuándo podrán lograr la unificación de las familias, el terror de los padres era otro: que obliguen a los niños a regresar a Venezuela.
«Los padres se negaban rotundamente al regreso de sus hijos a Venezuela”, advirtió Karla Henriquez. “Para empezar, por miedo a lo que haga la Guardia Nacional con sus hijos. Y porque la situación es grave: los padres están en Trinidad tratando de sobrevivir para que sus hijos también puedan sobrevivir. En Venezuela no tienen un salario, no tienen alimentos. Hay niños con diabetes y problemas cardíacos. Sus hijos se les están, literalmente, muriendo de hambre».
Henríquez recalcó que se trata de un escenario en el que el miedo es el protagonista.
«No querían, ni quieren, regresar a Venezuela porque tienen pánico de lo que les pueda pasar a sus hijos y a ellos en manos del régimen de Nicolás Maduro».
Explicó que, al momento de ser detenidos inicialmente, no hubo un procedimiento policial formal, ni realización de actas: «Los tuvieron desde el 17 de noviembre hasta el 22 de noviembre, presos y maltratándolos psicológicamente, durmiendo en el piso». Y –según se ve en el video- así esuvieron otra vez.
Destacó la activista que «cuando se enteraron de la medida de habeas corpus que introdujo Nafeesa Mohamed ante la Corte Suprema y que la audiencia de presentación era el 22 de noviembre a la una de la tarde, llevaron al grupo de gente a que firmaran la repatriación voluntaria, pero ninguno quiso firmarla porque era ilegal que firmaran niños. Los montaron en el bote y los dejaron a la buena de Dios».
Organismos internacionales han emitido pronunciamientos en torno al caso. De hecho, poco después de la deportación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que expresaron «preocupación» y exhortaron al gobierno de Trinidad y Tobago a garantizar el ingreso a la isla a los venezolanos «que buscan protección internacional por razones humanitarias».
Este miércoles 25 de noviembre, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, emitió un comunicado en el que resaltó que «todos los refugiados y migrantes, independientemente de su estatus, tienen derecho a ser protegidos y que sus derechos humanos sean respetados».
La posición del gobierno de Trinidad y Tobago, sin embargo, es contraria a lo recomendado por la Corte Internacional.
Primero, el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, dijo el martes 24 que las deportaciones seguirán. Llegó hasta a poner en duda la propia existencia de los niños de este caso:
“He visto el ‘supuesto’ reporte sobre los 16 niños, pero ahora pregunto: ¿alguien ha visto a esos individuos? ¿quiénes son? Que muestren certificados de nacimiento para verificar que son menores de edad (…) Yo no puse a ninguna persona en ningún bote. Conozco mis responsabilidades, y no cubren eso. No sé si son 10, 12, o 16 niños. Vi lo que dijo Juan Guaidó, pero no sabemos de qué hablan”.
El primer ministro Keith Rowley fue un poco más allá. Para él, Trinidad se encuentra bajo asalto de delincuentes que utilizan a niños para “obligarnos a aceptar” el estatus de refugiado.
Prácticamente responsabilizó a la Organización de Estados Americanos –concretamente a Juan Almagro- de haber declarado “la guerra” a su país por no haberse unido a los esfuerzos de Elliot Abrams y el presidente Trump por “forzar un cambio violento de régimen en Venezuela”.
Mientras la discusión derivó hacia el fango político, arrastrada sobre todo por las autoridades trinitarias, los niños y sus padres tratan de aferrarse a un futuro mejor, que parece arena entre los dedos.
El balsero que huye y pone en peligro su vida para escapar del socialismo se ha convertido en un símbolo de la miseria y de lo que el disidente cubano, Manuel Cuesta Morúa identifica como “la geopolítica de la pobreza” de un modelo que acumula 60 años de fracaso. Venezuela se ha unido a este símbolo y cada acción del régimen madurista, como las leyes del odio, las comunas, la militarización y el control económico, lo que hacen es ratificar la hermandad de ambos países en ese propósito común.
El lunes en la mañana despacharon desde Trinidad y hacia Venezuela, otra embarcación con 22 personas, incluidos niños y adultos mayores. Está desaparecida
El cadáver de una inmigrante venezolana de 40 años de edad, identificada como Evelyn Rojas, asesinada en su apartamento, permanece en una morgue de la isla de Trinidad desde hace cuatro días porque sus allegados no han ido a reclamarlo posiblemente por miedo a las autoridades migratorias, informó el martes The Guardian Media.
