Argentina recibió este miércoles un enésimo revés en su batalla contra los fondos especulativos, tras una decisión judicial que calificó como activos comerciales a todos sus haberes en Estados Unidos, con la excepción de los activos militares o diplomáticos.
Este veredicto, dictado por el juez de Nueva York Thomas Griesa luego de una audiencia de tres horas marcada por el tenso intercambio con los abogados del país, abre el camino al embargo o congelamiento de los activos de Buenos Aires en Estados Unidos a pedido de sus inflexibles acreedores.
Dando la razón al fondo especulativo NML Capital, Griesa dictaminó que el gobierno argentino no cumplió una decisión judicial de septiembre de 2013 que le imponía informar sobre todos sus haberes en Estados Unidos.
El fondo especulativo, que pertenece a Elliott Management, fondo de inversión del multimillonario estadounidense Paul Singer, afirmó que Argentina no dio curso a sus numerosas demandas de información, optando por jugar a «la obstrucción».
«Este tribunal ha llegado a la conclusión de que la República Argentina no ha cumplido con el mandato de septiembre de 2013», por lo cual procede aplicar esta sanción, precisó Griesa, quien está a cargo de la mayor parte de los casos que oponen a Buenos Aires con los fondos NML y su compatriota Aurelius, reacios desde hace 13 años a acordar cualquier aplazamiento o descuento de deuda de Argentina.
NML Capital pretende recuperar 1.800 millones de dólares que le adeudaría Argentina.
Su objetivo es establecer una lista de activos argentinos no protegidos por inmunidad diplomática en Estados Unidos y reclamar su embargo por la justicia.
– «Default» –
En 2012, el fondo obtuvo el embargo de la fragata «ARA Libertad», buque escuela de la marina argentina, a través de la justicia de Ghana. La nave estuvo retenida durante 76 días antes de que un tribunal internacional revirtiera esa decisión.
Argentina, que cayó en «default» en 2001, reestructuró su deuda en 2005 y luego en 2010. El 93% de sus acreedores aceptaron esas ofertas de reembolso parcial con importantes descuentos, pero el 7% restante la rechazó, reclamando el reembolso de la totalidad de lo adeudado más intereses.
La justicia neoyorquina fijó en junio en cerca de 7.000 millones de dólares la obligación de reembolso de Argentina. Este pulso con la justicia llevó en 2014 a Buenos Aires a un default parcial.
Los tribunales estadounidenses tienen autoridad sobre este tema debido a que ciertas obligaciones argentinas fueron emitidas bajo legislación estadounidense.
Calificado como «buitre» por Buenos Aires, NML afirmó este miércoles ante el tribunal, aunque sin aportar la prueba, estar convencido que los activos argentinos que se suponen dependen del rubro diplomático en Estados Unidos son en realidad activos de orden comercial.
«No hay ningún activo comercial en Estados Unidos. Todos los activos son diplomáticos y militares», replicó Carmine Boccuzzi, uno de los consejeros de Argentina, quien calificó las sanciones reclamadas por NML como «sin precedentes».
Jonathan Blackman, otro abogado de Buenos Aires, advirtió que la calificación de que todos los bienes argentinos en Estados Unidos sean considerados como «propiedades comerciales» provocará una batalla judicial sin fin y que no alentaría a Argentina a llegar a un acuerdo con los fondos.
Según él, NML Capital tiene la intención, por ejemplo, de embargar patentes y derechos de propiedad intelectual de agencias gubernamentales argentinas. De esta forma, las opiniones difieren sobre lo que puede ser calificado como actividad comercial, expresó el abogado.
Blackman citó la decisión adoptada en marzo por un juez de California que estimó que el fondo no podía oponerse al lanzamiento en 2015 y 2016 de dos satélites por la agencia especializada argentina (CONAE) para estudiar el medio ambiente, ya que ello no constituía una actividad comercial.
Pese a la insistencia del fondo NML, Griesa no se pronunció este miércoles sobre los nexos entre Buenos Aires y el banco central argentino (BCRA) y los grupos públicos de energía YPF y Enarsa, tres entidades que NML afirma que están vinculadas al gobierno argentino y que desea incluir en la lista de «propiedades» de ese país con el fin de embargar sus activos radicados en Estados Unidos.
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