Economía

Deuda comercial del sector privado asciende a $29.600 millones

La cuenta, elaborada por Ecoanalítica y revelada por Asdrúbal Oliveros este martes, incluye las deudas por importaciones no liquidadas, servicios (como las aerolíneas), empresas petroleras y dividendos retenidos.

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Dolares cuatro

Para Oliveros, el tema de la deuda tiene un rol preponderante en la búsqueda de mecanismos para reactivar el aparato productivo . «Es una piedra de tranca en torno a la discusión sobre el levantamiento de la producción en Venezuela», indicó durante su intervención en un foro de consulta organizado por la Comisión de Finanzas.

El propósito del foro es el de recoger propuestas para superar la situación económica y devolver al país a la senda del crecimiento. El diputado José Guerra, coordinador de la iniciativa, asegura que en 15 días la instancia debe tener listo el mapa de acciones a tomar, las cuales serán discutidas en plenaria y elevadas al Poder Ejecutivo como la propuesta del Parlamento a la crisis.

Como consecuencia de la deuda, numerosas transnacionales han desconsolidado de sus balances sus activos en el país. Esto implica que estas empresas operarán como compañías locales, lo cual les cierra el acceso a créditos de sus respectivas casas matrices. 

Solucionar el tema de la deuda pasa por llevar a cabo un programa de reactivación económica creíble que devuelva la confianza a los inversionistas. Para ello, Oliveros considera vital liberar las restricciones que existen en la oferta agregada, es decir, garantizar el acceso a las divisas para el sector privado y desmontar la burocracia alrededor de la actividad empresarial.

Al mismo tiempo, es vital replantearse los objetivos petroleros para elevar la producción, a través de una mayor apertura a las inversiones, lo cual implica mejorar las condiciones, y la revisión de los convenios internacionales que comprometen barriles de crudo, como Petrocaribe, el acuerdo de cooperación con Cuba y el Fondo Chino.

También es necesario idear una estrategia para reducir el déficit fiscal, que la firma calcula en 17 puntos de PIB para este año. «Esto no necesariamente puedes reducirlo con medidas impositivas» o con eliminación de algunos subsidios, explicó Oliveros. Para él, es pertinente hacer importantes recortes de gasto, lo cual puede acarrear un impacto político debido a la reacción de los beneficiarios de estas políticas.

Estos cambios tienen que darse paralelamente con otras medidas como el cese del financiamiento monetario -impresión de dinero-.
«Hoy por hoy, 70% de la canasta básica que utiliza el BCV para medir la inflación está regulada de alguno u otro modo», dijo. Esto podría reducirse a un nivel cercano a 20% en el que se incluya solo a los productos más básicos. «El resto debería ser liberalizado», indicó.

-Más allá del ajuste, reconstrucción-

El economista Leonardo Vera enfocó su intervención en lo que considera soluciones de corto y mediano plazo. Se refirió a un programa de reconstrucción económica, que se trata de algo más que un mero plan de ajuste. En esta agenda, la prioridad es el alivio de la restricción externa. «El país lo primero que debe hacer es buscar un objetivo cambiario y moverse a un tipo de cambio flotante», dijo.

Para ello se debe revisar la «gobernanza» de los ingresos petroleros. «Los ingresos no son manejados por el BCV, son manejados por Pdvsa. Por ende, es Pdvsa quien hace la política monetaria», dijo.

«El BCV no existe (como tal), es un rehén político del gobierno. Ha perdido todas sus facultades de mantener el equilibrio macroeconómico y preservar la confianza en la moneda», añadió.

Sobre los compromisos internacionales, señaló que «Venezuela debe ir a un refinanciamiento o reestructuración de su deuda externa de forma ordenada». También es necesario reactivar las líneas de crédito comerciales con proveedores internacionales.

Opina que la ley de precios justos debe ser sustituida por una ley de promoción y el fortalecimiento del emprendimiento y protección al consumidor. «El objetivo tiene que ser producir más», añadió.

En cuanto al sector petrolero, sugirió voltear la mirada a los 35.000 pozos inactivos de crudo mediano y liviano, que son más rentables, pueden volver a ser productivos con la inversión adecuada y en un plazo relativamente mediano. «El gobierno tiene el ojo puesto en la Faja», dijo.

-El debate cambiario-

Para Oliveros, el país se encuentra «en el peor momento para desmontar el control de cambio». Bajo las condiciones actuales, donde no se tiene acceso a liquidez ni confianza en los mercados, el «remedio» del desmontaje puede ser «peor que la enfermedad».

A su juicio, el gobierno podría optar primero por moverse hacia un solo tipo de cambio oficial, atado al tipo de cambio real que en 2015 cerró en $88 y este año, por la inflación estimada, se ubicaría el alrededor de $180 por dólar. Esta tasa debería tener por lo menos ajustes trimestrales.

Aunado a esto, permitir la flexibilización del sistema cambiario, a través de un sistema como Simadi que permita vender divisas a una tasa de cambio que se mueva con la oferta y la demanda y que sea transparente, donde las empresas petroleras puedan ofrecer dólares. A la vez, se debe despenalizar mercado paralelo de divisas, de modo que ambas tasas puedan «irse acercando».

Para Vera, es necesario salir del control de cambio pero solo para las transacciones comerciales, evitando liberar, en un primer momento, la cuenta de capital. 

Indicó que «el Estado usa 50% de sus divisas para sus propias importaciones, lo cual es absurdo» y que, además, genera una competencia desleal porque lo hace sin aranceles a una tasa exageradamente sobrevaluada.

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