El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó este jueves 8 de noviembre la primera sentencia, de n° 1112 por la Sala Político Administrativa del poder judicial, que adopta a la criptomoneda venezolana, petro, como una unidad de cuenta para pago de indemnizaciones por daño moral
Pese a que la decisión introduce al criptoactivo como un medio de pago para calcular compensaciones, el mismo no va a ser aplicable a todas sino únicamente a las que conciernen a daño moral. Además, el texto también justifica el uso parcial del petro y especifica que “busca proteger el valor de la cantidad otorgada como indemnización por daño moral por un accidente de trabajo, con lo cual hace obligatorio el cripto para operaciones como esta donde el bolívar era la unidad clave”, aseguró la ONG Acceso a la Justicia.
Según el Tribunal, la finalidad de la medida es establecer un sistema de actualización monetaria y en ese sentido defendió la decisión de usar el petro para “hacer frente a los ataques perpetrados contra la economía nacional”.
El ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, aseguró este miércoles 7 e noviembre que Venezuela pretende “llevar la criptomoneda estatal, el petro, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) para convertir esta moneda digital en el futuro de las transacciones petroleras”.
El presidente Nicolás Maduro informó el pasado martes que los petros adquiridos hasta el final de este año podrán ser convertidos “en criptomoneda internacional o en cualquier moneda de divisa convertible del mundo”.
El petro, creado a finales del año pasado, tiene el mismo valor del barril petrolero de la cesta venezolana, según asegura el gobierno de Maduro.
Asimismo, está respaldado por los 5 mil 342 millones de barriles de crudo de la reserva venezolana lo que a juicio de la Asamblea Nacional (AN) lo hace nulo pues la Constitución prohíbe “usar las reservas del país como garantía” ni tampoco contempla al petro como moneda nacional.
Por su parte el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, prohibió mediante una orden ejecutiva “todas las transacciones” vinculadas al sistema financiero estadounidense “con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018″.]]>
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