El proceso se iniciará con la subasta en la sede de la bolsa de Sao Paulo de tres áreas de infraestructuras en el puerto de Santos, el mayor de Sudamérica, informó hoy el Gobierno.
Estas tres áreas componen la primera fase del denominado «Bloque 1» y forman parte de un paquete total de 93 concesiones que el Ejecutivo tiene previsto licitar a compañías privadas.
Las ofertas que se subastarán mañana se refieren a dos áreas destinadas al transporte de papel y celulosa en los barrios de Paquetá y Macuco, y una tercera para graneros sólidos de origen vegetal en la también región santista de Ponta da Praia.
La empresa vencedora de la subasta de Paquetá se hará con una zona de 22.500 metros cuadrados aproximadamente y deberá brindar nuevas instalaciones de almacenamiento, así como equipamientos de transporte y de transbordo de cargas hacia vagones ferroviarios.
Las mismas condiciones se aplicarán a la arrendataria de Macuco, que abarca unos 33.000 metros cuadrados y que, al igual que en la concesión de Paquetá, dispondrá de un plazo de cuatro años para cumplir con esas obligaciones.
Ambas compañías se comprometerán a garantizar un movimiento mínimo anual de 1.600 millones de toneladas a partir del quinto año.
En cuanto al área de Ponta da Praia, de 46.800 metros cuadrados, la compañía ganadora deberá certificar un movimiento anual de 3,9 millones de toneladas a partir del tercer año de vigencia del contrato, una cifra que aumentará hasta los 4,1 millones de toneladas a partir del quinto año.
La segunda fase del «Bloque 1» incluye todavía 26 áreas más, seis en Santos y veinte en el estado brasileño de Pará, y la perspectiva del Gobierno es que todas ellas se subasten antes de que acabe 2016.
Según la estimación oficial, las nueve licitaciones previstas en Santos requieren una inversión total de 3.200 millones de reales ($851 millones) por parte de la empresa arrendataria, mientras que la inversión de Pará asciende a 1.500 millones de reales ($399 millones).
La primera subasta brasileña de concesiones de áreas portuarias, organizada por la Secretaria de Puertos de la Presidencia de la República, el ministerio de Planificación y la Agencia Nacional de Transportes Acuaviarios (Antaq), se produce en un momento delicado para las finanzas brasileñas.
Con unas maltrechas cuentas públicas que han obligado al Congreso a revisar el déficit fiscal hasta 2% del Producto Interior Bruto (PIB), Brasil atraviesa su peor crisis económica de las últimas décadas.