Economía

AN puede exigir nulidad de los actos efectuados bajo anterior Ley del BCV

Transparencia Venezuela exigió a la AN priorizar la revisión de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que han sido el principal obstáculo en la labor del Parlamento.

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TSJ

La Ley del Banco Central de Venezuela ha sido reformada 6 veces desde el año 2.000, y en todas las oportunidades, según Transparencia Venezuela, se ha limitado la autonomía del ente emisor en la determinación de la política monetaria y su potestad de control sobre los poderes públicos.

«Nos parece que es responsabilidad de la AN anterior la crisis que tenemos hoy», dijo Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la organización, este lunes en rueda de prensa.

Considera que la sentencia 259 es una más en la lista de decisiones que han ido obstaculizando la labor de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre.

Explicó que la reforma de la Ley del BCV aprobada por la Asamblea, que revirtió el Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada, no era una tan profunda, pues lo que contemplaba era eliminar los cambios introducidos por Nicolás Maduro en diciembre de 2015 y volver a la legislación anterior. «Era una primera reforma», expresó.

Sin embargo, al ser declarada inconstitucional, el Parlamento podría pedir nulidad de todos los actos que se hicieron bajo la anterior ley del BCV, vigente hasta diciembre de 2015.

«La Sala que decide todos estos asuntos es la Constitucional que se ha estado definiendo como un suprapoder. Tenemos que ver quiénes son estos super magistrados», indicó.

Citó el caso de Calixto Ortega, que luego de perder las elecciones legislativas en Zulia «fue premiado» con la magistratura y hasta votó por él mismo para el cargo. Además, estuvo a cargo de la sentencia en contra de la reforma de la Ley del BCV. «No podemos pensar que es independiente», dijo.

Así también nombró a Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, entre otros con comprobada simpatía con el partido de gobierno.
«Lo que esta haciendo el TSJ es negar el rol de la AN», sostuvo. Considera que el problema es «grave» y contribuye a profundizar la crisis económica actual.

«Exigimos que el TSJ rectifique, aunque no conocemos si esto se ha hecho anteriormente. Invitamos a que estos 7 magistrados piensen en el país. En la medida en que sea cómplice de la sumisión del BCV ante el gobierno está creando incentivos de abuso de poder y corrupción», señaló.

Por otro lado, Transparencia Venezuela también hizo un llamado a la AN, para que actúe con urgencia con respecto al tema. «Es muy difícil priorizar, pero una tarea fundamental, consideramos nosotros, es revisar la elección de los magistrados o reformar la Ley del Tribunal Supremo de Justicia», indicó.

«Vamos a llevar esta sentencia a órganos internacionales, como Parlasur, Mercosur, Unasur y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También enviamos un informe a Ginebra, a la Comisión de Derechos Humanos, donde incluimos el caso de la independencia del TSJ», agregó.

-Papeles de Panamá: Fiscalía debe pronunciarse-

De Freitas considera que la filtración de los documentos de la firma panameña sobre las empresas offshore creadas por funcionarios venezolanos abre la oportunidad para que las personas sepan la verdad sobre lo que ocurre y las relaciones de poder entre los involucrados.

«Lamentablemente tenemos un TSJ que es un apéndice del gobierno. Esperaríamos que la Fiscal salga inmediatamente e inicie la investigación», indicó. Dijo que tanto la Contraloría como la Fiscalía deben pronunciarse al respecto para bajar la incertidumbre.

Opina que es necesario investigar aún más a las personas señaladas por el trabajo periodístico y sus redes de relaciones. «Es vital que la declaración de intereses y de bienes sea pública en Venezuela», expresó.

La ex parlamentaria Vestalia Sampedro, también presente en la rueda de prensa, recordó que en el caso del general Cruz Weffer fue expuesto en su momento en la Asamblea Nacional, pero la bancada oficialista negó la aplicación de la justicia en el nivel que le corresponde al Legislativo, que consiste en elaborar un informe y someterlo al Tribunal.

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