La víctima conocida más reciente es un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, cuyo único pecado político parece ser su vinculación al partido Bandera Roja, tolda de izquierda con más de 50 años de existencia en Venezuela, y que desde 1998 fue muy crítica al régimen de Hugo Chávez. En el sistema de justicia venezolano, lo incluyen en una trama de supuesta conspiración contra el régimen.
Jhon Álvarez estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue detenido el 30 de agosto de 2023 por supuestos funcionarios vestidos de civil en la avenida Bolívar de Caracas, y presentado este 5 de septiembre en el tribunal cuarto de control con competencia en terrorismo, en el Palacio de Justicia, golpeado y acusado de estar inmerso en una conspiración con un grupo de sindicalistas recientemente sentenciados a 16 años de prisión.
Aunque los sujetos no estaban identificados, posteriormente se supo que eran de la Dirección de Inteligencia Estratégica y Tácticas (DIET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), organismo que no es más que parte de las antiguas FAES, grupo señalado de cometer violaciones a los derechos humanos, entre ellos asesinatos extrajudiciales, en su mayoría de jóvenes que vivían en sectores pobres en varias localidades de Venezuela.
La anterior Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, dijo el 17 de marzo de 2022 que las FAES habían sido disueltas, sin embargo, nunca hubo una comunicación oficial al respecto.
“Los operativos, las acciones y las ejecuciones extrajudiciales que llevaba a cabo las FAES,las retomaron otros organismos de policíascon una cantidad inmensa de nombres, creados a nivel estatal y en cada una de las dependencias”, manifestó el sociólogo Roberto Briceño León, presidente del Observatorio Venezolano de Violencia, justo después de estas declaraciones de Bachelet.
Las cifras que dejó en su corta pero letal historia la FAES mete miedo al más bravucón. Según la plataforma periodística Monitor de Víctimas, entre 2017 y 2022 se registraron 2.033 ejecuciones extrajudiciales. La organización no gubernamental Lupa Por La Vida registró que en el año 2020 hubo 3.034 víctimas de violencia policial y militar (11% lo cometió las FAES). Asimismo, la ONG Provea indicó que en 2021 fueron 1.414 las ejecuciones.
“Digan a mi familia lo que pasó en la audiencia, fui golpeado con bates cubiertos con fundas (telas) para que no dejaran marcas, me colocaron descargas eléctricas en los testículos”, habría dicho Jhon Álvarez en la sala de audiencias según comentó uno de sus abogados, Eduardo Torres.
La madre de Jhon, Wendelin Peña, dijo en la Defensoría del Pueblo, que pudo visitar y ver a su hijo.
“Le pido a todas las madres de Venezuela y el mundo que me respalden, porque hoy es mi hijo, estudiante, pero mañana puede ser el hijo de cualquiera de ustedes. Ha sido criado con mucho amor en el seno de una familia humilde”.
Wendelin Peña
Según reiteradas denuncias, estos casos se repiten en Venezuela, sin parar. Es un aparente patrón sistemático ejecutado por personas que sin portar identificación o distintivos de algún cuerpo de seguridad del Estado, a bordo de vehículos sin placas y fuertemente armados, detienen a civiles o militares, los desaparecen por horas, días o meses, y luego de practicarles torturas, los obligan a rendir falsos testimonios para incluir en alguna jugada judicial a otros ciudadanos. Después son presentados en tribunales donde fiscales y jueces siguen con la comparsa alegórica a la injusticia.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, manifestó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, en 2021.
Según el último informe de Provea, además de estos seis sindicalistas detenidos, al menos 344 fueron hostigados o perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Durante los diez años de gestión de Nicolás Maduro,87 dirigentes sindicales han sido arrestados y procesados por ejercer derechos y 3.512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento.
A Jhon Álvarez le habrían revisado el teléfono, y le encontraron un post almacenado que tenían la cara de Simón Bolívar, las banderas de Venezuela y Ucrania, y un texto que decía: Unidos por la Libertad. Una vez detenido, encapuchado y trasladado a una sede de la DIET en Los Chaguaramos, los “funcionarios” habrían impreso la imagen para decir que se las habían incautado a Álvarez y así quedó registrado en la audiencia de presentación, según comentó el abogado Joel García, quien también forma parte de la defensa del estudiante.
Vale destacar que, al momento de la detención, a Álvarez le quitaron su teléfono, una cadena y una esclava, el reloj y su vehículo tipo moto. Ninguna de sus pertenencias constaba en el acta de aprehensión en la audiencia. “Se las robaron”, afirmó García.
“Le preguntaron una vez detenido, qué hacía y si militaba en algún partido político, a lo que Jhon contestó que era estudiante y pertenecía a la juventud de Bandera Roja”, comentó el jurista. Luego le habrían exigido que grabara un video donde señalara a Carlos Julio Rojas, periodista y dirigente social de La Candelaria en Caracas, y Carlos Salazar sindicalista. Los tuvo que hacer, después de supuestamente haber sido torturado, diciendo que Rojas era el encargado de organizar manifestaciones en el centro de la capital venezolana y que Salazar, planeaba ejecutar alguna explosión en una de las principales autopistas.
La fiscalía le imputó «asociación para delinquir y conspiración», por la foto que le encontró en su teléfono, los supuestos panfletos y un informe de contrainteligencia donde dan cuenta de un supuesto testigo que dijo que Álvarez y los seis sindicalistas sentenciados tenían un grupo de WhatsApp donde decían que planeaban robar unos fusiles de un fuerte castrense y sabotear los actos militares del 5 de julio.
«Este tipo de uso indebido de leyes antiterroristas es un intento de sofocar y estrangular a la sociedad civil organizada», dijeron expertos de la ONU, justo después de la condena de los seis sindicalistas, caso al que quieren vincular a Álvarez.
El periodista y dirigente vecinal del centro de Caracas Carlos Julio Rojas indicó que es preocupante lo que está sucediendo porque “al chamo lo torturaron y lo obligaron a grabar dos videos, uno donde señala a Carlos Salazar y otro en mi contra, diciendo que íbamos a hacer atentados y protestas. Fui a la Defensoría del Pueblo y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo donde está la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, buscando protección”, indicó Rojas.
Indicó que él no tiene escoltas y que los colectivos (bandas civiles armadas del chavismo) del régimen saben donde vive en La Candelaria, en el centro de Caracas.
“En estos últimos días, noté más presencia de colectivos cerca de mi casa”, aseguró el comunicador.
Rojas dijo que el sábado 2 de septiembre él se enteró de que la policía estaba tratando de “negociar” con Álvarez su libertad a cambio de que entregara tanto a Salazar como al dirigente social, por lo que Rojas se refugió todo el fin de semana y no salió a la calle, tomando precaución para no ser arrestado.
Desde 2017 el Foro Penal venezolano ha documentado 470 casos de torturas en nuestro país.
“Antes de 2017 también hubo torturas”, aseguró su Director Ejecutivo Gonzalo Himiob.
Indicó que en general las torturas que se practican son las mismas desde que este método se comenzó a implementar y documentar.
“Comienzan en el momento del arresto, cuando a las personas se les incomunica completamente, ahí comienza un patrón de amenaza, de agresiones físicas, se reiteran los golpes, mantienen a las personas esposadas y arrodilladas por largos periodos de tiempo, se les priva de comida, de agua, es una constante las descargas eléctricas, las amenazas de agresión sexual en el caso de las mujeres”.
Gonzalo Himiob
El jurista aseveró que desde hace algún tiempo la represión dejó de ser masiva para focalizarse.
“Concluyó la pandemia y también las manifestaciones políticas masivas, entonces la represión mutó y se convirtió en una represión selectiva, y quienes están generando en estos momentos focos de incomodidad o protestas frente al gobierno son los sectores sindicales, de diferentes rubros, y las personas vinculadas a estos sectores sindicales”, indicó Himiob a El Estímulo.
Recordó que cuando las enfermeras fueron las que levantaron las banderas de la protesta por sus reivindicaciones laborales, entonces la represión fue contra estos profesionales.
“Hemos visto la represión contra trabajadores de empresas estratégicas del estado cuando se quejan por sus condiciones laborales. Hay una voluntad muy clara por evitar que la protesta se organice en grupos que puedan generar incomodidad al gobierno”.
Hasta este 6 de septiembre de 2023, el Foro Penal registra un total de 282 personas detenidas por razones políticas en retenes y cárceles venezolanas.
Como es bien sabido, en la Corte Penal Internacional (CPI) se sigue un proceso en el cual hay una investigación abierta sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, cometidos, si se comprueba, por funcionarios del Estado. El jurista venezolano Mariano de Alba explicó a El Estímulo cuál es el estatus en la Corte de este proceso.
“Actualmente, el gobierno de Venezuela está apelando la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual decidió que la Fiscalía (de la Corte) podía continuar con la investigación internacional sobre crímenes de lesa humanidad, visto que las autoridades venezolanas no han investigado ni enjuiciado a los altos responsables en el sistema de justicia venezolano«, explica.
«Como parte de esa apelación, la Sección de Participación y Representación de Víctimas de la Corte, debería en breve solicitar que cualquier persona que se considere víctima comparta su posición sobre si la investigación debe o no continuar, para consideración de la Sala de Apelaciones. En paralelo a esto, está pendiente la implementación de un memorándum de entendimiento firmado entre la Fiscalía y el gobierno venezolano que contempla varios elementos, empezando por el establecimiento de una oficina de la Fiscalía en Caracas y asistencia técnica de la Fiscalía a distintos organismos de justicia venezolanos para que puedan estar mejor preparados para prevenir, investigar y sancionar posibles crímenes de lesa humanidad en el país”.
¿Es posible que la denuncia de torturas por parte de Jhon Álvarez puedan formar parte de lo que se investiga en La Haya?
“Sí. Es un caso que la Fiscalía podría decidir investigar y tomar en cuenta. Ahora bien, es importante aclarar que la Fiscalía no atiende casos específicos, sino que puede tomar los casos como fundamento para eventualmente acusar a determinados funcionarios como presuntamente responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad”.
¿Si la corte desecha la apelación del gobierno venezolano, y según el memorándum de entendimiento, podría definitivamente abrirse esa oficina y comenzar el trabajo en terreno de la Fiscalía?
“En teoría la implementación del memorándum de entendimiento debería estar haciéndose ya, porque la Corte decidió que la apelación no suspende la investigación internacional y cualquier gestión que la Fiscalía de la Corte puede realizar. Pero en la práctica es evidente que la apelación podría estar generando retrasos. Por ende, la Fiscalía debería poder abrir su oficina en Caracas muy pronto, aunque para eso depende también la voluntad del gobierno en facilitar diversos trámites administrativos (como visado de funcionarios). El trabajo en el terreno de la Fiscalía, al menos por ahora, va a estar limitado a prestar asistencia técnica a los órganos de justicia venezolano”.
¿Es decir, ni siquiera podrá hacer entrevistas a víctimas o investigar funcionarios que pudieran estar inmersos en presuntos delitos competencia de la Corte?
“Los términos específicos del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Venezuela y la Fiscalía no son públicos, así que es difícil darle una opinión con propiedad. Sin embargo, de la información pública disponible, puede concluirse preliminarmente que al menos por ahora, no está claro que la Fiscalía de la Corte podrá entrevistar a víctimas en Venezuela y mucho menos investigar a funcionarios presuntamente responsables”.
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