Muchas categorías de extranjeros como los refugiados, los asilados, los que solicitan o se reinscriben para el Estatus de Protección Temporal (TPS, un amparo migratorio), los inmigrantes especiales jóvenes y las personas amparadas bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA) ya no son rechazados por ser una carga pública.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden reveló este jueves que ha elaborado una nueva regla de carga pública, es decir la que se aplica a personas que solicitan la residencia permanente en EEUU, para dispensar un trato «justo y humano» a los inmigrantes.
La regla propuesta, que se publicará en los próximos días y tendrá un período de 60 días de consulta, niega la residencia permanente (tarjeta verde) y algunos tipos de visado si el solicitante tiene «probabilidad de depender principalmente del gobierno para su subsistencia», afirma el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de EEUU en un comunicado.
El DHS propone que no se tomen en cuenta los beneficios que no sean en efectivo, y pone como ejemplo los programas de asistencia alimentaria, el seguro médico para niños, la mayoría de los beneficios de Medicaid (que ayuda a pagar los costos de salud), las ayudas de vivienda y los bonos de transporte.
Tampoco consideraría la asistencia por desastre recibida bajo la Ley Stafford, las ayudas por la pandemia, los beneficios recibidos a través de un crédito o deducción fiscal, el seguro social y las pensiones del gobierno.
La propuesta brindaría «un trato justo y humano a los no ciudadanos», en la línea de lo prometido por Biden durante la campaña electoral para romper con la política de su predecesor Donald Trump, quien había ampliado el concepto de inadmisibilidad para abarcar a más extranjeros.
«La regla de carga pública de 2019 no fue coherente con los valores de nuestra nación», afirma el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, en el comunicado.
A partir de ahora «las personas no serán penalizadas por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellas», afirma Mayorkas.
Por ley, muchas categorías de extranjeros están exentas del motivo de inadmisibilidad por carga pública y no estarían sujetas a la regla propuesta, como los refugiados, los asilados, los que solicitan o se reinscriben para el Estatus de Protección Temporal (TPS, un amparo migratorio), los inmigrantes especiales jóvenes y las personas amparadas bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA).
La reforma llega en un año de elecciones clave para consolidar o debilitar el poder del gobierno demócrata de Biden, pues en noviembre son los comicios de medio término para renovar el Congreso y el voto latino será clave.
Al menos 11,6 millones de latinos votarán en estas las elecciones de noviembre de 2022, casi el mismo número que en 2018, cuando se batió un récord, anticipó este jueves el fondo NALEO.
Según las proyecciones del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), los latinos volverán a desempeñar un papel decisivo en las elecciones de medio mandato, es decir los comicios legislativos en los que se renueva un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes que se celebran justo a mitad del mandato presidencial de cuatro años.
El voto de los latinos -cuyas familias y amigos a su vez ven ellos una importante referencia migratoria- es importante porque casi uno de cada 10 votantes (9,8%) será latino en estas elecciones previstas para noviembre próximo, lo que representa un aumento del 34,1% desde 2014.
El Partido Demócrata del presidente Joe Biden podría perder el control del Congreso en estas elecciones debido al descontento de sus votantes por la alta inflación y el estancamiento de algunas de sus reformas más emblemáticas como la migratoria y el gigantesco plan social conocido como Build Back Better (Reconstruir Mejor).
La fiscalía tendrá que demostrar que Trump orquestó o al menos autorizó a su entonces abogado personal Michael Cohen para que éste pusiera de su bolsillo el dinero para la exactriz Stormy Daniels
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El gobierno estadounidense "tiene responsabilidad política, jurídica y moral por los crímenes de guerra" cometidos por Israel contra los palestinos "a través de su ayuda militar, que viola el derecho internacional y es un cheque en blanco y una luz verde para continuar la agresión brutal contra nuestro pueblo", denunció Hamás en un comunicado
