La unificación cambiaria, entendida como la sustitución de un sistema (oficial) de cambios múltiples por un tipo de cambio (oficial) único, no ha sido adoptada porque el gobierno dice vender el dólar más barato para importaciones relacionadas con alimentos y medicinas, por ejemplo. Aun sin discutir su monto y necesidad y la persistencia de un marcador paralelo para la compraventa de dólares, es cuestionable la conveniencia de otorgar subsidios a través del dólar.
Actualmente, un dólar se vende a Bs. 10 para usos subsidiados y a cerca de Bs.270 para los demás. Sería equivalente vender el dólar a Bs. 270 para todos los usos, y transferir Bs. 260 a los receptores del subsidio por cada dólar que el gobierno “le permita” comprar. Venezuela tiene su moneda, y los subsidios que decida el gobierno pueden hacerse en su propia moneda.
Eliminado el problema de los cambios oficiales múltiples y sus incentivos a la corrupción, determinar quiénes, por qué y en cuánto deben ser subsidiados se convierte en un problema por sí mismo. Los subsidios en bolívares deben ser parte del presupuesto nacional, puesto que deben pagarse con impuestos expresados en bolívares. El monto de los subsidios influye en la mezcla de impuestos, deuda y financiamiento monetario necesaria para pagarlo, e influye en la estabilidad de precios, tipo de cambio y tasas de interés. Su asignación tiene efectos redistributivos y genera nuevos incentivos a la corrupción, pero la eliminación de todo subsidio también tiene efectos sobre la pobreza y la distribución del ingreso.
Por otra parte, debe notarse que los subsidios que hemos considerado hasta ahora son otorgados a las empresas, sobre las cuales el gobierno impone luego controles de precios. Reducir los subsidios a las empresas debe conducir a un incremento en todos los precios controlados. Con precios completamente libres, subsidios diseñados de este modo no son los mejores modos de asistir poblaciones vulnerables. Subsidios a grupos de bienes (como los combustibles) pueden ser costosos para el gobierno y estar sujetos a niveles que, por arbitrarios, destruyen capacidades de producción futura.
Para que los precios sean flexibles y estables se requiere de una política fiscal ordenada y transparente. La pobreza y la desigualdad explican la existencia de grupos vulnerables. Comprar bienes o servicios y distribuirlos es una opción de protección de en poblaciones objetivo, y puede introducirse en un presupuesto bien elaborado. También transferencias de efectivo a grupos de consumidores bien definidos, considerando el efecto en los incentivos que puede generar. Programas permanentes de atención transitoria, como el seguro social y el seguro al desempleo en algunos países de Europa ilustran el punto.
Atender a poblaciones vulnerables es una obligación ética y una decisión política. Sin embargo, la elección de mecanismos inapropiados puede acabar por empeorar las condiciones de vida presente y futura de quienes se afirme querer proteger.
Por: Ronald Balza]]>
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