El Ministerio Público logró privativa de libertad para el vicepresidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Antonio González, y dos inspectores navales adscritos a la citada dependencia estatal y al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, por su presunta responsabilidad en una compra irregular de tres embarcaciones de gran velocidad a empresas españolas.
Según algunas versiones, en el caso también estaría involucrado el exministro Hebert García Plaza, a quien el Tribunal 10 de Control del Área Maetropolitana de Caracas habría ordenado la aprehensión. Sin embargo, esta versión aún no ha sido sido confirmadas autoridades gubernamentales.
Esta situación data de finales del año 2013 y fue denunciada por autoridades de Bolipuertos el 23 de enero del 2015. Por este hecho también fue imputado otro inspector.
Los fiscales 93º y auxiliar nacional, Rubén Contreras y Tayifo Rodríguez, respectivamente, imputaron a González por ser el presunto autor en los delitos de peculado doloso, concierto con contratista y evasión de procesos licitatorios.
Por su parte, los inspectores Wilfredo Urbáez, Armando Larrazabal y Luís Pagua fueron imputados por ser facilitadores en los dos primeros delitos.
Tras ser evaluados los elementos de convicción presentados por los fiscales, el Tribunal 10º de Control de Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó medida privativa de libertad contra González, Urbáez y Larrazabal, quienes fueron remitidos a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide.
Mientras que a Pagua se le acordaron medidas cautelares consistentes en la presentación cada ocho días ante la citada instancia judicial, asimismo, la prohibición de salida del AMC y del país, esto debido a sus 75 años de edad.
Adicionalmente, los fiscales del caso solicitaron la medida de bloqueo e inmovilización de las cuentas y los bienes de los hoy imputados, sin embargo, el mencionado Tribunal se negó a acordar esta medida.
El 23 de enero del 2015, autoridades de Bolipuertos denunciaron ante el Ministerio Público que estas personas, a finales del año 2013, habrían autorizado la adquisición irregular de tres naves a empresas españolas.
Luego de diversas diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público se logró determinar la vinculación de González, Urbáez, Larrazabal y Pagua con este hecho.
Entre el pasado viernes 17 y sábado 18 de abril, se logró capturar a los hombres en diferentes zonas del territorio nacional, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del caso y acordadas por la referida instancia judicial.