El fantasma del Dakazo recorre los pasillos de las tiendas

El gobierno activó a 27 mil personas para llevar a cabo el proceso de verificación de inventarios, estructura de costos, facturación y precios en exhibición de locales de alimentos, electrodomésticos, textiles, juguetes, calzados y ferreterías, según voceros de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

El Ejecutivo nacional justifica su proceder como una respuesta a lo que denomina la guerra económica contra el pueblo, actuando en contra del sector privado.

“Se siente un deja vu con lo que ocurrió el año pasado con el famoso Dakazo. Se multaron comercios, otros cerraron, hubo comerciantes presos”, dice Mauricio Tancredi, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios.

Recuerda el dirigente gremial que se hizo ver a la población que todos los comerciantes habían recibido divisas de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior, cuando menos de 15% había tenido acceso a ellas.

“Que no quede nada en los anaqueles”, ordenó el presidente Nicolás Maduro la noche del 8 de noviembre de 2013 y desatar una euforia colectiva que produjo kilométricas colas en las adyacencias de los establecimientos afectados por la reducción de precios y saqueos en algunos de ellos.

La primera tienda sobre la que se dio la medida fue Daka, del ramo de electrodomésticos, y de allí que se diera el nombre del “Dakazo” al proceso que supuso que en apenas tres semanas se colocara el inventario para tres meses, afirma Tancredi.

“Los inventarios no se recuperaron en su totalidad en 2014 por el acceso irregular a los mecanismos cambiarios y porque las empresas no han crecido por las restricciones de la Ley Orgánica de Precios Justos y la ley del trabajo”, sostiene el presidente de Consecomercio.

Para el segundo trimestre de 2014, el sector reportó una disminución de inventarios de 71% en comparación con igual período de 2013, según la Encuesta Comercial y de Negocios del gremio.

“Esta oleada de fiscalización va a acabar con el inventario”, manifiesta Tancredi.

Existe mucho nerviosismo entre los comerciantes por la manera como se abordó el operativo.

En el centro de Caracas, el fin de semana, se vendieron dos juguetes por personas y los comerciantes decidieron cerrar antes de lo acostumbrado.

“La primera etapa fue amedrentadora, fue una sobre exposición de poder que colocó a muchos comerciantes en situación de mucha tensión”, dice Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Caracas.

Tanto Tancredi como Maldonado exigen respeto para el comerciante. “El gobierno lanza un ejército de 27 mil fiscales que va por él”, dice el directivo de la Cámara de Comercio.

El discurso de Maduro y del superintendente de precios Andrés Eloy Méndez es en contra el sector privado y “los inspectores salen con la intención de neutralizar el adversario. Eso lo que hace es minar la confianza del inversionista”, dice Maldonado, para añadir que la medida se toma en un período de menores ventas.

La encuesta de Consecomercio reflejó una caída de 52% en sus ventas en el lapso comprendido entre abril y junio de este año.

Tras el “Dakazo” el gobierno afirmó que restablecería inventarios y no pudo. Ahora hay menos posibilidades porque el colapso de los precios del petróleo los situarán entre 65 y 70 dólares, con lo que habrá menos dólares para importar.

“El gobierno sigue jugando al populismo como si tuviera recursos infinitos”, dice Maldonado.

Estas fiscalizaciones que buscan atemorizar a los comerciantes “son una suerte de justificar la función pública que no ha sido eficiente para garantizar el abastecimiento y es más fácil culpar al tercero que supuestamente sabotea”, advierte Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores.