La Superintendencia de Bancos de Panamá dijo en un comunicado que tomó la medida para salvaguardar los intereses de los depositantes.
«A juicio de la Superintendencia, los intereses de los depositantes corren peligro y se hace necesario proceder» con la toma del control administrativo y operativo a partir del 11 de marzo, explicó la institución, encargada de regular un centro bancario con 90 bancos y activos por algo más de 100.000 millones de dólares.
La decisión se adoptó «ante la potencial imposibilidad» de la filial panameña «a tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes, lo que pudiera afectar las operaciones del banco en esta jurisdicción», explicó la Superintendencia.
La filial de la Banca Privada d’Andorra en Panamá opera con una licencia que le permite desarrollar la actividad para clientes no residentes en el país, según indica la entidad bancaria en su página de Internet.
El regulador aclaró que en Panamá no se han hecho señalamientos ni se tiene evidencias de que la subsidiaria de la Banca Privada de Andorra «esté comprometida en estos actos ilícitos».
La víspera el gobierno de Andorra, un principado europeo, intervino la administración de uno de sus cinco bancos después de que Estados Unidos acusó a ejecutivos de alto rango de esa institución de ayudar a lavar dinero de grupos criminales.
De acuerdo con la Superintendencia panameña, las acusaciones de Estados Unidos a la casa matriz de la Banca Privada d’Andorra tienen que ver con transacciones para organizaciones en Rusia y China y otras relacionadas con el desvío de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de comisiones. «Ante estos hechos, el riesgo de reputación del grupo bancario se incrementa de forma material», consideró el regulador panameño.
Aclaró que la medida no afecta al resto de los bancos de la plaza.]]>