El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera el «marcado aumento» de la diáspora venezolana como un efecto negativo mayor para sus vecinos que un eventual «default», en tanto Venezuela «continúa inmersa en una grave crisis económica, humanitaria y política sin solución a la vista».
«Los efectos de un posible incumplimiento del pago de la deuda soberana por parte de Venezuela estarían contenidos porque las carteras de los inversionistas ya han incorporado este riesgo«, indicó el FMI en su último informe de perspectivas económicas en las Américas.
«En cambio, el principal riesgo para la región está relacionado con la crisis humanitaria y la consiguiente migración de ciudadanos venezolanos a países vecinos», en particular a Colombia y Brasil, apuntó.
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, subrayó «las presiones sobre las finanzas públicas que esto supone en términos de demanda de ciertos servicios» en los países limítrofes.
«Los refugiados de Venezuela son un desafortunado efecto secundario de la crisis, que es extremamente severa», dijo por su parte su adjunto Robert Rennhack.
Sin efecto dominó
El Estado venezolano y su petrolera PDVSA deben pagar unos 3.800 millones de dólares en vencimientos de deuda en octubre y noviembre, pero analistas desestiman un efecto dominó en la región.
«Una cesación de pagos puede perjudicar a acreedores privados, pero la economía mundial no colapsará por culpa de Venezuela», dijo a la AFP un especialista del mercado de bonos bajo condición de anonimato.
«Por otro lado, existe un problema real de refugiados y fuga de población, que probablemente sea más importante», agregó.
Ludovic Subran, economista jefe de la aseguradora Euler Hermes, coincidió.
«El peligro de que la crisis venezolana se extienda a otros países es bastante bajo», dijo, al considerar improbable que un default venezolano provoque una crisis que golpee a otros países emergentes, fuertemente endeudados en los últimos años en los mercados internacionales aprovechando tasas de interés muy bajas.
«El tema hoy es más humanitario que económico», afirmó Subran. «Para Colombia, por ejemplo, es una gran carga», agregó.
El FMI reconoció que esta realidad es «un desafío» para el gobierno de Juan Manuel Santos. «Eso es algo con lo que el gobierno tiene que lidiar y está causando muchos problemas», señaló Rennhack.
Colombia, que estima en unos 300.000 los venezolanos asentados en el país en los últimos meses, ha hecho ajustes presupuestales para atender esta realidad, otorgando atención en salud y acceso a educación.
«Implosión»
«Colombia tiene una actitud solidaria, como Venezuela la tuvo en el pasado, pero obviamente si esto escala puede generar grandes dificultades económicas», dijo a la AFP el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
«La solución al problema de Venezuela, tiene que ser rápido, con medidas económicas que permitan reversar esa tendencia de deterioro tan fuerte», urgió. «Si no lo hace, lo que viene es una implosión acompañada de unos flujos migratorios muy fuertes que van a generar un problema en la región».
Colombia, Brasil, Argentina, México, Panamá, Paraguay y varios países centroamericanos expresaron su preocupación por la situación en Venezuela el miércoles en una reunión de ministros con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.
«El consenso es que el manejo económico venezolano ha sido totalmente equivocado», dijo Cárdenas.
«No es un tema ideólogico, no es un tema de izquierda o derecha, es un tema de haber roto con principios fundamentales, como la sostenibilidad fiscal, el control a la emisión monetaria, el manejo flexible del tipo de cambio», explicó.
La agencia de calificación financiera SP Global Ratings rebajó en julio la nota de la deuda de Venezuela de CCC a CCC- y advirtió del riesgo de default en los siguientes seis meses por el agravamiento de la crisis política y financiera.
Un mes después, la agencia calificadora Fitch estimó que el riesgo de incumplimiento había aumentado tras las nuevas sanciones financieras de Estados Unidos, que a fines de agosto tomó medidas para complicar la emisión de deuda pública venezolana y restringir la repartición de dividendos en el exterior.