Este lunes en Ginebra, en el 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se volvió a discutir las violaciones cometidas en Venezuela y reportadas por la Misión. El gobierno de Maduro no coopera, responde descalificando esta investigación y llamando tarifados a los expertos de la ONU.
Mientras busca despertar simpatías y compasión en el mundo, el régimen chavista de Nicolás Maduro reacciona con ira a las reiteradas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos fundamentales cometidas por agentes al servicio del Estado y que dentro de las fronteras son asunto público, notorio y comunicacional.
«Los ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela se están intensificado a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición o crítica al Gobierno del presidente Nicolás Maduro», afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la situación Venezuela, en su últimoinformepresentado este lunes 25 de septiembre en Ginebra.
«La Misión, que investigó durante el último año alegaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país durante enero de 2020 y agosto de 2023, concluyó que tenía motivos razonables para creer que se cometieron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias cometidas durante este tiempo».
«La Misión también documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo período», agrega el resumen difundido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.
Este 54º período de sesiones del Consejo comenzó el 11 de septiembre y terminará el 13 de octubre próximo. En sus jornadas de trabajo pasa revista a la situación de los Derechos Humanos en varios países, y aborda puntos álgidos como Venezuela, cuya crisis tiene efectos e toda América.
«No obstante, la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado, y el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático, coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos», agrega.
«Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal».
Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU
Destaca el reciente caso de un grupo de seis sindicalistas condenados el 1 de agosto de 2023 a 16 años de prisión por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en detención por más de un año.
Las conclusiones de este cuarto informe sobre los Derechos Humanos en Venezuela fueron presentadas este lunes 25 de septiembre en el curso del 54º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante los Estados miembros del Consejo y Organizaciones No Gubernamentales.
Hubo además una discusión interactiva entre los interesados, destaca un material de prensa de la oposición venezolana.
El ex diputado Miguel Pizarro Rodríguez, dirigente de la oposición y representante de este bloque en la Misión de la ONU para Venezuela, difundió un resumen de algunas intervenciones de países críticos del régimen venezolano.
«Bélgica, en representación de los países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) agradecieron a la Misión por su ardua labor y manifestaron su preocupación ante las violaciones a los Derechos Humanos que se ha documentado, así como la reducción del espacio cívico y las recientes detenciones a dirigentes sindicales».
«Por su parte, Canadá en representación de Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay declaró: “Deploramos la práctica actual de apuntar y atacar a una serie de partidos que priva a la sociedad de unas elecciones justas y libres”. En referencia a las recientes inhabilitaciones políticas, la creación de juntas directivas ad hoc a distintos partidos y a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender a la junta directiva del Partido Comunista.
«Pedimos que Venezuela coopere con los mecanismos de protección de los DDHH. Hacemos un llamado al gobierno venezolano a que detenga las violaciones de DDHH, cese la reducción del espacio cívico democrático”, manifestó Austria.
«Igualmente, Alemania expresó su inquietud ante la represión que existe hoy en día en el país ante cualquier forma
de disidencia, e indicaron que se encontraban preocupados por el trato que se le estaba brindado a activistas civiles encarcelados, como es el caso de Javier Tarazona.
Miguel Pizarro, representante de la Asamblea Nacional (electa en 2015 y cuyo período terminó en 2020) para las Relaciones Exteriores y las Naciones Unidas, señaló:
“El régimen sigue negando que en el país se cometan violaciones a los derechos humanos y que se esté reduciendo
el espacio cívico democrático; sin embargo, el informe de la Misión se ha encargado de desmentirlos. El acoso hacia los líderes sindicales no ha parado, hace menos de 3 meses 6 líderes sociales y sindicales fueron condenados a 16 años de prisión imputándoles falsos cargos de terrorismo”.
Reino Unido señaló que “El trabajo de la Misión es fundamental para documentar las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela y para que se sigan supervisando los derechos en el país”.
Francisco Cox, miembro de la Misión de Determinación de los Hechos resumió:
“Algunos países han manifestado una falsa dicotomía entre la Oficina del Alto Comisionado, la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de los Hechos, quizás esta es una de las historias de éxito que se pueden dar en la historia de este Consejo de DDHH: la existencia de la Misión, la existencia de la participación de la Oficina del Alto comisionado en terreno y el inicio de una investigación penal por la Fiscalía de la CPI. Al parecer han surtido efectos en disminuir los efectos de la represión cruda que se daba anteriormente pese a la persistencia con personas seleccionadas como son los líderes sindicales”.
Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro afirmó que este informe es panfletario y es parte de lo que califica como una «estrategia para legitimar» las «criminales e ilegales» sanciones impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos contra el gobierno de Nicolás Maduro.
«Venezuela expresa una vez más su más categórico rechazo a las insólitas acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la mal llamada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, en un nuevo informe panfletario», indica un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil.
La ONU destaca que este cuarto informe se presenta al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con su resolución 51/29, de 7 de octubre de 2022 y contiene las conclusiones de la misión internacional independiente de investigación sobre Venezuela.
El informe se centra en dos áreas: El aparato estatal y sus mecanismos de represión y las restricciones del espacio cívico y democrático; y la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) como parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en julio de 2022 como continuación, en términos de estructura, mando y modus operandi, de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
La FAES, acusada de centenares de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves a los derechos cambió de nombre recientemente, pero todos los señalamientos recalcan que se mantienen las mismas prácticas ya denunciadas en el pasado.
«La DAET tiene funciones similares y actúa del mismo modo que las FAES. Además, de manera preocupante, la nueva Dirección cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad», dice el informe.
“La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”. Dijo Valiñas.
“Es imperativo vigilar la actuación de la DAET para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos humanos”, agrega Valiñas en un reciente resumen del informe.
El chavismo afirma que los miembros de la Misión son «mercenarios tarifados para mentir sobre un tema tan sagrado como los Derechos Humanos».
«No dedican ni una línea de su escrito, ni un minuto de su show mediático, para explicar como despilfarran, sin auditoría alguna, los recursos del sistema internacional, elaborando pasquines repletos de falsos positivos», agrega el comunicado.
Justamente, la Misión recalca que «lamenta la falta de cooperación del Gobierno venezolano y continuará trabajando para promover la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas para los perpetradores».
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El general Cristopher Figuera, el ex jefe máximo de la temida policía política de Venezuela,Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (Sebin), concede una nueva entrevista, esta vez al diario español El País, desde su exilio en Estados Unidos. Con conocimiento de causa revela y confirma lo que ya ha sido denunciado reiteradamente por defensores de los derechos humanos: las torturas son una práctica sistemática en los organismos de seguridad del Estado, y el concejal opositor Fernando Alban no se suicidó, sino lo lanzaron desde una ventana en un edificio oficial.
"La FAES no depende de nadie. La muerte como divisa", es una investigación de Keymer Ávila publicada como libro con Provea. Allí, traza el perfil de lo que se considera un tipo de política de exterminio promovida por el Estado
