La propiedad del jubilado está localizada en la frontera entre los dos países y se ha tornado un acceso ilegal a Brasil transitado por la población de la región que lo atraviesa para comprar alimentos que escasean en territorio venezolano y llevar gasolina a Pacaraima (Roraima), donde es revendida.
Y es que la ciudad, que no cuenta con ninguna gasolineras, se ha visto afectada económicamente por el cierre de fronteras.
Maduro alega que su decisión trata de evitar que los billetes de 100 bolívares (un dólar equivale en Venezuela a 670 bolívares) caigan en manos de mafias colombianas y brasileñas, financiadas supuestamente por EEUU.
«No se puede hacer nada. No lo puedo impedir. Es una cuestión de solidaridad. La gente tiene hambre. No se le puede prohibir a nadie que quiera comer», dijo el jubilado al diario brasileño Folha de S.Paulo.
Además de la casa de Oliveira, hay al menos otros siete puntos en el área urbana de Pacaraima usados como rutas clandestinas, que apenas llevan 15 minutos recorrerlas en moto.
«Tengo una casa en Venezuela, pero me vine para no vivir en la miseria. Mejor esto que morir de hambre. En enero vienen más personas, ya que Santa Elena es peligroso y no hay qué hacer ni qué comer «, dice Giancarlo Ramírez, que está en el país con su esposa e hijos y vive en la parte posterior de una casa prestada.
Luego del cierre de la frontera, el comercio de Pacaraima se derrumbó en 90% la semana pasada, de acuerdo con el empresario Julián Torquato (PRB), el nuevo alcalde de la ciudad.
A principios de diciembre, el tráfico congestionaba la calle principal debido a las decenas de vehículos que se suministraron de víveres para regresar a Venezuela. La semana pasada, sólo se vio uno que otro carro en medio de los peatones.
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