El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue reducido a solo 20 magistrados, desde 32. Son menos, pero más poderosos. De manera pública, notoria y comunicacional, el perfil de la mayoría de estos funcionarios está muy vinculado a la máxima cúpula del chavismo y al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). De ellos, 12 repiten en funciones aunque, según la Ley, debieron quedar fuera del organismo.
Diosdado Cabello, el considerado número dos de la llamada revolución bolivariana metió a dos generales del Ejército en salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, Maduro conservó sus cartas claves en la máxima corte del Poder Judicial.
Las nubes grises sobre el edificio de la Esquina de Dos Pilitas, no han cesado. Aunque quisieron limpiar y pintar la casa todo sigue igual. Hay nuevos jueces, pero pareciera que solo hubo un cambio de toga negra, oscura y desgastada como la hora menguada que vive la justicia venezolana.
Un comité falaz escogió a discreción, entre acuerdos de media noche, quienes serán los que se pongan esa toga usada y sin prestigio, denuncian activistas de los derechos humanos y los opositores políticos al chavismo.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, logró ubicar a dos generales del Ejército en dos salas que, aunque no tienen mucha incidencia política, podrán tener votos importantes en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Se trata de Juan Carlos Hidalgo Pandares, quien viene de ser fiscal general Militar, y de Henry José Timaure Tapia, hasta 2017 presidente del Circuito Judicial Penal Militar y de la Corte Marcial.
Hidalgo Pandares, militar que trabajó en Casa Militar y fue comandante de varios batallones del Ejército, fue el fiscal que imputó a muchos civiles en jurisdicción castrense, violando la Constitución Nacional, que establece que todo ciudadano solo deber ser procesado por sus jueces naturales.
Por su parte, Timaure Tapia tuvo entre sus manos, entre otros casos, el llamado juicio por el “Golpe Azul”, militares detenidos por supuestos planes conspirativos en el componente Aviación Militar.
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“Justamente vienen del Poder Judicial, que es más controlado por el poder Ejecutivo, porque a diferencia de los jueces ordinarios los miembros de la Corte Marcial son nombrados por el Ministro de la Defensa. Eso quiere decir que son personas de confianza de quienes gobiernan”, dijo el director de la ONG Acceso a la Justicia Alí Daniels.
También como inconcebible calificó la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León el nombramiento de militares en el TSJ.
“Ya traspasaron los límites, este es un gobierno militar, esta es una dictadura militar, ahora están en el Poder Judicial y, sin Poder judicial Independiente no hay democracia. Es la primera vez que militares ingresan al TSJ”, afirmó.
Entre estos “nuevos” nombramientos de jueces del máximo tribunal de Venezuela, hechos por la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, destaca Gladys Gutiérrez. Ella vuelve a la Sala Constitucional del TSJ, después de haber salido a cumplir con algún papel designado en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Gutiérrez, quien según fuentes de propio chavismo, pertenece al ala de Nicolás Maduro, fue escogida por primera vez como Magistrada el 9 de diciembre de 2010, por lo que este año terminaba su período único en el máximo tribunal del país.
Si hay algo que se extravió en el camino hacia el TSJ es la ética, coinciden los críticos.
Gutiérrez trabajó directamente con Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores cuando fue la secretaria del Consejo de Ministros, sólo alguien de confianza, no cualquier funcionario, ocupa ese cargo. Y si con algo fueron consecuentes los que hoy gobiernan es con que si una persona no es militante “leal” del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no obtiene un puesto en el régimen.
Gladys Gutiérrez demostró que no puede ser una jueza imparcial en el TSJ. En abril de 2013 le quitó a la Sala Electoral la demanda que hizo Henrique Capriles sobre las elecciones presidenciales que ganó Nicolás Maduro por 2% de ventaja. El magistrado Fernando Vegas la tenía en sus manos y, según fuentes del propio tribunal en la época, iba a admitir la demanda.
Gutiérrez dijo que Vegas no era competente y su sala se quedó con el expediente declarando la solicitud de Capriles inadmisible.
Son 12 los magistrados que repiten en el “nuevo” TSJ que designó el parlamento que dirige Jorge Rodríguez.
Entre ellos, Maikel Moreno, quien viene desempeñándose como presidente de la Sala Penal y del propio Tribunal. Sin embargo, forma parte de la pugna, y es una de las razones de la tardanza de los nombramientos. Un sector político del PSUV quería mantenerlo allí, mientras que el ala fuerte de Maduro quiere a Gutiérrez nuevamente en la presidencia.
Recordemos que la confianza en Moreno se vio en entredicho el día que ocurrieron los hechos de abril de 2019, cuando se dijo que tenía preparado un pronunciamiento que emitiría luego que un grupo de militares se sublevaron y estuvieron parte de aquel día en el distribuidor Altamira desconociendo al régimen chavista.
Para Daniels, estos nombramientos superaron las peores de sus expectativas, porque se habían generado otras ideas, inclusive en la comunidad internacional, tal y como lo dijera la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, de que podrían venir mejores tiempos para el sistema de justicia con cambio significativos. Algo que, como vemos, no sucedió.
“Tenemos que entender que en ese anterior tribunal supremo fue que ocurrió la apertura de un examen preliminar y el pase a una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Es decir, que si la CPI ha tenido que intervenir es porque precisamente la justicia no lo ha hecho bien, y en lugar de llamar la atención de los magistrados que fueron responsables de esta situación, ahora son premiados con una reelección que viola la constitución. Vamos a tener casos como los de Gladys Gutiérrez y Malaquías Gil, que pudieran pasar entre 22 y 24 años en TSJ”, manifestó Daniels.
El abogado cree que esto será así porque cuando reformaron la Ley Orgánica del TSJ, en la segunda disposición transitoria, dejaron plasmado que los magistrados que estuvieran aún en ejercicio en este nuevo nombramiento podrían permanecer en el tribunal un período adicional.
“En el mejor de los casos vamos a tener magistrados hasta con 19 años en el cargo. Las supuestas caras nuevas, son las mismas de siempre, los enroques de los ministros ahora lo vemos entre funcionarios de los poderes públicos”, afirmó.
En la Sala Constitucional además de Gutiérrez, repiten Lourdes Suárez Anderson, hermana del asesinado fiscal Danilo Anderson y de quien en un principio de estas discusiones apareció como candidata a presidir el TSJ.
Luis Fernando Damiani Bustillos es otro de los jueces que se queda en la sala. Él fue quien le quitó el partido Voluntad Popular a Leopoldo López el pasado 7 de julio de 2020 y se lo entregó a José Gregorio Noriega, Guillermo Luces y Lucila Pacheco. Damiani Bustillos sigue la corriente de Gutiérrez.
La única integrante nueva aquí es Tania D´Amelio, quien viene del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero antes fue diputada del PSUV, y según reza en la Ley en su artículo 37, D´Amelio debió renunciar a su militancia política para poder ser magistrada.
En la Sala Político Administrativa, Malaquías Gil Rodríguez Repite, aunque pasa de la Sala Electoral a esta, al igual que Bárbara César Cierro.
Ingresó el militar del Ejército y del ala de Cabello, Carlos Hidalgo Pandares. En la de Casación Social se queda únicamente Carmen Álvarez e ingresan el hermano de Bernabé Gutiérrez, José Luis Gutiérrez Parra y el general del Ejército Henry Timaure.
En la Sala Penal, continuarán Maikel Moreno seguramente como presidente de esta instancia. También, la magistrada Elsa Gómez Moreno, quien es cercana a Cilia Flores, por ende, está del lado de Maduro.
En el pasado, Gómez Moreno mientras estaba en la Sala Dos de la Corte de Apelaciones de Caracas, fue señalada de favorecer al general Víctor Cruz Weffer, cuando el Ministerio público lo acusó de presuntos hechos de corrupción.
Quien ingresa nueva es la ex Defensora Pública Carmen Castro Gilly, de quien no hay muchas referencias en ámbito político. Sin embargo, fuentes del partido oficial la vinculan a Diosdado Cabello porque fue designada en ese cargo en el momento en el que éste era el presidente de la Asamblea Nacional.
Aquél nombramiento de «magistrados express», a dedo por Cabello y su Asamblea Nacional saliente, sería más tarde el arma definitiva del chavismo para anular desde el TSJ los poderes del nuevo parlamento electo en 2015.
En esa Asamblea Nacional la oposición obtuvo una mayoría calificada que potencialmente le hubiera permitido cambiar el curso de la historia política de Venezuela.
“Si su nombramiento pasó ese filtro, es por algo”, comentó a El Estímulo una fuente desde el partido rojo.
En la Sala de Casación Civil le dieron un “puestico” a la oposición con la designación de Elías Bittar Escalona, miembro de Primero Justicia, muy cercano a Henrique Capriles.
E n su momento Bittar Escalona formó parte del grupo legal del extinto canal opositor Radio Caracas Televisión.
Carlos Alexis Castillo Ascanio también ingresa a la sala y viene de la Cancillería, mientras que, Edgar Gavidia Rodríguez permanece. Este último, es hermano del exesposo de Cilia Flores Walter Gavidia Rodríguez.
Por último, en la Sala Electoral ingresa Carlicia Rodríguez, de quien no hay mayor referencia política. Repite la magistrada Fanny Márquez, del lado de Nicolás Maduro.
El mandatario nombró a Fanny Márquez en enero de 2015 como vicepresidente del Cencoex (Centro Nacional de Comercio Exterior) el ente oficial encargado de manejar a discreción las divisas durante la vigencia del control de cambios. En su momento ella también fue intendente nacional del Seniat y consultora jurídica de Conatel.
Otro que se queda es Inocencio Figueroa, quien pasó de la Sala Político Administrativa a la Electoral.
Entre los magistrados suplentes destacan el ex Rector del CNE Luis Emilio Rondón, que estuvo ligado a la oposición.
Sobresale también la ex vicefiscal Katherine Harrington, aquella que una vez ingresara en la maleta de un vehículo al Ministerio Público, cuando la destituyó la fiscal general Luisa Ortega Díaz en el año 2017.
Ortega Díaz se había vuelto disidente del chavismo y eventualmente salió de Venezuela tras ser defenestrada por sus antiguos aliados chavistas.
El abogado y profesor universitario Perkins Rocha se hizo la siguiente pregunta, “de qué valió a la oposición apaciguadora lavarle la cara al TSJ del horror acusados en la Corte Penal Internacional de ser cómplices de crímenes contra la humanidad? Sólo uno de veinte designados no forman parte ni tienen vínculo aparente con el oficialismo”.
Aseguró que de los anteriores 32 magistrados repiten 12 y eso viola “descaradamente” la norma constitucional, y que de los ocho “nuevos” jueces, seis de ellos fueron alcaldes, diputados y rectores del CNE, “todos fichas del chavismo”.
Rocha resaltó la presencia militar en el “novedoso” TSJ.
“De estos seis resaltan dos, el General División, Juan Hidalgo, Fiscal General Militar (2009) y Henry Timaure, presidente de la Corte Marcial (2017), Ambos denunciados en la CPI por haber juzgados a jóvenes estudiantes civiles en la jurisdicción militar, propia conducta de las cortes nazi”, afirmó.
En síntesis, un TSJ que habiendo asesinado a la Justicia, se dispone ahora a mutar, para esconder su faz criminal de la vista de la CPI, consolidando a las mafias que le han prometido ayudarlo en esa tarea de lobby internacional.
El partido Voluntad Popular, uno de los más perseguidos por el sistema chavista de justicia, desconoció estos nombramientos en el TSJ.
«La intención del régimen con este nombramiento a dedo solo busca perpetuar la protección de sus corruptos y negar el derecho a la justicia para millones de venezolanos que exigen a voces un sistema judicial transparente», dijo en un comunicado.
«La falsa renovación del TSJ de Maduro es una traba para el trabajo de organizaciones internacionales que claman imparcialidad para los venezolanos, como lo es el caso de la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DD.HH. de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han dedicado años a la búsqueda de justicia en nuestro país», agrega Voluntad Popular.
Dentro del nuevo nombramiento se incluyó a la exrectora del CNE Tania D'Amelio y el de la expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, también a José Luis Rodríguez, Elías Bittar y Luis Emilio Rondón
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