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"Se lo llevaron vivo": denuncian detenciones arbitrarias en Petare

Junior Pantoja, uno de los dirigentes más populares del partido Primero Justicia en la barriada caraqueña de Petare, fue secuestrado este viernes por fuerzas de seguridad del Estado al servicio del chavismo. Los vecinos de este ex concejal denuncian allanamientos extrajudiciales y agresiones a inocentes, en medio de una enorme redada contra los jefes de bandas criminales que gobiernan la zona

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Cuerpos de seguridad del chavismo que ejecutan una intensa redada en el barrio José Félix Rivas, de Petare, Caracas, secuestraron al dirigente comunal Junior Pantoja en la mañana de este viernes. Hasta ahora no hay información sobre su paradero, denunciaron vecinos de este activista del partido opositor Primero Justicia.

«¡Se lo llevaron vivo! !Digan que se lo llevaron vivo!», coincidieron varios denunciantes en comunicación telefónica con periodistas desde esa zona de Petare.

Pantoja, ex concejal del municipio Sucre por Primero Justicia, es muy conocido y apreciado en su comunidad. Gerencia un comedor popular que atiende cada día a unos 200 de los niños más pobres de la zona, bajo el programa «Alimenta la Solidaridad».

Según testigos, funcionarios de la tenebrosa Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, llegaron directamente a buscarlo en su casa.

Allanaron la casa sin ninguna orden judicial y se lo llevaron, dijeron los testigos.

Allegados de Pantoja negaron vinculación alguna con cualquiera de los «líderes negativos», como llaman a los jefes de las bandas criminales que mantienen en zozobra a Petare.

En busca de Wilexis

Las fuerzas del gobierno buscan en particular a Wilexis, líder territorial a quien el gobierno de Nicolás Maduro ha declarado la guerra y acusa de trabajar con la DEA.

Ese señalamiento, formulado durante una rueda de prensa, le dio ribetes políticos a un conflicto entre bandas criminales bien conocidas en el este de Caracas.

Los jefes criminales en las barriadas mantienen vínculos estrechos con «pranes», como llaman a los bandidos que controlan desde dentro el negocio de los presidios en Venezuela. En una compleja madeja de intereses, las bandas operan libremente en ciertas zonas y actividades permitidas por el chavismo desde hace años, según denuncias de vecinos que requieren el anonimato por razones de seguridad personal.

La inmensa barriada de Petare fue «peinada» desde la madrugada de este viernes por fuerzas militares y policiales. Se trata de una operación conjunta de varios cuerpos de seguridad, policiales y militares.

El despliegue incluye helicópteros, tanquetas y decenas de efectivos de la Guardia Nacional y el Cicpc (antigua PTJ, cuerpo de investigación policial científica).

En la zona se libra una guerra entre bandas criminales que ostentan impunemente armamento pesado, incluso granadas y fusiles de asalto.

La FAES es la más activa en las redadas, ordenadas por Nicolás Maduro después de seis días de enfrentamientos entre facciones criminales, dijeron vecinos.

Las familias de este complejo de favelas, donde la presencia formal del Estado es mínima, han vivido en zozobra durante años. Pero en los últimos días, la guerra y el terror subieron de intensidad.

Se llama FAES

Este cuerpo es el principal violador de los Derechos Humanos entre los organismos de seguridad del Estado venezolano al servicio del chavismo, según activistas. Se atribuyen a la FAES más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales.

Los casos llegaron al conocimiento de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ella los incluyó en un informe sobre el conflicto venezolano y pide que sea disuelta esa fuerza.

Pantoja, llamado en el barrio «El Mocho Junior», porque le falta un brazo, es uno de los cercanos colaboradores en Petare del ex alcalde del municipio Sucre Carlos Ocariz, también de Primero Justicia.

Junto con Voluntad Popular, este es uno de los partidos opositores más perseguidos por el régimen chavista de Nicolás Maduro.

En octubre pasado, asesinaron en Petare al concejal por Voluntad Popular Edmundo “Pipo” Rada. Según la oposición, el caso tuvo motivaciones políticas y el responsable es el régimen de Nicolás Maduro.

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