El presidente Nicolás Maduro amplió el límite del ingreso total mensual que deben tener las familias para solicitar créditos a través de la Ley de Política Habitacional de 15 a 20 salarios mínimos.
Esto implica que los ciudadanos que ganen entre Bs 28.944 (3 salarios mínimos) y Bs 192.980 podrán aplicar a un crédito otorgado con los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. Esta decisión fue tomada, según el presidente, «para extender los beneficios a la clase media venezolana».
El tope máximo de los préstamos a través del Fondo es de Bs 500.000.
También firmó un decreto que designa al órgano superior de vivienda la creación del registro inmobiliario de la Gran Misión Vivienda. «Estoy creando los registros públicos inmobiliarios especiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela y estableciendo las directrices para acelerar los procesos de protocolización de los inmuebles», dijo en cadena de radio y televisión.
Este jueves, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a la cual el Presidente se refirió como una «doble amenaza». «Me impediría hacer más nada, a partir de su supuesta aprobación. Es la amenaza para irle a quitar a usted su vivienda y negar el derecho a la vivienda digna», expresó.
Esta normativa fue propuesta por el diputado Julio Borges como una respuesta al vacío jurídico que existe en torno a la protocolización de los títulos de propiedad de las viviendas edificadas en el marco del programa social.
Maduro además reveló que hasta el año 2015 se habían invertido en la GMVV Bs 418.428.000, lo que equivale a $66.417 millones, que provienen de la cartera hipotecaria privada, de la inversión pública y de «otras fuentes financieras que se han creado para sustentar el esfuerzo».
«Todo esto gracias a los altos precios petroleros de los que gozamos hasta finales de 2014», dijo. Informó que la cesta venezolana se había cotizado hoy en $24,65. «Pocos países del mundo podrían sostener la inversión con estos precios del petróleo», dijo.
En este sentido, ordenó que el Fondo Simón Bolívar fuera adscrito de manera directa al Ministerio de Vivienda y Hábitat, para profundizar el impulso de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Una resolución conjunta, publicada en la Gaceta Oficial número 40.931, lista las empresas del sector público que ejercerán el derecho de preferencia en la adquisición de residuos sólidos metálicos y chatarra de hierro, aluminio y cobre, así como el procedimiento para estas operaciones.
El proyecto introducido por la Asamblea Nacional fue declarado inconstitucional por, entre otras causas, no contemplar el impacto de la incorporación de estos inmuebles en el mercado secundario de vivienda, cuyo crecimiento descontrolado, indica la sentencia, fue una de las principales causas de la crisis económica de 2008 en Estados Unidos.
Desde su creación en 2011, la Gran Misión Vivienda se ha valido del apoyo de los países socios del gobierno para cumplir con las metas de construcción. Sin embargo, un reporte de Provea, sustentado en el análisis de datos oficiales, revela que el año pasado estos convenios solo culminaron 44,2% de las unidades programadas para 2015.
